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Gualeguaychu » El Dia
Fecha: 14/03/2025 02:00
El bloque de concejales de Unión por la Patria –conformado por Jorge Maradey, Delfina Herlax, Emiliano Zapata y María Sira Ghisi– emitieron un comunicado para repudiar la represión llevada adelante por las Fuerzas de Seguridad durante la marcha de los jubilados, la cual fue apoyada por simpatizantes de varios clubes de fútbol argentino agrupaciones sociales y la población en general. “Desde el bloque de Unión por la Patria nos manifestamos con un enérgico y contundente repudio a la brutal represión sufrida por el pueblo argentino el miércoles en la marcha por los derechos de los jubilados”, comenzaron los concejales del PJ. “El uso del Estado para fulminar el Derecho de Protesta mediante la acción directa de Fuerzas Armadas y policiales implica la transgresión totalmente inadmisible de un límite al que este Gobierno de ultraderecha y antiderechos nos pretende acostumbrar”, argumentaron. “Pero por el contrario, la expresión popular de protesta, tal y como se pudo advertir el miércoles, empieza a encontrarse en las calles bajo diferentes banderas e intereses populares. Trabajadores, jubilados, docentes y personas que se identifican por afinidades en sus clubes deportivos como forma de organización social fueron víctimas de la represión de las fuerzas comandadas por la ministra Patricia Bullrich”, denunciaron el accionar de la funcionaria nacional. “Bajo la proclama de la defensa de la libertad, concepto que abrazamos desde la mayoría de los espacios políticos, el gobierno de Javier Milei está desguazando nuestra Democracia, fulminando nuestros derechos y aniquilando toda esperanza de vivir en un orden social verdaderamente justo, creando en su lugar un nuevo orden social autoritario al extremo, donde los únicos beneficiados son sus socios comerciales, tanto locales y extranjeros”, destacaron. “La represión del miércoles debe ser investigada y enjuiciada y, sus responsables, condenados con todo el peso de la Ley”, solicitaron y concluyeron: “El Estado protege, siempre. Su única finalidad es el bien común. El uso de sus herramientas para criminalizar protestas legítimas, y subyugar al pueblo es un delito. Defender el Estado de Derecho y nuestra Constitución es un imperativo ético que no debe ser perdido de vista jamás por la diferencia de nuestras miradas ideológicas”.
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