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Colon » El Entre Rios
Fecha: 14/03/2025 15:30
Tras 11 años de investigación, la denominada causa ATER parece haber comenzado a transitar su recta final. Esta semana, 12 contribuyentes accedieron a la suspensión del juicio a prueba. Solo restaría que otros nueve acusados regularicen su situación o bien decidan ir a debate para que llegue el momento de juzgar a los empleados de la ex DGR que supuestamente ejecutaron la maniobra que perjudicó al erario público en millones de pesos. Entre los imputados hay muchos que reclaman su inocencia, entre ellos varios contribuyentes que están convencidos de que actuaron bajo el asesoramiento de su contador. Si bien aún no hay fecha para las próximas audiencias, todo indicaría que antes de la feria de invierno esta etapa estaría cerrada. Este viernes, el Tribunal de Juicios y Apelaciones, integrado por Alejandro Grippo, Juan Francisco Malvasio y Mauricio Mayer, otorgó probation a Raúl Norberto Premaries; Manuel Isauro González; Walter Gilberto Castañeda, Jorge Luis Malleret; Ricardo Horacio Van Der Donckt; Beatriz Levinzonas; José Manuel Ditrich; y Fulvio Valentin Dapit. Todos acordaron pagar impuestos adeudados a ATER (y ex Dirección General de Rentas -DGR-) por montos que van de los 50.000 a los 125.000 pesos. Además, durante el plazo de 3 años que estará vigente la suspensión de juicio a prueba, la mayoría deberá cumplir tareas ad honorem en una institución de bien público, y todos deberán avisar a la Justicia si pretenden salir del país. Esa es la salida alternativa que acordaron los abogados defensores Miguel Ángel Cullen, Julio Federik, Roberto Lerena y Paola Schunk con los fiscales Patricia Yedro y Álvaro Piérola para que los imputados no lleguen a juicio oral. Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal pidió que se intime a otros procesados para que en estos días regularicen sus deudas mal compensadas: se trata de Carlos Raúl Castro, Miguel Artemio Waigel, Diego Raúl García, Viviana Beatriz Ghiggi, Javier David Kolln, Marta Delfina Ponce y Javier Francisco Ramírez. Hoy se supo que uno procesado de apellido Omar Aníbal Ramón Moledo falleció. El miércoles accedieron a las suspensiones de juicio a prueba: Miguel Ángel Banega, Alberto Francisco Bonvin, Mauro Fabián Neme y Claudio María Santiago. A juicio irán María Estrella Martínez de Yankelevich -Jefa de Departamento Despacho-; Abelardo Daniel Gaggion -en su calidad de Jefe de Mesa de Entradas-; Fabrizio Abraham Carmelo Dayub -en su calidad de agente técnico administrativo del área-; con los Contadores Públicos Julio Schmukler y Luis Alfredo Speroni. El caso El denunciante es Marcelo Casaretto, que cuando era titular del organismo recaudador realizó en 2014 una presentación donde ponía en conocimiento del Poder Judicial que cientos de contribuyentes realizaron compensaciones “truchas”. Esta acción fue en connivencia con algunos empleados de la entidad fiscal provincial que manipularon el sistema informático para hacer “desaparecer” deudas impositivas. Se presume que la defraudación al Estado entrerriano rondó los 46 millones de pesos. La jueza de Transición Marina Barbagelata determinó que cientos de contribuyentes provinciales (empresarios, comerciantes y particulares) accedieron entre 2008 y 2011 a “compensaciones truchas”. Acordaron con empleados infieles de la Administradora Tributaria de Entre Ríos pagar un monto puntual para que les desaparecieran deudas del sistema. El dinero nunca ingresó al fisco entrerriano. Tras la denuncia original de 2014, en 2017 se dictaron 128 procesamientos. En 2020 se pidió la remisión de la causa a juicio y, en abril de 2021, se resolvió esa solicitud. Los beneficiados José Miguel Ditrich, alias “Ruso”, un ingeniero agrónomo de 56 años, de Aldea Brasilera, acordó este viernes pagar 125.000 pesos en concepto de la deuda que compensó de manera ilegal y una multa por el delito. Además, como la mayoría de los consortes de causa contribuyentes, no podrá salir del país sin avisar al Tribunal durante 3 años que es el plazo de la medida. Deberá coordinar con la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial para cumplir con las 96 horas “globales” de trabajo solidario en una institución pública. Fulvio Valentín Dapit, un comerciante de 30 años, de Paraná, deberá pagar 50.000 pesos en un plazo no mayor a los diez días hábiles para liquidar la deuda mal compensada en ATER. También deberá avisar al tribunal si pretende salir del país y cumplir las 96 horas de trabajo voluntario. El agricultor Manuel Isauro