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La Paz » Politica con vos
Fecha: 13/03/2025 10:17
La medida, oficializada a través del decreto 186/2025, introduce una reasignación presupuestaria en cuestiones de salud, seguridad y educación. También incluye reducción de subsidios. El Gobierno nacional oficializó el primer cambio en el Presupuesto 2025 mediante el decreto 186/2025, en respuesta a la falta de aprobación de una ley presupuestaria por parte del Congreso. La norma, publicada en el Boletín Oficial este jueves, introduce una serie de modificaciones: reduce subsidios energéticos, redistribución de partidas y también habilita nuevos mecanismos de financiamiento para provincias y el sector eléctrico. Además, fija un nuevo esquema de pago para las deudas del sector eléctrico y permite saldar obligaciones con bienes estatales. Aclaran, igualmente, que la partida extraordinaria de $200 mil millones para asistir a los damnificados por el temporal en Bahía Blanca y General Cerri no está incluida en el decreto. Entre los principales puntos del decreto se encuentran Deuda de Distribuidoras Eléctricas: Se establece un régimen especial de regularización para las distribuidoras que mantienen deudas con Cammesa y el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), incluyendo planes de pago en hasta 72 cuotas. Además, se lanza un programa de créditos para aquellas distribuidoras que han cumplido con sus compromisos. Se establece un régimen especial de regularización para las distribuidoras que mantienen deudas con Cammesa y el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), incluyendo planes de pago en hasta 72 cuotas. Además, se lanza un programa de créditos para aquellas distribuidoras que han cumplido con sus compromisos. Inversión Energética: Se refuerzan los aportes a Energía Argentina S.A. (Enaersa) para cubrir gastos asociados a la obra hidroeléctrica Cóndor Cliff – La Barrancosa, en Santa Cruz. Se refuerzan los aportes a Energía Argentina S.A. (Enaersa) para cubrir gastos asociados a la obra hidroeléctrica Cóndor Cliff – La Barrancosa, en Santa Cruz. Financiamiento para Provincias: Se habilita al Gobierno nacional a otorgar avales para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires accedan a crédito externo. También se permite saldar deudas provinciales mediante la entrega de bienes inmuebles estatales. Se habilita al Gobierno nacional a otorgar avales para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires accedan a crédito externo. También se permite saldar deudas provinciales mediante la entrega de bienes inmuebles estatales. Reasignación de Fondos: Se incrementan partidas para el Ministerio de Seguridad, destinadas a fortalecer el monitoreo de personas procesadas o condenadas. También se destinan más recursos al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad, con foco en la auditoría de pensiones por invalidez. En contrapartida, se reducen las transferencias estatales a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) Se incrementan partidas para el Ministerio de Seguridad, destinadas a fortalecer el monitoreo de personas procesadas o condenadas. También se destinan más recursos al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad, con foco en la auditoría de pensiones por invalidez. En contrapartida, se reducen las transferencias estatales a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) Educación: Se restablece la vigencia del artículo 7 de la Ley 26.075 para garantizar la distribución automática de fondos educativos a provincias y municipios. Se restablece la vigencia del artículo 7 de la Ley 26.075 para garantizar la distribución automática de fondos educativos a provincias y municipios. Aportes Internacionales: Se aprueban pagos al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por USD 2,5 millones en tres cuotas anuales y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 436,9 millones en siete cuotas. Asimismo el decreto ratifica la emergencia en el sector energético hasta el 9 de julio de 2025, con la continuidad del esquema de reducción gradual de subsidios. La normativa fija un cupo fiscal de $195.000 millones para beneficios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
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