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» Diario Cordoba
Fecha: 18/03/2025 06:51
Una concentración de condena por el asesinato de Belén Cortés. / EFE El pasado 9 de marzo, la educadora social a cargo de un piso tutelado de Badajoz murió asesinada mientras se encontraba al cuidado de tres menores de edad. Se llamaba Belén Cortés. El cuarto menor que vivía en la casa fue quien alertó del homicidio a los responsables de otro centro tutelado nada más producirse el suceso. La trabajadora fue apalizada y estrangulada con un cinturón. La investigación determinará el grado de participación de cada uno de los tres adolescentes, cuya intención esa noche era fugarse. La chica de 17 años asegura no haber tomado parte en los hechos y los otros dos, de 14 y 15 años, se culpan mutuamente de la autoría del crimen. Todos están investigados como presuntos autores de los delitos de homicidio, robo con violencia (sustrajeron dinero y objetos del piso y de la víctima) y contra la seguridad vial (huyeron en un vehículo, pese a que ninguno de ellos tenía el carné de conducir, y en su fuga apresurada sufrieron un accidente). La responsable de su custodia y víctima mortal tenía 35 años y una amplia experiencia en el trabajo con menores conflictivos. El crimen ha puesto al descubierto las costuras de una parte esencial de los servicios sociales en España, como pone de manifiesto la información diaria, profusa y contrastada, en diarios como La Crónica de Badajoz y El Periódico de Extremadura, ambos de Prensa Ibérica. Debe considerarse un hecho aislado en el contexto de los más de 35.000 menores tutelados en nuestro país, de los que casi 17.000 viven en centros, pero esa excepcionalidad no presupone los riesgos de un sistema de custodia sostenido a menudo por la profesionalidad vocacional de personas como Belén, a pesar de las numerosas fisuras que han aflorado como consecuencia del crimen. Detrás del concepto de ‘centros tutelados’ uno imagina unas instalaciones amplias, modernas y dotadas de todos los sistemas que garanticen la protección física y psicológica de menores y educadores. No siempre es así. La casa en que murió Belén era eso mismo, una casa, dependiente de la Junta de Extremadura, aunque con el servicio externalizado a una empresa privada, sin una persona formada en tareas de seguridad ni cámaras de vigilancia que atestigüen lo que allí ocurría. La educadora social era en ese momento la única dentro del inmueble al cuidado de los menores. "Estaba convencida de que podía enderezarlos", cita también una fuente cercana a la familia de Belén en declaraciones a El País. La muerte de Belén evidencia que, en este caso, el sistema ha fallado y que puede volver a hacerlo. Los tres implicados en la muerte de la educadora no son adolescentes de otros países, como daban por hecho al principio los incitadores al odio habituales que emponzoñan las redes y muchas conversaciones callejeras. Son jóvenes españoles de clase media, de padres y madres bien conocidos en sus áreas de residencia (un cocinero con aspiraciones políticas, una científica, un líder sindical), que salen de familias bien posicionadas socialmente y desestructuradas en sus relaciones entre progenitores. O entre éstos y sus hijos. Una semana antes del crimen, dos de los investigados se habían fugado de la casa para ir de botellón a los carnavales de Mérida. Saquearon una vivienda, robaron la caja de una cafetería y acudieron a la casa okupada de la madre de uno de ellos, donde consumieron cocaína y heroína. Tras ser detenidos, declararon en ausencia del fiscal de menores porque no había ninguno de guardia esa noche. Era sábado. El juez los envió de nuevo a la casa tutelada. "Es una locura que les permitieran regresar al piso", señaló el padre de uno de los detenidos. Es imposible asegurar que el crimen no se hubiera producido en el caso de que la tutela corriera directamente a cargo de la Administración en lugar de la empresa privada que tiene concedido el servicio, pero es obligación de las instituciones fiscalizar meticulosamente la gestión de las adjudicatarias, más aún si están en juego la integridad física y psicológica de menores de edad y de educadores y trabajadores sociales a su cargo. La Junta de Extremadura ha reconocido que existían "incidencias relativas por diferentes conductas" en la casa que fueron puestas en conocimiento de la justicia. Los juristas, no obstante, apuntan a otros factores. "El problema no es la ley del menor, es la falta de medios materiales y humanos para que esa ley se pueda desarrollar efectivamente; esa ley no funciona por las dotaciones materiales que se le asigna por las administraciones", declaró a El Periódico de Extremadura Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. A raíz del asesinato, el Gobierno central quiere acelerar un decreto de pisos tutelados en el que el Ministerio de Juventud e Infancia viene trabajando hace meses. La medida pretende homologar el sistema y establecer un protocolo más severo en cuanto al tipo de centros, infraestructuras e itinerarios formativos, además de rebajar las ratios sobre el número de menores y trabajadores sociales asignados. Se trata de una medida garantista con menores y empleados. Para Belén ya llega tarde.
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