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Colon » El Entre Rios
Fecha: 13/03/2025 06:31
Diego Lara, presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos fue entrevistado en el programa de televisión Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral), donde dio cuenta del accionar del organismo. El funcionario fue diputado provincial y asumió en el cargo el miércoles 9 de diciembre de 2020, bajo la gestión del entonces gobernador Gustavo Bordet. Entre sus declaraciones, fue muy duro con las irregularidades detectadas en la Municipalidad de Santa Elena bajo la gestión del actual intendente Domingo Daniel Rossi. Contó que el Tribunal de Cuentas remitió –respetando la autonomía municipal- que se hagan actuaciones por irregularidades en ese Municipio en un período anterior del actual intendente, pero nunca se hizo nada. Además, advirtió que “su Contador y su Tesorero no tienen estabilidad en el cargo, porque no tienen acuerdo del Poder Legislativo local, no tienen acuerdo del Concejo Deliberante (…) Pero, además el contador es un auxiliar, ni siquiera es un profesional”. “La situación de Santa Elena es una situación compleja y preocupante”, sintetizó el presidente del Tribunal de Cuentas. En otro orden, también admitió que desde el organismo ya habían detectado irregularidades en el IOSPER y justificó la contratación de dos profesionales más allá de la controversia que esa decisión generó. -¿Cuántas denuncias presentó el Tribunal de Cuentas en tribunales desde que está usted en el cargo? Por lo que pudimos ver son muy pocas las denuncias que han hecho ante Fiscalía de Estado. -En primer lugar, me parece que es bueno aclarar cuál es nuestra función y nuestra competencia. -El mecanismo cambió después de la reforma de la Constitución. -El mecanismo cambió en algunas cuestiones. -Antes iba el Presidente del Tribunal de Cuentas al Tribunal y hacía una denuncia penal. Eso hoy no sucede. -Bueno, en general está claro que el Código de Procedimiento Penal de la provincia establece, como todos los Códigos de Procedimiento Penal, que cuando un funcionario público toma conocimiento de un delito de acción pública tiene que ponerlo en conocimiento del Ministerio Público Fiscal. Lo que ocurre es que el Tribunal de Cuentas, en su esencia, en su naturaleza, por la función constitucional que tiene, es precisamente el control de la inversión, el control del gasto; que es un control posterior que formula el Tribunal de Cuentas. Una vez que la inversión ya se ha efectuado, no es un control previo ni un control concominante. Nosotros no podemos intervenir en forma previa. Podríamos hacer, de acuerdo a la Constitución, con lo que establece la Constitución, con las contrataciones de significancia económica, que así lo determina una ley… que no está. Por lo tanto, nosotros no formulamos denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. Lo que sí el Tribunal de Cuentas... -Van a Fiscalía de Estado, por lo general. -Nosotros remitimos a Fiscalía de Estado toda nuestra intervención. En el ámbito jurisdiccional, que son los juicios de cuenta, cuando concluimos los juicios de cuenta que tienen sentencia firme y que tienen una condena, es decir, un cargo que dispuso el Tribunal que tiene que recuperar el funcionario o quien tuvo que invertir fondos públicos y no rindió u omitió la rendición o la rindió en forma deficiente; y a través de un juicio, respetando el debido proceso y todas las instancias, y pudiendo ser revisado por la Justicia, como hay muchos que ha sido revisados y confirmado por el Superior Tribunal, son remitidos a Fiscalía de Estado. -Está bien, pero podría indicar cuántas denuncias hicieron. -En los últimos cuatro años ha habido alrededor de 250 sentencias firmes. En muchas fueron ingresados los fondos al Tribunal de Cuentas, por quienes fueron condenados a devolver; y la mayoría fueron remitidos a Fiscalía de Estado. Algo así, a valores actuales, un recupero de encargo superior a los 10.700 millones de pesos. Fiscalía de Estado, como representante del Estado Provincial en defensa del patrimonio del Estado, promueve ante la justicia las acciones para el recupero, que lo determinó el Tribunal de Cuenta. Ese es un tipo de funciones que tenemos. El otro tipo de función, en cuanto a investigación de hechos que pueden desentrañar algún tipo de responsabilidades funcionales o agentes del Estado, es cuando