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Parana » Bicameral
Fecha: 15/03/2025 15:28
Un proyecto de resolución presentado este viernes en la Cámara de Diputados interpela al gobierno provincial por los conflictos laborales que se suscitaron a partir de la crisis económica. La iniciativa habla puntualmente del caso de la firma FADEMI S.A., de la ciudad de Larroque, aunque establece otras consideraciones generales. En su primer artículo, el texto pide: “Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos, cumpla con sus atribuciones, competencias y funciones básicas e históricas de tomar intervención en la negociación colectiva y en la solución de los conflictos laborales individuales a través de la mediación, conciliación y arbitraje, ejerciendo el poder de policía del trabajo, ello como manera de evitar la judicialización de los conflictos colectivos laborales, tal lo ocurrido en el caso FADEMI S.A. de la ciudad de Larroque”. El proyecto al que accedió Bicameral lleva la firma de la gualeguaychuense Lorena Arrozogaray (Más para Entre Ríos), y la acompañan con su rúbrica varios de sus compañeros del bloque peronista. Por otro lado, solicita “al Ministerio de Gobierno que cumpla con su misión institucional de garantizar el empleo y trabajo decente e implementar estrategias para aumentar la empleabilidad que está en juego desde hace más de 8 meses para los trabajadores de la empresa FADEMI S.A. de la ciudad de Larroque, quien en la actualidad incumple con la medida cautelar de reinstalación de los trabajadores despedidos dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones”. En sus fundamentos, la iniciativa desliza algunos conceptos duros contra el papel de la Secretaría de Trabajo en este conflicto: “La inacción del Estado provincial en la resolución de conflictos socio-laborales, especialmente en un contexto de precarización de la vida y retroceso de derechos, agrava la situación de los trabajadores. El caso de FADEMI S.A, quienes buscan reincorporarse a sus puestos de trabajo y han visto frustrados sus intentos de diálogo con la empresa, ejemplifica esta problemática provincial”.. Según Arrozogaray y su pares de la bancada opositora, la inacción “permite que la parte empleadora ejerza presión sobre los trabajadores, utilizando la amenaza del despido como herramienta de negociación”. Por lo tanto, señalan que la presente resolución busca que el gobierno provincial “tome la intervención que le compete de manera oportuna y eficaz para encausar los conflictos colectivos, evitando que los trabajadores y las entidades sindicales, en pos de preservar sus derechos, tenga que recurrir a instancias judiciales”.
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