González, de Paraná, acordó una probation igual a la de Dapit. Deberá abonar 50.000 pesos en un plazo no mayor a los diez días hábiles. Cumplir las horas de trabajo solidario y avisar al Tribunal si quiere salir al exterior. Raúl Norberto Premaries tiene 71 años y nació en Sauce de Luna. Es comerciante. deberá pagar 110.000 pesos en concepto de deuda mal compensada y multa, además de cumplir las horas de trabajo solidario en una institución de bien público y avisar antes de salir del país. Beatriz Levinzonas, tiene 82 años, es técnica farmacéutica y comerciante de Concordia, deberá pagar 50.000 pesos en concepto de la deuda mal compensada y ofreció comprar elementos como “pañales” por otros 50.000 pesos para donar a un hospital de Concordia o al Hospital de Niños de Paraná, dado que alegó no poder realizar trabajo solidario en una institución de bien público. Tampoco podrá salir del país sin avisar al Tribunal de Juicios y Apelaciones. Jorge Luis Malleret es concordiense y tiene 60 años, comerciante y docente jubilado. Deberá reparar la deuda impaga y multa con 50.000 pesos en un plazo no mayor a diez días hábiles. También se comprometió a realizar tareas voluntarias en una institución de bien público y a informar al tribunal si sale del país. Ricardo Horacio Van Der Donckt tiene 60 años. Es comerciante y tiene título universitario completo. Nació en Villaguay pero vive en Concordia. Deberá pagar 80.000 pesos por deuda compensada de modo ilegal con la ATER, más la multa. Asimismo, se comprometió a realizar trabajo voluntario e informar si sale al exterior. Walter Gilberto Castañeda tiene 48 años. Es comerciante y vive en san Benito. Se comprometió a pagar 50.000 pesos por deuda mal compensada en ATER y multa. Además, pidió que las tareas comunitarias a realizar sean en una escuela primaria Supremo Entrerriano de San Benito, o en la escuela secundaria René Favaloro, atento a su lugar de residencia. El ofrecimiento quedará pendiente de resolución en la OMA. Los principales imputados María Estrella Martínez de Yankelevich. Era jefa del Departamento de Despacho de ATER. Delitos que se le imputan: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública. Abelardo Daniel Gaggión era jefe de la División Mesa de Entradas. Delitos: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública. Darío Fabián Barreto. Era director del Interior, jefe de la Representación Territorial San Salvador. Cuando estalló el escándalo, en 2014, era secretario de Gobierno del intendente de San Salvador, Marcelo Berthet, y dejó su cargo tras la denuncia. Delitos: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública. Gustavo Alejandro Gioria (ex tesorero general de la provincia). En 2005 fue denunciado por la Fiscalía de Estado por haber emitido dos cheques “sin causa” por el monto de $399.668,96 a favor de la firma Fokker Services Holanda. Surgió del riñón del ex funcionario bustista Oscar Horacio ‘Pacha’ Mori, en tiempos en que ambos estuvieron, por fines de los años ‘90, en la Dirección General de Rentas (DGR), en la primera gestión de Busti. Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub. Era agente técnico administrativo del área Mesa de Entradas de ATER. Trabajó en las ciudades de Paraná, Viale y Bovril. Delito: Coautor de defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo en concurso ideal, reiterados. Daniela Romina María Miño. Era agente técnico-administrativo. Actualmente es jefa de la División Despacho de ATER. En la causa, dijo que acataba las directivas de sus superiores. Delito: Coautor de defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo en concurso ideal, reiterados. Jorge Martín Zuttión. Era director de Impuestos de ATER y auditor del Tribunal de Cuentas. Delito: Partícipe necesario de cohecho activo, pasivo y defraudación a la administración pública. Julio Schmukler. Del estudio contable Schmukler y Speroni. En el caso, sostuvo que obró con confianza en Barreto, que le ofreció el sistema de compensación. Delito: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterado y defraudación a la Administración Pública. Jorge Alfredo Speroni. Del estudio contable Schmuckler y Speroni. Delito: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterado y defraudación a la Administración Pública. Carlos Arnoldo Sagasti. Fue contador de Centro Eléctrico, proveedor del Estado, y de Agrícola Ganadera San Esteban. Delito: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterado y defraudación a la Administración Pública. Fuente: Análisis - Ahora
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