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» tn24
Fecha: 14/03/2025 16:46
La denuncia, que incluye cargos de sedición y atentado contra el orden constitucional, pide además el apartamiento de la jueza Karina Andrade por liberar a los detenidos sin evaluación de pruebas. El Ministerio de Seguridad Nacional presentó este jueves una denuncia penal ante la Justicia Federal contra los detenidos por la protesta de los barrabravas ocurrida el miércoles en las inmediaciones del Congreso. En el escrito se los acusa de sedición, asociación ilícita agravada y atentado contra el orden constitucional, argumentando que la movilización no fue espontánea, sino parte de una organización premeditada con el objetivo de generar caos y desestabilización. El Gobierno denunció que los hechos violentos, que incluyeron agresiones a la policía, incendios y destrozos de bienes públicos, dejaron como saldo varios heridos, entre ellos 14 agentes, un fotógrafo y varios civiles. La protesta habría contado con la participación de grupos organizados vinculados a clubes de fútbol como River Plate, Boca Juniors, Independiente y Chacarita, y habría sido financiada por sectores políticos y sindicales. Además, se mencionó el respaldo del exlíder de Montoneros, Mario Firmenich, quien habría apoyado la protesta desde España. Uno de los puntos clave de la denuncia fue la actuación de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de los más de cien detenidos mediante un mensaje de WhatsApp, sin evaluar pruebas ni antecedentes penales de los arrestados. Por esta decisión, el Gobierno exigió su apartamiento y solicitó que la causa sea tratada por el fuero federal. Además, no descartó presentar una denuncia por prevaricato contra la magistrada. El Ministerio de Seguridad alertó que los grupos organizados tienen planes para repetir este tipo de movilizaciones, lo que representa un desafío a la estabilidad institucional del país. La investigación ahora está en manos de la Justicia Federal, que deberá evaluar las pruebas, incluyendo videos, testimonios y registros de financiamiento, para determinar las responsabilidades en estos actos de violencia política que se consideran de extrema gravedad.
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