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» Comercio y Justicia
Fecha: 14/03/2025 08:45
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta inició el juicio al contador HéctorPalópoli, al comerciante Arnaldo Roldán y al carpintero Christian Jardín, acusados como coautores de asociación ilícita tributaria, luego de una investigación en la que se recabó evidencia que los vinculó con “usinas” de facturación apócrifa, una maniobra que permitió que diferentes empresas evadieran el pago de sus obligaciones por los impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias. En representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) intervienen el fiscal general Carlos Amad y la auxiliar Soledad Cabezas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex Afip, es querellante. Previo al debate, a cargo de la Gabriela Catalano, Domingo Batule y Alejandra Cataldi, el tribunal analizó en una audiencia de homologación de acuerdo la presentación de una propuesta de juicio abreviado presentada por la Fiscalía respecto a Alfredo Camacho, de profesión gestor, también imputado. El acuerdo fue consentido por la defensa y el acusado, quien reconoció su responsabilidad penal en reclutar personas de bajos recursos para inscribirlas como contribuyentes, y fue condenado como miembro de una asociación ilícita fiscal a la pena de 3 años y 6 meses de prisión, bajo la modalidad de arresto domiciliario. En su inicio, el caso fue investigado por el fiscal federal Ricardo Toranzos y luego el fiscal Amad avanzó con la causa hasta su elevación a juicio. Los hechos investigados surgieron a partir de una denuncia radicada en mayo de 2017 por la División Investigación de la Dirección Regional Salta de la ex AFIP, que encendió la alerta al verificar la existencia de personas que emitían facturas electrónicas de importes relevantes. El organismo fiscal detectó a nueve contribuyentes que, entre 2016 y 2017, emitieron facturas electrónicas por un monto total de $143.701.499 y con un importe de IVA facturado de $24.772.903. En el caso llamó la atención que usaron la dirección electrónica (IP) para la emisión de facturas utilizadas por 134 empresas, 86 de ellas inscriptas, lo que representaba al 47% del volumen facturado. La Fiscalía identificó a los nueve contribuyentes y marcó que su rol en la maniobra fue a modo de “usinas” generadoras de facturas falsas. En ese marco se comprobó también que todos ellos habían delegado a Palópoli el servicio de “Comprobantes en línea”. Asimismo, se estableció que, desde el domicilio de Camacho, se emitieron facturas para las usinas de tres de los nueve contribuyentes. Puntualmente se descubrió que Palópoli facturó un importe total de IVA de $9.918.917 y Camacho de $6.146.176, y que “dichos instrumentos fueron vendidos a usuarios (empresas) para su utilización contable”. “Se pudo determinar la actuación desplegada en la asociación por los nombrados, quienes proveían de facturas apócrifas a terceros contribuyentes, mediante la utilización de personas que les cedían sus datos CUIT y clave fiscal, con la finalidad de comercializar el crédito fiscal facturado por ellos, a cambio de un precio o promesa de dinero”, señaló la Fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio. Roles De acuerdo con la acusación, cada uno de los imputados tenían a su cargo una tarea específica, un rol particular en la división de funciones del plan criminal, permitiendo “un mayor grado de eficiencia en la maniobra delictiva y constituyendo cada aporte individual un eslabón necesario para la obtención de facturas”. En ese sentido, explicó que Palópoli “comercializaba las facturas de terceras personas que facilitaban su identidad a la banda a cambio de sumas de dinero y demás”. También indicó que, en complicidad con los otros acusados, formó varias sociedades que generaban documentación sin una mínima capacidad económica real para producir las actividades que declaraban. Puso de relieve que la comercialización de las facturas rondaba el 20 % del valor de IVA que iban a cubrir y que algunas de las empresas usuarias de se dedican a diversos rubros y son conocidas en el ambiente local. En relación a Camacho, condenado en el acuerdo de juicio abreviado, determinó que se encargaba de reclutar personas de bajos recursos para inscribirlos como contribuyentes, y que en algunos casos completaba los trámites de inscripción en la ex AFIP-DGI de aquellos “prestanombres”. Además, recalcó que intervenía en la autorización para operar con las claves fiscales de las usinas, o bien las utilizaban directamente. La fiscalía sindicó a Camacho y a Palópoli como los principales involucrados en la emisión de las facturas apócrifas. Respecto del acusado Jardín, planteó que su función era conseguirle clientes a Palópoli y sumó que Roldán “apareció en la investigación vinculado con el resto de los imputados y en cada una de las etapas de la maniobra ilícitas”. La acusación se basó en el análisis de documentación contable, en tareas de campo y en numerosas intervenciones telefónicas. Los investigadores de la ex AFIP fueron los primeros en declarar en el juicio y confirmaron la relación de los tres acusados en la compleja maniobra dirigida a evadir impuestos.
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