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Parana » Pagina Politica
Fecha: 12/03/2025 17:08
El Iosper asoma como el lugar de conflicto de intereses por excelencia. Con solo pensar que se trata de un tema tan sensible como la salud, hace prever que cualquier información que surja golpeará en un público amplio. Además de dar cobertura a 300.000 afiliados, tiene 96 delegaciones distribuidas a lo largo y ancho de la provincia. Pero también atraviesa sectores sensibles que el mundo de los negocios suele ocultar. Farmacéuticas, laboratorios, entre otros. El Gobierno eligió la obra social para navegar el conflicto. Será en un año electoral y la revelación de irregularidades van -seguramente- de la mano. ¿El desafío, mayor, y de fondo? Debería ser el de mejorar el servicio. La Comisión Fiscalizadora del Iosper presentará ante el Tribunal de Cuentas informes en los que, en off, funcionarios narran con adjetivos y ejemplos escandalosos. Los sobreprecios que se pagaron en prótesis y medicamentos llegan en algunos casos al mil por ciento por sobre los valores del mercado. Un grupo pequeño de proveedores caracterizaron el negocio durante años. Cuando se solicita al Gobierno quiénes son, la respuesta es lacónica: es información pública. Aseguran que se dará a conocer. También se pudo constatar innumerables casos en los que el Iosper pagaba facturas por medicamentos de marcas caras pero al afiliado se le otorgaba un genérico. La intervención, a cargo de Mariano Gallegos, se encontró con facturas que -por exorbitantes- no se han reclamado cobrar. Algo similar sucedió con contratados que luego de la intervención, en diciembre, no se presentaron ni siquiera con sus facturas para cobrar sus contratos. El informe irá varios años para atrás. En principio toda la gestión de Fernando Cañete, eyectado de la presidencia cuando se intervino la obra social. La Comisión Fiscalizadora del Iosper tiene un largo camino por recorrer si pretende que las irregularidades que dice haber registrado se investiguen en la Justicia. Antes, las pruebas deben ser remitidas al Tribunal de Cuentas, quien luego debe presentarlas en sede tribunalicia en carácter de denuncia. Enorme desafío para su presidente, Diego Lara. Ese organismo de control tiene mala fama. Todos los informes que pudo aportar en en el marco de un proceso no fueron atendidos por el Ministerio Público Fiscal. La defensa de Sergio Urribarri se cansó de señalar en el juicio que el Tribunal de Cuentas no había objetado los gastos de su gestión. El color del gobierno, ahora, es otro. ¿Objetará? Sucede, también, que las objeciones ya no se hicieron y por eso, de encontrar irregularidades, también tendrán que explicar por qué no las vieron antes. Un camino más corto es que se hagan públicas las pruebas y un fiscal actúe de oficio, aprovechando que los supuestos delitos los cometió el gobierno anterior. El procurador Jorge Amilcar Luciano García no estaría rompiendo ninguna tradición. Todo lo contrario. A propósito de lo que se publica, la intervención del Iosper está azorada por el buen trato que tuvo durante años Cañete en la prensa. O por parte de la prensa. Esa misma impresión tenían en el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, que en plena guerra con el entonces presidente del Iosper interpuso un pedido de informes en el que en uno de los puntos solicitaba un detalle de gastos en pauta publicitaria. En el gremio de los abogados nombran algunos medios de memoria. La litigiosidad es otro de los temas que se miran con lupa. En el Gobierno se habla de “abogados caranchos”, a los que promete denunciar ante el Colegio. También quiere reducir la industria del amparo. Sobre el costo de los medicamentos, hace no mucho, el gobierno anterior retomó un proyecto para producir remedios y abastecer al sector público, además de venderlo al sector privado. Se trata de un emprendimiento empresario-estatal que tiene entre sus objetivos, precisamente, oxigenar el presupuesto de salud. La idea original fue de Sergio Montiel. El ministro de Hacienda, Fabián Boleas, seguramente lo recuerde. El caudillo radical pretendía ingresar a Entre Ríos como actor en un mercado rentable. El laboratorio de medicamentos genéricos tiene ya, hace un tiempo, los cimientos en Concepción del Uruguay. Sobre ese contorno de la provincia están radicadas las facultades de Ciencias de la Salud (Concepción del Uruguay) y Bromatología (Gualeguaychú), ambas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Aquí una crónica del proyecto. La intensidad con la que se pretende avanzar en el Iosper, bien puede empujar a esta iniciativa en la que confluyen lo público con lo privado. Y, por un rato, correrse de una agenda atada pura y exclusivamente a las retenciones de las commodities. Fuente: Página Política
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