detecta el Tribunal y realiza una investigación, hace un procedimiento interno que tiene, donde recolecta antecedentes para determinar si un funcionario, por su obrar doloso o culposo, produjo un perjuicio al Estado. Y ese perjuicio no puede ventilarse en un juicio como era antes. Antes, en el Tribunal de Cuenta, hasta el año `93, se hacían los juicios de responsabilidad en el Tribunal de Cuenta. -El más conocido fue el de “jóvenes emprendedores”, que la investigación la hace el Tribunal de Cuentas. -Todas las investigaciones que hay en sede penal o la mayoría de las investigaciones en sede penal que el periodismo da a conocer, muchas no nos enteramos o muchas nos enteramos por ustedes, por el periodismo; la mayoría tiene su correlato de su tramitación administrativa en el Tribunal de Cuenta. O porque el Tribunal de Cuenta levantó, por así llamarlo, a través de una auditoría, y por un informe de los auditores detectaron alguna inconsistencia y observaron y después, por impulso del fiscal -porque el Tribunal de Cuenta tiene fiscales-, se sustancia una investigación. Y esa investigación, si se determina un presunto perjuicio, después es remitida a Fiscalía del Estado. Nosotros no hacemos denuncias penales. Sí, en muchos casos comunicamos siempre a requerimiento del fiscal, ponemos en conocimiento del fiscal del Estado. Personal contratado en el Tribunal de Cuentas - Revisando las nóminas de personal en la web del Tribunal de Cuentas, se observa que desde que usted asumió fueron nombrados más de 40 personas en la planta del organismo. Varios relatores, una jefa de despacho, 15 auditores, varios abogados, 3 personas en cómputo, 3 administrativos y tiene además más de 20 contratados. ¿Es necesario tanta gente? -El Tribunal de Cuentas tiene, de acuerdo al presupuesto general de la provincia, en la planta de cargos, 176 cargos. Esos cargos los viene manteniendo desde hace más de 25 o 30 años. De esos 176 cargos están ocupados 152 cargos. Es decir, que existe una franja todavía bastante que no se ha cubierto. Pero, quiero decirles algo más. Ustedes están diciendo todo el personal que ha ingresado en el Tribunal de Cuentas en estos últimos 4 años que yo he estado al frente del organismo. Pero, también se han ido jubilando alrededor de 39 agentes. Es decir, que hemos cubierto más o menos en proporción a lo que siempre tuvo el Tribunal de Cuenta. Pero, tengan en cuenta que nuestro universo de control, la auditoría que hace el Tribunal de Cuentas... -La respuesta es que sí son necesarios. -Sí, son necesarios, por supuesto. -Estábamos viendo que también en la página web y en la nómina de personal publicada se ven contratados. Eso estaría incumpliendo con el decreto 3996 del 2024. Asimismo, dentro de los cargos aprobados por el presupuesto 2024 no se encontrarían los mismos previstos. A su criterio, es conveniente que esto suceda dado que la falta de estabilidad puede perjudicar su actuación y se está poniendo el riesgo al Estado ya que pueden generar reclamos. ¿Cómo se ha analizado esta situación? - Todos esos números de contratos que ustedes hace referencia... En principio hay que aclarar que el Tribunal ha tenido una política de personal que comenzó en el año 2021, cuando comenzó nuestra gestión; donde nos vinculamos con diferentes facultades y universidades públicas. Lo hicimos con la Facultad de Ciencias Económicas. Lo hicimos con la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Uader. Lo hicimos con la Universidad Tecnológica (Nacional). Todos estos pasantes que nos vinculamos con esas facultades que ingresaron al Tribunal fueron capacitados. Trabajaron en el marco del régimen de la pasantía. Y después de una evaluación que hizo el Tribunal, fueron ingresando como contratados. Y después, muchos fueron pasando a planta. Siempre manteniendo esta cantidad que yo hacía referencia, sin incrementar el gasto en personal. -¿Puede ser que esos contratados trabajen como auditores? -Quienes revistan la condición de auditores son aquellos que están contratados porque fueron pasantes; porque se recibieron durante la pasantía. Y porque una vez recibidos fueron contratados y revistan la condición de auditores. Aunque su situación de revista sea esa. Nosotros no estamos transgrediendo ninguna norma del Presupuesto ni ninguna disposición. Todos los contratados que tenemos estamos gestionando ante el Ministerio de Economía para que el número -que son 13 contratados- quede efectivamente en esta nueva condición que dispuso el Poder Ejecutivo. Las irregularidades en el Municipio de Santa Elena -Hace unos días se informó en Análisis Digital sobre la serie de irregularidades cometidas por el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, como la falta de presentación de numerosos requerimientos del Tribunal de Cuentas. Incluso tenemos entendido que esa documentación la presentaron ustedes también ante el Consejo Deliberante de Santa Elena. ¿Tuvieron alguna respuesta de los concejales? -Bueno, la verdad que el tema del intendente de Santa Elena merece un análisis para responderle su pregunta. En primer lugar, quiero dejar aclarado que yo en este programa como en cualquier otro programa periodístico, no puedo, en mi condición de magistrado en el Tribunal de Cuentas, como cualquiera de los vocales o cualquier fiscal del Tribunal, no podemos emitir ningún juicio de valor sobre trámites que se están sustanciando, ni adelantar opinión. Pero, con respecto a su pregunta, la situación de Santa Elena es una situación compleja. Es una situación compleja que sí puedo decirlo con total claridad. En primer lugar, porque el Tribunal ya ha determinado perjuicio en el Estado Municipal de Santa Elena atribuible a funcionarios y, entre ellos, a quien actualmente es intendente y fue intendente en el período... -Este es el sexto mandato de Rossi… -Sí, bueno, en uno de los períodos, creo que 2011 o 2015, el Tribunal de Cuenta, ya en nuestra gestión, remitió las conclusiones que arribó donde determinó el perjuicio, la cuantía, el encuadre jurídico, etcétera, los presuntos responsables, y lo remitió al Estado Municipal de Santa Elena; a la Municipalidad, para que sea la Municipalidad de Santa Elena quien accione ante la Justicia en función de los antecedentes que le remitió el Tribunal de Cuentas. Ahora, ocurrió una situación particular. Nosotros remitimos al Departamento Ejecutivo y también lo hicimos al Concejo Deliberante porque el mismo titular del Departamento Ejecutivo actual fue sindicado por el Tribunal de Cuenta como presunto responsable de esos perjuicios: determinados sobreprecios en algunas contrataciones que el Estado Municipal de Santa Elena hizo por ese entonces, situaciones que el Tribunal observó en cuanto a exenciones o tratamientos impositivos diferenciales, incluso certificados de libre deuda que carecían de respaldo y de sustento, sobreprecios en la ejecución de provisión de pavimento, etcétera. De modo tal que se dio una situación muy singular, donde nosotros no tuvimos que remitir a la Fiscalía de Estado como hoy estábamos diciendo, porque no estamos en el ámbito del Estado Provincial, estamos en un municipio que tiene una autonomía. Y es a ello quien tenemos que dirigir. Bueno, la auditoría que viajó in situ el año pasado, el segundo semestre del año pasado -como viajaron casi todas las cabeceras Departamentales de los municipios o algunas ciudades importantes, en el caso de Santa Elena-, requirió la información para saber qué había hecho el municipio. Por la información que tenemos, respondió que no había generado la acción de recupero, ni había intervenido el Concejo Deliberante expidiéndose al respecto. Lo que sí, bueno, el Tribunal, a requerimiento Fiscal, no se olviden que el Tribunal es un organismo que no solamente define las cuestiones quienes somos magistrados. Tenemos una estructura donde sí existen auditores, donde existen responsables de área, donde existe un personal muy calificado y los fiscales que son quienes impulsan o promueven la acción de cada uno. -¿Hay situaciones parecidas en otros municipios de la provincia como lo que ocurre en Santa Elena? O lo de Santa Elena es como una excepción a todos. -Probablemente el municipio de Santa Elena… la situación de Santa Elena sí es una situación preocupante. Y en esto también quiero decir algo. El actual intendente de Santa Elena ha llevado adelante una feroz ofensiva, ustedes lo saben, contra parte del Poder Judicial. Ha promovido Jury contra tres fiscales que lo investigaban, ha promovido Jury contra el juez. Lo hizo contra nosotros, el año pasado, en las sombras, a través de una dirigente. Así que nos presentamos, estuvimos a Derecho, el Jury de Enjuiciamiento rechazó por unanimidad e in limine esa presentación y ahora lo volvió a hacer. Vamos a notar que lo preocupante es un poco esta