13/03/2025 08:42
13/03/2025 08:42
13/03/2025 08:41
13/03/2025 08:41
13/03/2025 08:41
13/03/2025 08:41
13/03/2025 08:40
13/03/2025 08:40
13/03/2025 08:39
13/03/2025 08:38
» Solochaco
Fecha: 13/03/2025 06:22
Una investigación iniciada por el fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Martín Amad, tras una denuncia de entrega irregular de tierras fiscales en Chaco escaló hasta involucrar al exgobernador provincial. La pesquisa, que comenzó en abril del año pasado, revela una trama compleja donde empresas como Grupo Pampa Agro y Aeronorte Fideicomiso, entre otras, habrían obtenido tierras de manera sospechosa. El fiscal federal Carlos Amad «le tiró el código penal por la cabeza» a personas físicas y jurídicas, entre ellos al exgobernador del Chaco Jorge Capitanich, Marta Soneira, Sheina Waicman, Diego Soneira, Mauricio Ariel Cian, Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochon, acusándolos por “Fraude en Perjuicio de la Administración Pública”, Lavado de Activos de origen delictivo agravado por ser “cometidos con habitualidad como parte de una banda y por ser funcionarios públicos”, “Abuso de Autoridad e Incumplimiento de Deberes de Funcionarios Públicos”, «Enriquecimiento ilícito», Malversación de Fondos Públicos», todos en su calidad de autores y en concurso real y otros delitos que puedan surgir en el transcurso de la investigación. La medida judicial solicitad por Amad también involucra al Grupo PAMPA AGRO SRL, integrada por Mauricio Ariel Cian (esposo Marta Soneira), Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón, todos socios con domicilio en Pampa del Infierno; Pampa Semillas integrada por Mauricio Ariel Cian, Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Pampa Servicios SAS y GRUPO PAMPA AGRO SRL y AERO NORTE FIDEICOMISO nace de la denuncia de la presidente del Instituto de Colonización Ana María Canata (Marilyn) que da inicio formal a la investigación penal, buscando esclarecer los hechos denunciados y determinar si existieron irregularidades o actos ilícitos. Lo más llamativo para la justicia es la conexión entre los integrantes de estas firmas y funcionarios clave del gobierno provincial, específicamente en áreas estratégicas como el manejo de tierras. Las investigaciones apuntan a un posible esquema de lavado de activos, donde individuos sin aparente capacidad económica manejaban sumas millonarias de dinero provenientes de la adjudicación irregular de estas tierras fiscales. La instrucción judicial permitirá la recolección de pruebas, la toma de testimonios y el análisis de la documentación relevante para determinar la veracidad de la denuncia y, en caso de corresponder, avanzar con las acciones legales pertinentes. La jueza a cargo del caso, doctora María Belén López Macé, analiza ahora la información recabada para determinar los próximos pasos legales. (Por NORTE – INFOQOM)
Ver noticia original
.png)
 (300 x 300 px).gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por