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» Misioneslider
Fecha: 17/03/2025 11:50
El Gobierno de Javier Milei ha presentado una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, quien liberó a más de 100 detenidos durante los incidentes ocurridos en la marcha de jubilados apoyada por barras de fútbol. La denuncia, realizada por Fernando Oscar Soto en representación del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, acusa a la magistrada de prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento. La jueza federal María Servini y el fiscal Eduardo Taiano serán los encargados de investigar los hechos denunciados por el Gobierno. La presentación judicial, de 21 páginas según lo informado por Clarín, critica la liberación de los detenidos y califica el fallo de la jueza como «ideológico» y «fuera de la ley». Se fundamenta en las graves irregularidades cometidas por la magistrada en relación con la liberación de los detenidos tras los disturbios en la marcha del 12 de marzo cerca del Congreso de la Nación. La denuncia señala que la jueza Andrade ordenó la liberación de los detenidos sin analizar pruebas, sin considerar antecedentes penales y sin respetar los procedimientos legales vigentes. Se destaca que la magistrada actuó de forma arbitraria en un procedimiento de flagrancia, competencia del Ministerio Público Fiscal, sin contar con los elementos de prueba necesarios. En cuanto a la forma en que se dictó la resolución, la denuncia menciona que la jueza lo hizo a través de un grupo de mensajería instantánea, sin dejar un registro oficial de su decisión y sin dar intervención formal a la Fiscalía. Esto generó controversia sobre la legalidad del proceso y la falta de transparencia en la actuación de la magistrada. Los incidentes durante la marcha dejaron varios efectivos de la Policía Federal heridos y causaron daños materiales significativos, incluyendo la quema de vehículos oficiales y destrozos en el espacio público. Se mencionó que grupos organizados, incluidas barras bravas de clubes de fútbol, participaron en los actos de violencia, algunos de los cuales habrían recibido pagos para hacerlo. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó su descontento con la decisión de la jueza Andrade, alegando que liberó a los detenidos sin revisar sus antecedentes y que su actuación fue más que un error, fue complicidad. Bullrich afirmó que no permitirán que la justicia sea burlada en favor de delincuentes, y que la denunciaron por prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento. En resumen, la denuncia penal contra la jueza Andrade por parte del Gobierno de Javier Milei destaca las irregularidades en la liberación de detenidos durante los disturbios en la marcha de jubilados, señalando la falta de análisis de pruebas, antecedentes penales y procedimientos legales en la decisión de la magistrada. Además, se cuestiona la transparencia del proceso judicial y se critica la falta de fundamentos en la resolución de Andrade.
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