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» Misionesopina
Fecha: 12/03/2025 00:36
Las menores rompieron el silencio ante la abuela paterna en febrero pasado cuando viajaron a Buenos Aires a visitar a su progenitor (38). Los primeros estudios médicos confirmaron rastros de hechos reiterados del delito contra la integridad sexual en un barrio comprendido por la Unidad Regional X. El expediente está en manos del juez Fernando Verón. Desde febrero pasado, los juzgados de Familia 3 y de Instrucción Penal 3, tienen en sus manos las denuncias realizadas por el padre y la abuela de dos niñas de 7 y 3 años que rompieron el silencio y señalaron que desde hace varios meses padecen situaciones de maltrato y abuso sexual en la vivienda que su madre comparte con su pareja en un barrio de la jurisdicción de la Comisaría de la Mujer de Itaembé Miní, Unidad Regional X. La denuncia penal, de acuerdo a lo averiguado por el matutino colega Primera Edición, se presentó el viernes 28 de febrero y fue una mujer de 63 años, enfermera y técnica en higiene y seguridad laboral, quien detalló ante las funcionarias policiales lo que sus nietas le confiaron cuando viajaron a Buenos Aires a visitar a su padre de 38 años pocos días antes. El primer dato que encendió las alarmas de la abuela fue que las dos niñas tenían el cuero cabelludo y parte del rostro quemado por el insecticida que le habrían aplicado su progenitora y la respectiva pareja para combatir los piojos. No solo las menores continuaban con liendres en la cabeza sino que se evidenciaban temor y dolores en el cuerpo. Cuando llegaron a la casa de su padre, la mayor de las víctimas rompió en crisis de llanto y súplicas para no volver a la casa de su madre porque ya no querían estar en contacto con la pareja de ella, una mujer de 34 años que la sometía a los abusos sexuales. Al retornar a Posadas, se concretó además la primera denuncia en la Justicia de Familia (Juzgado 3 de la Primera Circunscripción Judicial) en la que la abuela pidió una medida de “Protección Integral” para las dos víctimas. Por subrogación legal, intervino la jueza de Familia 1, Lidia Graciela Mana, y se ordenó que en el marco de la acción solicitada continúe la abuela paterna con el resguardo de las niñas y determinó las citaciones de audiencias respectivas para resolver en este fuero. De manera paralela, otras voces judiciales consultadas por este Diario, adelantaron que hoy sería presentado ante el juez Verón, el sumario con todas las actuaciones desplegadas por la Comisaría de la Mujer de Itaembé Miní, entre las que constarían la confirmación de los rastros compatibles de los abusos y las medidas de protocolo de salud previstas para las víctimas de este tipo de delitos contra la integridad sexual. Esta semana se notificaron las fechas (se resguardan más datos) para las consultas de las menores con psicólogas del Cuerpo Médico Forense, las que fueron pedidas luego de las primeras conclusiones de que las niñas fueron abusadas. Detenida por estafas Desde agosto de 2022, en el Juzgado de Instrucción 3, la hoy ex suboficial del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) fue denunciada por estafar a sus camaradas y allegados con gestiones en el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) para obtener viviendas familiares. Como lo publicó oportunamente y en exclusiva el matutino colega Primera Edición, la aprehensión se concretó por una seguidilla de presentaciones que se hicieron en su contra. La subadjutor pasó a disponibilidad de la fuerza de seguridad y pocos días después se dispuso su apartamiento de la fuerza. La detención se produjo a la par que trascendieron los embargos en la Justicia Civil que la sospechosa acarreaba desde 2021 por similares episodios de engaños a terceros con ofertas de viviendas. Una empleada pública provincial se presentó en septiembre de 2021 en un juzgado civil de la Primera Circunscripción e inició el embargo al salario de la agente involucrada luego que se negara a devolverle 200 mil pesos que le habría dado a cambio de una casa en el barrio Itaembé Guazú. Vale recordar que la ahora investigada por abuso sexual de sus hijas, antes de las denuncias por estafas, fue ascendida de agente a suboficial (cabo) en 2021, luego que sus calificaciones pasaran de 87.90 en 2019 y 77.90 en 2020, a 100. Fue trasladada a labores administrativas en el Centro de Atención Integral del Personal Penitenciario (CAIPP) y el mismo día de la denuncia, 16 de junio de 2022, fue ascendida de auxiliar a integrante del CAIPP. Con anterioridad trabajó en el taller de cocina de la Unidad Penal V de Mujeres y en la Dirección General del SPP. La designación en el CAIPP, de acuerdo a fuentes vinculadas al SPP, habría sido “acelerada” por un alto funcionario del Poder Ejecutivo Provincial. Fuente: Primera Edición
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