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Concordia » Diario Junio
Fecha: 18/03/2025 05:22
Más allá de la aparente neutralidad de la propuesta, su contenido despierta múltiples interrogantes. ¿Cuál es el verdadero propósito de esta investigación? ¿Cuál es el «fin académico» de valorar una gestión que apenas lleva poco más de un año? ¿Por qué se pregunta por candidatos cuando faltan casi tres años para la próxima elección de intendente? ¿Con qué criterio se eligió el puñado de figuras políticas sometidas a la encuesta? El sondeo no solo indaga sobre la percepción ciudadana de la gestión de Azcué, sino que también consulta a los participantes si prefieren continuidad o cambio en 2027 y los invita a elegir entre seis potenciales candidatos: El propio intendente Azcué, el ex intendente y diputado provincial Enrique Cresto; el ex diputado y varias veces candidato a intendente Ángel Giano; el ex asesor económico del municipio, el contador Álvaro Sierra; la dos veces concejala del PJ Claudia Villalba y el ex precandidadato a intendente de la UCR y empresario gastronómico Leandro Lapiduz. Salvando a Cresto y Giano, es llamativo que incluyan además a figuras con escaso conocimiento entre la población y relevancia electoral como Álvaro Sierra, Claudia Villalba y Leandro Lapiduz. Para completar el cuadro, la encuesta finaliza con dos preguntas sobre las elecciones de 2023: «¿A quién votó para gobernador?» y «¿A quién votó para presidente en las generales y balotaje?» Consultar sobre a quién se votó en 2023 podría servir para perfilar a los encuestados según su afinidad política. Aunque en este caso también podría funcionar como un intento de camuflar el verdadero objetivo del estudio, valorar la gestión de Azcué y ver su proyección de cara a 2027. ¿A qué y a quién le sirve esta información? ¿Responde a una investigación académica auténtica o es parte de una estrategia de sondeo de cara a las próximas elecciones? Si la encuesta es parte de un estudio académico sobre tendencias políticas o percepción ciudadana, es una práctica habitual de muchas universidades (Encuesta sobre la Ley Ómnibus en 2023; Investigación sobre la percepción del rol del Estado en mayo de 2024). Pero si se hace en el marco de una campaña electoral o con objetivos partidarios, puede generar polémica si la misma fue realizada con recursos públicos en un contexto de crisis y ajustes presupuestarios, generando además dudas sobre la autonomía política de la institución. Por otro lado, si la encuesta es pagada por un interesado, se trataría de una prestación de servicio para un eventual candidato, algo poco frecuente, y no un estudio con “fines académicos” como se presenta.
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