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Parana » APF
Fecha: 13/03/2025 19:30
En febrero de 2024 se realizaron los allanamientos que permitieron desbaratar la organización. Siete personas están acusadas de gestionar un predio rural en una localidad cercana a Santa Fe capital. La Policía halló 1.531 plantas de marihuana, y otro espacio tipo invernadero dentro de una casa del macrocentro, donde se hallaron 575 plantas de la misma especie. Tareas investigativas determinaron que en los establecimientos se habían montado conexiones clandestinas para obtener energía eléctrica. jueves 13 de marzo de 2025 | 19:23hs. Foto: PFA El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe formuló requerimientos de elevación a juicio respecto de siete personas acusadas de tráfico de estupefacientes y cultivo de plantas para producirlos, quienes habían sido detenidas en el marco de una investigación que en febrero de 2024 logró desarticular dos predios con plantaciones de marihuana: uno de cuatro hectáreas en Arroyo Leyes, localidad ubicada a 23 kilómetros de la capital provincial; y otro en una vivienda, bajo la modalidad indoor. El caso que arribará a juicio oral tiene la particularidad de que las personas acusadas habían tramitado un certificado del Instituto Nacional de Semillas (INASE), en el marco de la ley 27.350 que regula la investigación médica y científica para el uso medicinal y terapéutico del cannabis, para darle apariencia legal a la actividad ilícita. El 24 de febrero pasado y el 6 de marzo el fiscal federal Walter Rodríguez, cotitular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe, y la fiscal coadyuvante Milagros Traverso formularon ante el Juzgado Federal N°2 de esa ciudad, respectivamente, sendos requerimientos de elevación a juicio en el caso. En la primera de las piezas acusatorias, según informó el portal fiscales.gob.ar, la fiscalía imputó por organización de actividades de narcotráfico a Gabriel Alberto “Cachiporri” Nudel, de 35 años, detenido en prisión preventiva efectiva desde febrero de 2024, cuando el juzgado ordenó los allanamientos durante los cuales se desbarataron los dos establecimientos de cultivo de marihuana a gran escala. El segundo dictamen amplía la acusación respecto de Nudel por el delito de cultivo de plantas aptas para producir estupefacientes, agravada por la intervención de tres o más personas en forma organizada; tenencia simple de arma de fuego de uso civil y de guerra sin la debida autorización legal; y hurto de energía, en concurso real con la figura de narcotráfico. En el mismo escrito los fiscales solicitaron el juicio oral y público para Osvaldo Ernesto Ceresole, Mauricio José Zambón, Adrián Cesar Poncio Nerbutti, Tomás Benítez, Napoleón Cardo y Gastón Persoglia, a quienes la fiscalía sindicó con diferentes roles en la organización, y acusó también por los delitos de cultivo de plantas aptas para producir estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada; simple tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal; y hurto de energía, en concurso real. Un vivero y un invernadero En el marco de la investigación encabezada por el fiscal Rodríguez, el más relevante de los allanamientos se concretó el 13 de febrero de 2024, cuando la Unidad de Análisis del Tráfico Ilícito de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA) intervino en un predio rural de casi cuatro hectáreas ubicado en el kilómetro 19 de la ruta Provincial N°1, en Arroyo Leyes. Allí se secuestraron 1.531 plantas de la especie cannabis sativa, gran cantidad de insumos utilizados para su producción, como fertilizantes, aditivos e insecticidas, fumigadores, macetas, luminarias, cuatro armas de fuego, municiones de distintos calibres, handies, y un chaleco antibalas, entre otros elementos de interés. Las plantas estaban dispuestas en lotes numerados del 1 al 16. En el ingreso se detectaron dos códigos QR: el primero redireccionaba a una página del Instituto Nacional de Semillas, donde se indicaban los siguientes datos: “ID N°11308, razón social Ceresole Osvaldo Ernesto, número de inscripción y categoría, denominación “Establecimiento de la Pureza Varietal” con habilitación vigente; y el segundo remitía a una dirección “url” cuya información no se pudo visualizar. Al día siguiente la policía allanó una vivienda ubicada en calle Santiago del Estero N°3619, en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe, donde se incautaron 575 plantas de marihuana en diferentes estados. Allí funcionaba un invernadero indoor, que tenía un sistema de climatización y 75 lámparas para horticultura. También se encontraron fertilizantes, insecticidas e insumos para el cultivo, y una autorización otorgada por el INASE cuya razón social figuraba también a nombre de Ceresole, expedida en mayo de 2023 con habilitación hasta el 31 de marzo de 2024 en la categoría y denominación “ensayos varietales”. Allanamientos Ese mismo día se requisó la casa de Nudel, localizada también en Arroyo Leyes, donde se secuestraron $1.416.000, 700 dólares, gran cantidad de municiones, armas de fuego, una balanza, una bolsa de nylon con la inscripción PCT, que contenía flores de color verde amarronada de la especie cannabis sativa, con un peso aproximado de 6,78 gramos. En otros domicilios vinculados a