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Parana » ER 24
Fecha: 17/03/2025 22:15
Acomodo: cómo el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos dejó de elegir a los mejores jueces y fiscales El derrumbe del sistema de concursos en el Poder Judicial de Entre Ríos no se dio de un día para el otro. Tiene antecedentes concretos y un punto de quiebre claro: la designación como juez de Francisco Márquez, uno de los primeros casos en los que el mérito fue desplazado por el acomodo.Márquez no superó las etapas objetivas de antecedentes y evaluación técnica. Fue excluido de la terna original. Sin embargo, logró ser incluido como tercero, gracias a la entrevista personal, una instancia que debía complementar el proceso, pero que terminó funcionando como trampolín discrecional. Este mecanismo subjetivo permitió reordenar el puntaje y ubicarlo entre los seleccionables, pese a no haber sobresalido técnicamente.Hasta ese momento, existía una tradición institucional de respetar el orden de mérito y designar al primero de la terna, en línea con la Constitución de Entre Ríos, que establece que la idoneidad es requisito esencial para ingresar al Poder Judicial. Pero el entonces gobernador Gustavo Bordet rompió con esa práctica al elegir al tercero, alegando motivos personales, y consolidando por primera vez una designación que desvirtuaba todo el sistema de concursos.A partir de ese hecho, el Consejo de la Magistratura se transformó. Las entrevistas personales pasaron a ser el filtro arbitrario, donde se puede excluir o beneficiar sin explicación, más allá de los antecedentes reales. El mérito fue sustituido por la conveniencia. Y el proceso, por más formalidades que tenga, perdió legitimidad.Esta lógica se repite hoy en diversos concursos. Se han documentado casos donde a los postulantes ni siquiera se les permite hacer planteos concretos durante la entrevista. Las evaluaciones son inconsistentes, los criterios se modifican sin justificación, y muchas veces los concursos parecen armados para candidatos previamente definidos.En ese contexto, el Consejo de la Magistratura dejó de ser un órgano técnico y objetivo. Hoy es visto como un espacio politizado, opaco y sin verdadera participación ciudadana. Las ONG que deberían controlar el proceso están representadas por personas como Alfredo Bell, con fuertes vínculos con el poder político y sin independencia real. El Consejo no elige a los mejores: elige a los funcionales.La crisis es tan profunda que llegó a impactar incluso en las designaciones de fiscales auxiliares. Uno de los casos más recientes es el de Jesús Penayo Amaya, fiscal de Concordia, quien quedó segundo en la terna para juez de garantías. Pese a eso, fue propuesto por el gobernador Rogelio Frigerio, ignorando el mérito y repitiendo el patrón de arbitrariedad. El Colegio de la Abogacía de Colón, la Asociación de la Magistratura e incluso legisladores oficialistas manifestaron su rechazo.Algo similar ocurrió en Nogoyá, con la propuesta de Fernando Martínez, también ubicado tercero en su terna, que generó tanto malestar y cuestionamientos que su pliego debió ser retirado.Pero el caso más escandaloso sigue siendo el del concurso para Fiscal Anticorrupción, que fue anulado por la enorme cantidad de irregularidades, exposiciones y denuncias. Un cargo clave, que ni siquiera pudo ser manipulado con éxito ante la presión pública y los errores procesales acumulados.El resultado es un sistema quebrado, sin credibilidad, sin controles reales y con una justicia cada vez más dependiente del poder político. Los concursos ya no garantizan excelencia ni imparcialidad. La entrevista personal es hoy una caja negra; la idoneidad, un obstáculo; y el ciudadano común, un espectador excluido.En Entre Ríos ya no se elige a los mejores jueces y fiscales. Se elige a los que conviene.
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