afrenta que hay al sistema republicano y a los órganos o a los estamentos del Estado que controlan, en este caso a nosotros, que controlamos el gasto. Por eso, hay un intento de amedrentamiento o de desacreditación personal, en mi caso, en el caso de los vocales, que también le ha hecho, le ha promovido un Jury, y desacreditar también el funcionamiento del organismo. El organismo ha venido marcando diferentes irregularidades. Y esto lo digo haciendo una descripción de lo que reflejan los informes de auditorías. No estoy emitiendo una valoración porque eso dependerá de cuando culmine el examen de las cuentas. Y dentro de esas cuestiones, hay cuestiones que preocupan, como la deuda consolidada que tiene el Estado Municipal de Santa Elena. -¡Mil millones de pesos con Enersa! -Bueno, al 31 de diciembre del 2020, el informe de auditoría refleja que hay una deuda de casi 100 millones consolidada del municipio, que no está reflejada en la registración contable del municipio: 100 millones. Y esto que ustedes hacían referencia, efectivamente es así, pero ni siquiera está presupuestado en el Municipio. Nosotros tenemos esta información, porque no se olviden que dentro del universo de control que tenemos también están las empresas del Estado Provincial, como ENERSA, que es la empresa de energía, que brinda el servicio de provisión de energía de distribución en el municipio de Santa Elena y registra a valores históricos una deuda de casi mil millones. Imagínese, ENERSA es acreedora de algunos municipios, de muy pocos, pero el 95% de las acreencias que tiene ENERSA la concentra la Municipalidad de Santa Elena, casi un 45% del presupuesto. De modo tal que estas cuestiones, por supuesto que están siendo analizadas por el Tribunal, está siendo analizada la situación de la contabilidad del municipio. El Municipio de Santa Elena, no son muchos municipios que tienen esta situación. Por ejemplo, su contador y su tesorero no tienen estabilidad en el cargo, porque no tienen acuerdo del Poder Legislativo local, no tienen acuerdo del Concejo Deliberante. Ustedes saben que la ley exige… Pero, además el contador es un auxiliar, ni siquiera es un profesional. -¡No es contador! -No es contador y por lo tanto no está sujeto a... -¿Alguna irregularidad más? -Ustedes me preguntaban, y yo les digo esto que son situaciones preocupantes, porque usted imagínese que el contador municipal es un funcionario que establece la ley y que tiene que tener acuerdo del Concejo Deliberante porque tiene que tener estabilidad. Y tiene que tener el margen de autonomía para marcar las cuestiones que puede llegar a observar, porque es el órgano de control interno, así como la Contaduría General de la Provincia lo es en el ámbito del Estado provincial, el contador lo es en el ámbito de la Municipalidad. Y si el contador marca una observación, esa observación tiene que ponerla en conocimiento del órgano de control externo que es el Tribunal de Cuentas y del Concejo Deliberante. Estas cuestiones muy difícilmente se den. Así que quien habla de transparencia y quien formula estas acusaciones que permanentemente está haciendo y está saliendo en todos los medios, intentando desacreditar a quienes lo investigan, es precisamente el que preocupa al Tribunal de Cuentas la falta de transparencia que demuestra la inversión de los recursos de la municipalidad. El escándalo de espionaje de Pablo Palá -Usted lo tiene empleado en el área de Cómputos a Pablo Palá, miembro del Grupo Octógono, que está procesado por espionaje contra el ex fiscal Alberto Nisman. Cuando se conoció públicamente la causa en la Justicia Federal, se le dio licencia; pero volvió al organismo. ¿Qué se hace en un caso así, con una persona sospechada de cosas tan graves, manejando información tan sensible de la provincia y los municipios? -Bueno, Pablo Palá efectivamente trabaja en el Tribunal de Cuentas. Ingresó en el año 2021 cuando decidimos, en el marco de un plan de modernización del Tribunal de Cuentas. El área de Sistemas contaba con dos profesionales, hoy cuenta con ocho profesionales, muchos de ellos son los que ustedes hicieron referencia dentro del personal que se ha incorporado. Y el Tribunal de Cuentas hizo varias entrevistas; incorporó dos profesionales en esas entrevistas y uno es Palá. Efectivamente, como ustedes lo marcan por la información periodística… -No. Hay una actuación judicial… -Quiero