Nudel, Nerbutti, Zambón y Ceresole allanados en la misma jornada se secuestraron frascos con cogollos, plantines, elementos de fraccionamiento y diversas armas. En el interior de la camioneta de Zambón, además, fue hallado el certificado del Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas a nombre de Ceresole. Con el procedimiento en el domicilio de este último pudo demostrarse que era el encargado de adquirir diversos productos destinados al cultivo de marihuana, según se constató en operaciones que realizó a través de la plataforma de Mercado Libre. “Engañoso amparo legal” La fiscalía acusó a Nudel por “haber organizado actividades vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas, cuyo aporte consistió en el otorgamiento de los medios necesarios para obtener un mecanismo eficiente dirigido a lograr su desarrollo entre abril de 2023 y el 13 de febrero de 2024”. Explicó que el delito quedó demostrado en el hallazgo de las plantaciones en Arroyo Leyes y en el invernadero y que ambos emprendimientos estaban emplazados bajo “un engañoso amparo legal concedido por el Inase, pero destinados al cultivo con el ánimo de tráfico”. “Contamos con evidencia suficiente para sostener que Nudel ejerció un verdadero dominio de los hechos y movimientos practicados por los distintos miembros de la estructura, principalmente a través de su lugarteniente Zambón, quien tenía autoridad para hacer las veces del organizador respecto a suministrar los medios necesarios para que los eslabones se encadenen de forma independiente con el destino de traficar estupefacientes”, remarcaron Rodríguez y Traverso. En esa línea, destacaron que Nudel se valió del aporte penalmente relevante de Ceresole para gestionar la autorización ante el Inase, la cual precisaron que fue utilizada como “fachada” de las explotaciones, como también de la logística y cuidado de los espacios a cargo de Nerbutti, Benítez, Cardo y Persoglia, que eran trasladados de uno a otro espacio. “Borrá todo” La fiscalía marcó que Nerbutti fue “un engranaje destacado en la estructura criminal, toda vez que ha tenido las funciones inherentes a la siembra, cuidados, cosecha de cannabis y custodia del predio de Arroyo Leyes, según información brindada por el área de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina”. El MPF marcó que una comunicación realizada por el imputado durante el allanamiento permitió corroborar que estaba allí, pero que logró evadirse y hacer un llamado. “Borrá todo, que cayeron los federicos (por la Policía Federal) acá en el campo, boludo”, sostuvo a través de una línea que estaba intervenida por orden judicial. El interlocutor no entiendió y Nerbutti repitió: “Cayeron los federicos al campo, borra todo. Yo ya salí corriendo”. Según la fiscalía, los elementos secuestrados en el allanamiento vincularon directamente a Nerbutti con las actividades que se desarrollaban allí: su documento nacional de identidad, su licencia de conducir y un carnet a su nombre del Registro Nacional de Personas Autorizadas al Cultivo Controlado con Fines Medicinales y/o Terapéuticos de Cannabis (Reprocann). En relación a Cardo, Benítez y Persoglia, el MPF —a partir del análisis de registros de video del vivero— consideró que tenían a su cargo las tareas inherentes al cuidado y mantenimiento de las plantas y la vigilancia del predio ubicado en Arroyo Leyes. De acuerdo con la acusación, los tres fueron encontrados mientras manipulaban plantas de marihuana junto a Ceresole y Zambón en el domicilio de Santiago del Estero. “Tenían pleno conocimiento de las actividades ilícitas, y realizaron un aporte concreto para el cuidado y manteniendo de las plantaciones”, indicó la fiscalía. En tal sentido, sostuvo que el secuestro de flores de marihuana fraccionadas y acondicionadas para su venta en los domicilios vinculados a los imputados permite afirmar que la producción de los predios se destinaba a la elaboración de material estupefaciente. Citó al respecto un informe de Gendarmería Nacional Argentina, que concluye que las muestras de marihuana secuestradas en los domicilios presentaban similitudes en cuanto al aspecto (cogollos) y en los resultados de sus concentraciones del principio activo TCH respecto de las muestras tomadas en el vivero de calle Santiago del Estero. “Es demostrativo de la ultra intencionalidad al momento de sostener el dolo de tráfico”, valoró el MPF sobre esa prueba. Hurto de energía Tras un entrecruzamiento de datos y relevamientos técnicos, se detectó que en los dos establecimientos objeto de la pesquisa, los acusados habían montado conexiones clandestinas para obtener energía eléctrica. La fiscalía les atribuyó a todos el delito de hurto por “haberse apoderado ilegítimamente de energía eléctrica suministrada por la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Santa Fe”. De acuerdo a informes solicitados por el MPF, la cuantificación económica del perjuicio de esas conexiones directas clandestinas ascendería a la suma de $40.001.942,82. En el último tramo de la requisitoria formulada el 6 de marzo, la fiscalía solicitó al Juzgado Federal de Primera Instancia Nº2 de Santa Fe que convoque a declaración indagatoria a otro acusado identificado durante la investigación. (APFDigital)
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