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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 16/03/2025 22:40
La muerte violenta de Guillermo Ramírez, 38 años, luego de ser detenido por la Policía en una plaza pública de Libertador San Martín, y llevado luego a la Jefatura de Diamante, de donde habría salido ya sin vida, abrió una causa penal y mereció un reproche público de la Red de Organismos de Derechos Humanos de la Provincia de Entre Ríos (Rodher) “Un nuevo hecho, con el peor desenlace, tiene a la policía provincial como interviniente y configurando un gravísimo caso de violencia institucional en donde cuatros funcionarios policiales intervienen en la detención de Guillermo cuyo cuerpo, según informe preliminar de autopsia trascendido, presenta múltiples lesiones en la cabeza, cara, tórax, fractura de costillas, miembros inferiores y superiores, infiltrados hemorrágicos y estimando como causa de muerte, la asfixia mecánica”, señaló la Rodher. “No nos sorprenden estas prácticas de la Policía”, analiza Lucía Tejera, abogada de los Organismos de Derechos Humanos. “Venimos denunciando la escalada de violencia institucional en nuestra provincia y la necesidad de de robustecer los mecanismos de prevención, la necesidad de una directiva política, una conducción política clara sobre estos hechos. Hay que decir claramente que no hay lugar para estos hechos en la fuerza de seguridad de nuestra provincia”, sostuvo en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7. Los Organismos de Derechos Humanos también vienen planteando la necesidad de volver operativo el Comité Provincial de Prevención de la Tortura. En marzo de 2023, el entonces gobernador Gustavo Bordet promulgó la Ley N° 11.059 por el cual se creó el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Inhumanos o Degradantes. “Es un paso muy importante para erradicar la violencia institucional y hacer valer los derechos humanos”, dijo el extitular del Ejecutivo. “La creación del Comité Provincial Contra la Tortura es un paso muy importante para erradicar la violencia institucional y hacer valer los derechos humanos de todas las personas en la actualidad”, expresó. -En junio de 2024 la Red había reclamado la operatividad de ese Comité. ¿Está funcionando? -Venimos exigiendo la conformación. Estuvimos años en la gestión anterior, en el gobierno anterior de Gustavo Bordet, insistiendo para la conformación del Comité. Bueno, el Comité se logra conformar en el último año del exgobernador Bordet. Se logró armar la Asamblea de Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos para nombrar los representantes de la sociedad civil como manda la ley. Luego, se designaron también a los legisladores y se realizó un concurso para cubrir el cargo de secretario ejecutivo. Pero lo que pasa es que hace dos años al Comité se le viene asignando anualmente un presupuesto que no se puede ejecutar porque no hay una dirección contable, porque el Comité está creado en el ámbito de la Legislatura. Pero ni en Diputados ni en Senadores ponen a disposición una dirección contable para ejecutar ese presupuesto, un presupuesto digamos que está publicado, hay un presupuesto afectado a un organismo del Estado que no se puede ejecutar por falta de voluntad política, claramente. Hay personas de la sociedad civil que están trabajando, que son los que día a día llevan a cabo las tareas del Comité, que hacen monitoreo, hacen inspecciones, recomendaciones, realizan seguimientos de denuncias, reciben denuncias, pero la estructura está menguada porque hay un presupuesto que no se puede ejecutar. -¿Se lo han podido plantear al secretario de Justicia? -En su momento nos recibió la exsubsecretaria de Derechos Humanos, Gracia Jaroslavsky. Pero nunca nos recibió el secretario de Justicia. Entiendo tampoco que esto no es que está en la órbita de la Secretaría de Justicia. El Comité se crea en la órbita de la Legislatura. Hay que tomar una decisión de robustecer estos organismos que permiten un mayor control y sobre todo que coadyuvan a esos organismos del Ejecutivo y del Legislativo al diseño de políticas públicas para la prevención de estos hechos que es lo que todos queremos. Planteos En junio de 2024, la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) reprochó “los incumplimientos” en los que estaría incurriendo el gobierno de Rogelio Frigerio a un año de la conformación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. El Rodher recordó que este sábado se cumplió un año de la conformación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Entre Ríos, “un avance importante” por el que la Red “viene luchando desde hace muchos años”. El 15 de junio del 2023 se celebró en Villaguay la asamblea abierta en la que se eligieron dos representantes de la sociedad civil para integrar el Comité, con lo que quedó formalmente conformado el mecanismo local de prevención de la tortura, que tiene por objetivo la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad en todo el ámbito de la provincia. “Este importante paso, sin embargo, no termina de consolidarse debido a la imposición de obstáculos burocráticos y dilaciones que no tienen otra explicación que una evidente falta de responsabilidad institucional y voluntad política del actual gobierno provincial”, subrayan los Organismos de Derechos Humanos. Y agregan: “En estos seis meses, el gobierno de Rogelio Frigerio ha venido impidiendo sistemáticamente que el Comité pueda ejecutar su presupuesto aprobado por ley, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Legislativo. De este modo, se imposibilita el pleno desarrollo operativo de sus actividades, como la puesta en funciones del Secretario Ejecutivo seleccionado por concurso público, entre otras”. Destacó además que “tampoco han cumplido con el recambio del representante del Poder Ejecutivo (un representante) ni de los tres representantes del Poder Legislativo (dos por Diputados y uno por senadores). Esta decisión de dilatar sistemáticamente las designaciones, además de generar una anomalía de la representación estatal en el comité, incumple la Ley N°10.563 y su modificatoria N°11.059, vigentes en nuestra provincia”. “Desde los organismos de Derechos Humanos vemos con profunda preocupación el desfinanciamiento y vaciamiento del Comité Provincial. Ante esta situación, hemos presentado notas a las presidencias de las cámaras de diputados y de senadores de Entre Ríos, presidentes de los distintos bloques legislativos y a la Directora General de Derechos Humanos de la Provincia, Gracia Jaroslavsky. No hemos recibido respuesta”, indicaron. En ese marco, exigieron a las autoridades del Gobierno provincial “que cumpla de manera inmediata con sus obligaciones y resuelva esta lamentable situación”. Foto: La Lucha en la Calle De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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