aclarar algo, al Tribunal de Cuentas en ningún momento ha llegado ninguna comunicación, en ningún oficio del juez (Julián Daniel) Ercolini o de quien esté investigando. -Pero, ustedes no preguntaron cuando se conoció esto. -Existe lo que se llama una cuestión de la independencia de la acción penal de un trámite administrativo. Nosotros no podemos sumariar y mucho menos cesantear a un agente que no tiene una condena firme y que el hecho que se imputa en una presunta comisión de un delito, en una investigación en el fuero federal, no tiene ninguna implicancia con el desarrollo. -Pero, puede ir a trabajar a otro lugar dentro del organismo. -Para su tranquilidad y quienes lo escuchan, Palá es un profesional que está bajo la... -Pero no es nuestra tranquilidad, usted es el Presidente del Tribunal de Cuentas, en todo caso, si hace alguna maniobra... -Sí, sí, por supuesto. Pero, no tenemos por qué sospechar que haya ninguna maniobra que pueda afectar el funcionamiento del Tribunal. Palá trabaja bajo la supervisión de un director del área y de un secretario que está al frente también de esa área y no tenemos por qué adelantarnos a tomar una decisión que probablemente después tengamos que rectificarla porque no hay ninguna condición al respecto. El caso Gonzalo García Garro -Usted creó el cargo el año pasado de asesor jurídico adjunto. Algunos consideran que no era necesario, pero bueno… y designó a Gonzalo García Garros, que integra el Jurado de Enjuiciamiento en representación del Colegio de la Abogacía. Siendo que su cargo está sujeto al Jurado de Enjuiciamiento, no le parece que hubiera sido mejor designar a otro abogado y a quien integra ese organismo. ¿No hay un conflicto de intereses? -No, no, para nada. Al contrario, yo le diría que un abogado que prestigia el Tribunal de Cuentas porque integra el Jurado de Enjuiciamiento, está todo dicho. Es una cualidad del profesional, así como es un hombre que está vinculado con el mundo de la docencia, es un estudiador, es un especialista en Derecho Administrativo. Y el Tribunal, no solo quien le está hablando, porque el Tribunal no es una autocracia, no es Diego Lara el Tribunal de Cuentas, sino que lo integramos toda una estructura técnica conformada por todas estas áreas, o estas jefaturas que le hacía referencia. Todas las resoluciones y las acordadas que ha venido dictando el Tribunal de Cuentas en estos cuatro años, han sido por el voto o por la aprobación de los tres miembros. Y así lo designamos al doctor Garro. Pero les aclaro algo, el doctor Gonzalo García Garros se ha excusado en todas las denuncias de Jury, que me formuló a mí el intendente de Santa Elena y a los vocales, ya lo hizo, y lo hizo el año pasado con aquella denuncia. Los contratos “truchos” de la Legislatura -¿Ustedes qué intervención tuvieron en los contratos “truchos” legislativos? -El Tribunal de Cuentas, yo ingreso el 9 de diciembre de 2020, y los contratos “truchos” saltó en septiembre de 2018. En el 2021 -primer año de mi gestión- la fiscal competente inició una investigación. Esa investigación se fue sustanciando en paralelo de la causa penal, de la causa Beckman, que ustedes hacían referencia, y en el año 2023, el fiscal de Estado de la provincia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, que hablábamos hoy de la defensa del patrimonio del Estado, entendió que como la causa Beckman había concluido la Instrucción Penal Preparatoria y había un requerimiento del fiscal de elevación a juicio, tenía que promover la acción civil, porque estaba constituido como actor civil y tenía que hacer o iniciar la acción de recupero en el fuero penal. En consecuencia, nos requirió toda la investigación que el Tribunal venía desarrollando; investigación -que le aclaro-, estoy excusado, yo no participo de la misma porque yo fui legislador en un período, y fue remitido a Fiscalía de Estado. Auditorías al IOSPER -¿Qué pasó con las auditorías al Iosper? ¿Encontraron irregularidades como se vienen denunciando desde la intervención? ¿Se inició algún expediente para ser elevado a Fiscalía de Estado? -Sí, efectivamente. Hace poco remitimos un informe que lo hicimos... -¿Antes de la intervención o después de la intervención? -Después de la intervención. Y antes de la intervención. Es bueno que me lo pregunten, y si me permiten se los aclaro. Cuando el gobernador de la provincia dispone la intervención, el instrumento