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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 12/03/2025 20:05
De ANALISIS En un punto coinciden la intervención del Iosper y la conducción saliente: en la necesidad de frenar los amparos que representan una verdadera sangría económica para la obra social. Según pudo saber ANÁLISIS, el equipo que lidera Mariano Gallegos está avanzando en una serie de acciones para reducir los pagos millonarios, consecuencia de una trama en la que confluyen médicos, abogados y jueces. Entre enero y agosto del año pasado, tuvieron eco favorable en la justicia 53 recursos de amparos que le significaron al Iosper un costo de 7.300 millones de pesos. Casi todos los casos fueron por medicamentos prescriptos por su nombre comercial, con un valor varias veces superior al del mismo remedio en su versión genérica. Si bien no se han dado a conocer datos actualizados, la situación no paró de agravarse. Para peor, en cada caso el Iosper es condenado a hacerse cargo de las costas, problema que se agudizó con la actualización del valor del jurista que autorizó la Legislatura meses atrás y que triplicó el valor de los honorarios de los abogados. Al tema lo instaló el ex presidente del Iosper, Fernando Cañete, quien marcó en reiteradas oportunidades ante la prensa la cadena de responsabilidades que comienza en los médicos, que deberían prescribir drogas genéricas y recetan marcas comerciales; sigue con abogados que el año pasado facturaron 107,5 millones de pesos por 132 amparos; y culmina con jueces que fallan en favor de los pacientes, sin medir las implicancias del impacto en un sistema solidario como el que rige el Iosper. La intervención constató la grave situación y se pusieron en marcha algunas acciones. En primer término, el presidente de Iosper, Mariano Gallegos, se reunió con autoridades del Colegio de Abogados. El encuentro sirvió para limar las asperezas que habían causado las referencias a “la industria del amparo” formuladas por las nuevas autoridades. Lo cierto es que, más allá de cuidar las formas y de la necesidad de mantener una relación cordial, al interior de la obra social siguen de cerca el accionar de algunos letrados. Y no falta la comparación con los “caranchos” que otrora recorrían las guardias hospitalarias en busca de accidentados a los cuales representar, con los abogados que ofrecen sus servicios en grupos de Facebook y otras redes sociales, de familiares de personas con distintas dolencias. La conducción del Iosper también comenzó a trabajar con el Superior Tribunal de Justicia (STJ), a partir de una reunión con su presidente, Leonardo Portela. Ante el reclamo por los fallos siempre en contra de la obra social y las explicaciones pertinentes, se habría abierto la posibilidad de empezar a revisar algunos criterios, según pudo saber ANALISIS de fuentes tribunalicias. Incluso se comenzó a trabajar en una suerte de protocolo para el abordaje de este tipo de expedientes. Lo que sí se pidió a cambio es agotar instancias para que sean menos los recursos que llegan al plano judicial. En esa línea, desde la intervención se está diseñando un nuevo reglamento para el Área Jurídica de la Obra Social y se estudia la posibilidad de no apelar los casos que se consideran perdidos para ahorrar así tiempo y costos. También se evalúa acceder a determinadas coberturas, aunque estén fuera de convenio, autorizándolas por vía de excepción, con el objetivo de evitar el amparo. Puertas adentro, esta semana se realizó una reunión en el Iosper entre todos los responsables de las áreas que intervienen en este tipo de trámites. “Se busca evitar que trabajen como compartimentos estancos y que cada uno sepa lo que pasa después de que no autoriza un medicamento o un tratamiento”, comentó a este medio un participante del encuentro de trabajo.
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