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» Misionesparatodos
Fecha: 12/03/2025 00:21
El oficialismo atraviesa una crisis política que, desde $Libra, no tiene cortafuegos. El DNU del Fondo, en detalle. Escenarios para la Corte. Tras el anuncio de la Oficina del Presidente de la Nación, el Gobierno aprobó anoche — mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia — la autorización de endeudamiento correspondiente al próximo programa que suscribirá con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin demasiadas aclaraciones. No se conocen todavía el monto ni el cronograma de desembolsos, aunque sí surge de la autorización autoconsagrada que el nuevo programa tendrá una duración de una década y se hará mediante la modalidad de Facilidades Extendidas. Es decir que se tratará de un acuerdo con condicionalidades de política y, dados los plazos anunciados, afectará la totalidad del mandato de quien suceda a Javier Milei en la presidencia — sea o no él mismo — e incluso la casi totalidad del siguiente período presidencial. Luego del discurso ante la Asamblea Legislativa, cuando había anunciado el envío del acuerdo al Congreso, el presidente otorgó una entrevista a Luis Majul en la que, expresamente, señaló que dicho envío es una obligación jurídica para la Argentina, antes que una exigencia del Fondo: “Desde que Guzmán puso esa ley, hay que hacerlo”. Recurrió a una elocuente metáfora futbolística para justificarlo y dio por cerrada la cuestión. Se refería al artículo 2 de la ley 27.612, que dispone que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. La ley, como es evidente, no habilita el dictado de un DNU como el que definió el oficialismo. Sin embargo, el decreto citó a la ley 27.612 para justificar la vaguedad de su contenido, que apenas autoriza la operación de crédito, en lo que resulta un guiño a su vigencia continuada. De acuerdo a la interpretación desarrollada por el oficialismo, el Congreso sólo debe dar esa autorización y no observar “los términos concretos de los acuerdos en particular”. El problema, claro, es que el Congreso no hará lo uno ni lo otro, ya que el decreto dedica los párrafos siguientes a justificar el apartamiento de los procedimientos constitucionales habituales para la sanción de las leyes. El artículo ideado por Martín Guzmán –destinado a garantizar consensos mínimos en las operaciones de endeudamiento– queda sumamente relativizado ante el procedimiento elegido, que requiere el veto de ambas cámaras para dejar la norma sin efecto. Un procedimiento mucho menos engorroso para el oficialismo y complejo para la oposición que la sanción de una ley por la mayoría en Diputados y Senadores. Los DNUs, mientras no abarquen materias prohibidas de forma expresa por la Constitución, tienen idéntica jerarquía que las leyes, por lo que en el Gobierno consideran que — al contrario de lo que el presidente aseguró a Majul — pueden apartarse de las previsiones de la norma vigente impulsada en su momento por Guzmán. El análisis, en todo caso, debería ser de constitucionalidad, incluyendo la evaluación de la situación excepcional que configure la necesidad y la urgencia. Se trata de preocupaciones menores. En el oficialismo coinciden, al menos en el corto plazo, en considerar que ningún juez va a animarse a hacer caer el decreto y la autorización de endeudamiento y arriesgar a generar, por sí solo, una crisis financiera. Martín Menem dijo, en privado, que el oficialismo tiene los números para su aprobación, pero el escenario estará más claro luego del tratamiento de la bicameral, porque se espera que el gobierno no envíe el acuerdo al recinto hasta no estar seguro de su aprobación. Detrás de esta nota hay mucho trabajo. Hay un periodista que habló con distintas fuentes y chequeó. Hay llamadas telefónicas, traslados y cafés. Hay editores, fotógrafos, diseñadores y comunicadores. En Cenital nuestra fuente de ingresos más importante es el apoyo de nuestros lectores. Por eso, si te gusta lo que hacemos, te pedimos que nos des una mano para poder contar mejor lo que pasa. Sumate a nuestro círculo de Mejores Amigos.Sumate Tal como había adelantado el presidente, surge del texto del DNU que el dinero que se reciba por fondos frescos se utilizará para pagar Letras Intransferibles por las que el Tesoro se endeudó ante la autoridad monetaria y, teóricamente, mejorar la calidad del patrimonio del Banco Central, fortaleciendo las reservas. La idea de que por la operación no habría un aumento del endeudamiento neto es correcta sólo en el sentido más técnico posible. El esquema de fortalecimiento de reservas implicará contraer deuda con un organismo internacional por deuda que, en última instancia, el Estado tiene consigo mismo. Esa “deuda” — hoy más parecida a un asiento contable entre, por ejemplo, una cuenta bancaria y una billetera virtual del mismo titular que a un verdadero endeudamiento — pasará a engrosar el listado de obligaciones del país con el exterior. Una operación que en agosto de 2023 el propio Luis Caputo le había reprochado a Alejandro Werner en una serie de tuits en la que culpó al organismo por el fracaso del programa firmado durante el gobierno de Mauricio Macri. Caputo se quejó ácidamente de que el Fondo hubiera destinado recursos a la “cancelación de Letras Intransferibles de Kicillof”. En el caso de este acuerdo –y sin importar cuáles sean los montos finales, los plazos de desembolsos y cuánto del programa corresponda a fondos frescos–, la intención de Caputo es que, aún con el lenguaje repetido sobre las letras intransferibles, invierta el sentido de lo firmado en 2018. Es decir, que –como adelantó #OffTheRecord– el Banco Central pueda usar el dinero en la defensa del valor del peso frente a las presiones devaluatorias derivadas de los evidentes problemas de apreciación cambiaria, la especulación sobre el año electoral y el cada vez más oscuro panorama externo. Sin esa capacidad, no sólo la salida del cepo (inexistente en 2018) sino el esquema de desinflación