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Diamante » Neonetmusic
Fecha: 17/03/2025 22:16
El juez federal Martín Cormick resolvió monitorear de manera presencial las próximas manifestaciones públicas, luego de considerar que el accionar de las fuerzas de seguridad durante las protestas del pasado miércoles 12 de marzo no se ajustó a los principios republicanos establecidos en la Constitución Nacional. La decisión se enmarca en una causa en la que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó declarar la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Aunque Cormick rechazó la medida cautelar presentada por el CELS para suspender la aplicación del protocolo, expresó su preocupación por los hechos ocurridos durante las últimas protestas. En su fallo, el magistrado señaló que los eventos del 12 de marzo “no aparecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución Nacional y las normas supranacionales que constituyen la ley suprema de nuestro país”. Por ello, decidió observar personalmente las próximas movilizaciones para recabar pruebas que contribuyan a resolver la cuestión de fondo. El CELS había presentado una acción de amparo colectivo buscando que el Ministerio de Seguridad garantice el derecho a la vida, la salud y la libertad de expresión de quienes participan en protestas, transitan por las zonas de manifestaciones o cubren los eventos como periodistas. La organización argumentó que el Protocolo Antipiquetes, establecido mediante la Resolución 943/23, vulnera estos derechos fundamentales. En su resolución, Cormick advirtió que incorporará de oficio cualquier prueba relacionada con conductas, hechos o actos que puedan ser relevantes para resolver la demanda de inconstitucionalidad del protocolo. Para ello, utilizará los medios probatorios previstos en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aplicables supletoriamente en casos de amparo. La decisión del juez refleja un llamado de atención sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en contextos de protesta social, al tiempo que subraya la importancia de garantizar los derechos constitucionales en un Estado de derecho. El monitoreo presencial de las próximas marchas busca asegurar que se respeten estos principios, mientras avanza el proceso judicial que determinará la validez del Protocolo Antipiquetes. Noticia vista: 55
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