que dispuso en el decreto hace referencia, por supuesto, a la motivación, a las razones de la intervención, y dentro de esas razones está una información que el Tribunal de Cuentas brindó a través de un pedido de acceso de información que hace la Comisión Fiscalizadora de aquel entonces. Bueno, que sigue siendo la misma. Pero, la Comisión Fiscalizadora nos requiere información, brindamos la información de todos los expedientes que tiene abierto el Tribunal de Cuentas en las auditorías del IOSPER, y sirvió de fundamento también para la intervención a criterio del Ejecutivo. A partir de ahí, con la intervención, le brindamos un informe detallado de la situación “renditiva” y de todos los expedientes que están iniciados que versan sobre el IOSPER, tanto a la intervención como al Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo lo hizo público o por lo menos lo difundió en gran medida. Gastos y ostentaciones - Usted sabe que todo funcionario debe ser y parecer. Usted se compró una camioneta de casi 70 millones de pesos. Estamos en una provincia en crisis, en un país en crisis. No es mucho. -Sí, vendí mi camioneta. Tenía una camioneta parecida, pero de otra marca y puse la diferencia para un vehículo. Ustedes saben que tengo actividad agropecuaria, ustedes lo han dicho en este programa. Les puedo mostrar la factura, salió 62 millones de pesos. Y tuve que poner 18 millones en la diferencia de mi camioneta. -Pero, no reconoce que para los tiempos que vivimos no es bueno que un funcionario exhiba… porque no deja de ser una imagen fuerte verlo usted en esa camioneta así, tan portentosa. -Pero, ustedes en este programa, y yo soy respetuoso del periodismo, de la información, pero acá también se habló de que tengo un despacho suntuoso. -Sí, mostramos fotos. -Pero, los invito a que vayan a mí despacho. Es el despacho que puede tener cualquier organismo de control que nos toca controlar una inversión. Mire, tengan en cuenta, nosotros en el año 2023 controlamos 1.2 billones de pesos de la inversión del Estado Provincial. Es el Estado Provincial completo, los 83 municipios, las 83 comunas, los 66 hospitales. Todo el universo del gasto público nos toca controlar. -Pero, no hablamos solamente de su despacho; hablamos de las remodelaciones en general que había. Incluso tenga en cuenta, digo, que las obras no se terminaron todavía. -Se están ejecutando y estamos en un 86% de avance. Calculamos que en un año y medio se va a terminar la obra. Una obra que se presupuestó... -No diga que hicimos una denuncia de su despacho. Hablamos de las remodelaciones en general que se estaban haciendo. -Sí, sí, y estamos orgullosos de que por primera vez se esté haciendo una reforma integral en un organismo que cuenta con dos pisos. -Usted sabe que hay escuelas que no tienen siquiera luz. -El Tribunal de Cuentas es un órgano… entonces con ese criterio ustedes me van a decir que el Poder Judicial no puede hacer un Juzgado de Paz nuevo. -No, no decimos eso. Sino que hay momentos y momentos. Usted es una persona que viene del peronismo sabe de las ciencias sociales. -Pero sí, pero eso lo reconozco y no voy a renegar de mis orígenes. Por el contrario. Lo que sí, seamos honestos en analizar. El Tribunal de Cuentas, una inversión: a ustedes le parece en el presupuesto que tiene la provincia que hace dos años y medio está ejecutando una obra para remodelar las condiciones para que haya un mejor servicio que es el que nos toca brindar y que le estuve contando. Para la mejora de los trabajadores del Tribunal. Que se mejoren todas las áreas, porque no solamente se mejoró mi despacho. Se mejoraron todas las áreas del Tribunal. Creo que esto hace a modernizar a un Tribunal. Lo hemos dotado de mayor tecnología. Lo hemos dotado de capacitación a nuestro personal. Capacitación a los que les toca rendir cuentas. Nos hemos vinculado con otros estamentos del Estado, como le decía, con universidades públicas, con otros organismos de control que hemos firmado convenios para mejorarlo al control. Hemos mejorado y avanzado con nuestra normativa interna para que tengamos una mejor calidad de control. Así que estemos haciendo una obra que para nada es suntuosa y le puedo asegurar que no es un palacio de la realeza europea ni mucho menos. Lo invito a que vayan al Tribunal cuando lo inauguremos. Fuente: Análisis Digital
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