completo volarían por el aire frente a las presiones devaluatorias. Junto con los recursos frescos, el programa contendrá una renovación de vencimientos del acuerdo firmado por Alberto Fernández en 2022, lo que le dará mayores plazos para las necesidades financieras del país que, tras el levantamiento del cepo previsto para este año, buscaría condiciones para regresar a los mercados de crédito voluntarios. Como admite el propio texto del decreto al justificar la necesidad y urgencia, la situación financiera es sumamente precaria y la coyuntura global es una amenaza. La política económica y monetaria derivada del acuerdo con el FMI del gobierno de Macri en junio de 2018 quedó herida de muerte en agosto de ese mismo año, tras una fuerte caída de la lira turca. Ayer, en un día negro para los mercados mundiales, las cotizaciones de los activos argentinos sufrieron particularmente y tuvieron caídas superiores a los de otros países. La mayor sensibilidad de la economía argentina a cualquier shock exógeno es un correlato de la fragilidad de su programa de estabilización tanto a nivel financiero como monetario, algo que espera atenuar con la nueva asistencia del Fondo. Hay que decir, a favor del actual gobierno, que un golpe en la bolsa estadounidense causado por temores concretos sobre una posible recesión en ese país reverbera mucho más directamente sobre la Argentina que un problema de la balanza de pagos turca. Sin embargo, son las definiciones del principal aliado que el gobierno coteja a nivel internacional las que causaron el problema. Las caídas de la bolsa norteamericana son el producto de una rápida pérdida del entusiasmo inicial que los grandes sectores empresariales mostraron por Donald Trump. Antes del lunes, los mercados de acciones ya estaban en los mismos valores que se encontraban el día de la elección y ayer se ubicaron por debajo. Quienes tienen dinero hoy en juego, consideran que Trump podría ser peor para los negocios que su antecesor y advierten sobre el riesgo de una pronta recesión. Trump heredó una economía en funcionamiento, con el desempleo en niveles históricamente bajos. Las medidas de su gobierno –con aranceles transversales sobre China y amenazas sobre Canadá y México, sus socios del tratado comercial de América del Norte– que luego fueron retractadas parcialmente, afectan directamente la planificación de las empresas. Los mencionados son los principales socios comerciales de los Estados Unidos, que también impuso aranceles sobre insumos industriales clave como el acero y el aluminio. Con la inflación estadounidense todavía encima de la meta de la FED, una recesión podría presionar simultáneamente sobre las tasas de interés y sobre los márgenes empresariales, mientras los aranceles dispuestos por Trump presionan sobre los costos, una situación que podría incluso agravarse si la política migratoria incluyera deportaciones verdaderamente masivas: los inmigrantes indocumentados son una parte muy relevante de la fuerza laboral en el sector de alimentos. De confirmarse esa tendencia, podría haber en el corto plazo una convergencia entre una recesión y un proceso inflacionario en los Estados Unidos, que impactaría sobre los emergentes. Para Washington sería una herida autoinfligida y, por lo tanto, que fácilmente podría evitarse, pero que supondría afectar las convicciones profundas del propio Trump. Entrevistado por Fox News, el presidente estadounidense se negó a destacar una recesión en el corto plazo y se mostró dispuesto a pagar un costo en lo inmediato para poder implementar su programa que, dice, traerá la producción de vuelta a los Estados Unidos. El Gobierno argentino, que jugó un pleno al republicano, terminaría afectado por las consecuencias globales de su apuesta, que podrían ser más dañinas para el país que un apoyo menos decidido en los organismos de crédito. Last but not least, la conformación de la Corte Suprema continúa desangrando al gobierno que, producto del desconocimiento del presidente, se desgastó durante un año en anticipar un escenario que no ocurrió ni en las aproximaciones. Durante la semana –tal vez por primera vez– el peronismo dio señales de estar dispuesto a conversar con la Casa Rosada y viceversa. Esto se da mientras Guadalupe Tagliaferri impugnó el dictamen de Manuel García-Mansilla porque apareció la firma de un José Mayans que estuvo ausente. Cuestión de tiempo. Si la voluntad está, el pliego del Supremo En Comisión (SEC) tendrá los nueve garabatos que necesita para su tratamiento, algo que ya tiene el de Ariel Oscar Lijo. Una pregunta que se impone: ¿por qué el radicalismo no firma el dictamen de García-Mansilla? ¿Qué negocian con el oficialism Carolina Losada, Maximiliano Abad o Alfredo Cornejo? Versiones de las últimas horas sostienen que un sector de la UCR le sugerirá al gobierno que retire los pliegos. Eso aún no pasó y las posibilidades que se materialice son pocas. “Ahora es un tema de la casta lo que hace con los jueces, nosotros el costo ya lo pagamos”, dicen en Rosada. La propuesta de retirar los pliegos pone en una situación delicada al radicalismo, en caso que la propuesta sea cierta. Implicaría que García-Mansilla se quedaría hasta noviembre –o febrero, según la interpretación del decreto– en la Corte y detonaría las chances de Lijo. Una maniobra arriesgada para un juez de Comodoro Py que tiene su propio juzgado y subroga otros tres. El mismo escenario atraviesa el PJ que, creen en el gobierno, presiona con la sesión para abrir un canal de diálogo. Por el momento, la “lluvia de cautelares” que se anticipó sobre los nombramientos de ambos magistrados duerme el sueño de los justos: hasta anoche, luego de dos semanas, nadie parece querer frenarlos judicialmente. Y al oficialismo aparenta no importarle ya tanto el pliego de Lijo. No es el único problema que tiene La Libertad Avanza que vive, en todos los frentes, su momento gangrena: tiene que elegir dónde cortar. Por Iván Schargrodsky -Cenital
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