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Chajari » actualidadadiario
Fecha: 11/03/2025 16:17
El decreto ya está vigente y podría ser tratado por la bicameral recién en abril. El oficialismo tiene chances de que quede vigente porque la oposición no tendría fuerza suficiente para voltearlo en ambas cámaras. Qué dice el propio texto sobre la necesidad de que haya una ley específica El DNU de Javier Milei sobre el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) entra ahora en un laberinto parlamentario con dos salidas: su aprobación definitiva o su rechazo. La primera se aventura más posible que la segunda, pero los pasillos del Congreso a veces son difíciles de transitar. Desde el momento en que fue publicado este martes en el Boletín Oficial, el decreto está vigente, pero comienza a correr el reloj de arena atado a la rosca política entre el oficialismo y la oposición por la discusión sobre su legalidad, ya que la ley de Sostenibilidad de la Deuda (la famosa “ley Guzmán”) obliga a que se sancione una norma específica sobre un nuevo préstamo con el organismo multilateral. La Casa Rosada sostiene el argumento de que el DNU “tiene fuerza de ley” y que eso es condición suficiente. La mirada libertaria apunta que el decreto “será enviado al Congreso” –como si fuera un favor político de Milei hacía los legisladores– pero ese giro es el camino habitual de todos los decretos: el jefe de Gabinete (en este caso, Guillermo Francos) tiene diez días hábiles para remitirlo a la Bicameral de Tratamiento Legislativo –que integran diputados y senadores– y ese cuerpo, a su vez, tiene dos semanas para despacharlo a cualquiera de los recintos primero. La definición entonces se patearía para abril. La estrategia oficialista es que el DNU se vote primero en la Cámara de Diputados, porque confía que allí tiene apoyo de la oposición amigable para aprobarlo. La postal es contraria en el Senado, donde el kirchnerismo está a tiro de conseguir una mayoría junto con los radicales duros. Con la ratificación de una de las dos cámaras, el instrumento jurídico queda vigente. Pero ya empiezan a jugar los intereses contrapuestos. Lo que dice el DNU sobre el Parlamento El propio DNU que firmó Milei ofrece pistas sobre la mirada parlamentaria del oficialismo. Curiosamente plantea en sus considerandos la Ley N° 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública como uno de sus argumentos y su artículo 2° que dice, según el texto firmado por todos los ministros mileístas: “Dispuso que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizado con el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, así como cualquier ampliación de los montos de tales programas u operaciones, requerirá de una ley del H. CONGRESO DE LA NACIÓN que lo apruebe expresamente”. Párrafos después señala que “al H. CONGRESO DE LA NACIÓN le compete contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior”. Y vuelve a mencionar el artículo 2° de la ley Guzmán, con su propia interpretación para saltear el escollo de tener que sancionar una ley nueva: “el artículo 2° de la Ley N° 27.612 en cuanto se requiere la aprobación por ley de ‘todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI)’ no implica que el H. CONGRESO DE LA NACIÓN se haga cargo de los fundamentos y de los términos concretos de los acuerdos en particular, sino que únicamente hace referencia a la aprobación legal de la operación de crédito público a ser celebrada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL”. El mismo texto recupera voces de diputados hoy filo-oficialistas que en un debate en el recinto en 2022 defendieron las prerrogativas del Ejecutivo para tomar deuda con el FMI sin mucho control del Congreso. “Le corresponde al Poder Ejecutivo la suscripción y la negociación de la deuda”, planteó Paula Olivetto, de la Coalición Cívica de Elisa Carrió. “El Congreso de la Nación da la autorización para obtener el empréstito, pero la administración general del país, por imperio del artículo 99, le corresponde al Poder Ejecutivo nacional”, dijo entonces el radical Pedro Galimberti, que el año pasado dejó su banca para asumir en un cargo nacional en acuerdo con el Gobierno. “Era inaceptable sentar el precedente de un Congreso aprobando planes económicos de un oficialismo”, intervino Luciano Laspina, del PRO. Los considerandos del DNU también señalan que la competencia que corresponde al Congreso “no es la de aprobar los términos y las condiciones de un acuerdo celebrado con el Fondo, sino la de aprobar la operación de crédito público mediante la sanción de una ley”. Contrariamente, Milei ahora no está enviando una ley para su aprobación. Y después el texto señala: “La volatilidad de las variables económicas generada por la incertidumbre que provoca la baja calidad del activo del Banco Central impide seguir el trámite ordinario de las leyes sin que pueda verse afectado el éxito del programa de estabilización económica”. El laberinto parlamentario Con los tiempos que establece el reglamento de los DNU, al Gobierno se le abre una ventana de casi un mes para terminar su acuerdo con el FMI y que comience efectivamente a ser discutido en el ámbito del Congreso. La Bicameral de Tratamiento legislativo la preside el libertario Juan Carlos Pagotto y la integran peronistas, radicales, el PRO, el espacio de Miguel Pichetto y fuerzas provinciales. Esa bicameral será la que emita un dictamen de aprobación o de rechazo y que es girado a las cámaras. Si el cuerpo demora un despacho –toda dilación le sigue conviniendo al oficialismo–, los bloques opositores pueden impulsar el tratamiento del DNU en el recinto de sesiones pero necesitan conseguir una mayoría agravada de dos tercios, número que en Diputados es muy difícil porque el Gobierno ya demostró contar con aliados para bloquearlos. Siempre que el oficialismo no consiga avanzar con la aprobación, la oposición tiene otra posibilidad: emplazar desde el recinto a comisiones específicas –por ejemplo, de Asuntos Constitucionales– para discutir un proyecto que rechace el DNU, y una vez con un dictamen favorable que entonces se discuta en el recinto. Esta mañana fue el propio Francos el que marcó la estrategia oficialista: “El DNU va a ser enviado de inmediato al Congreso para que sea tratado como corresponde. Tiene la fuerza de una ley, lo establece la Constitución, mientras no sea rechazado por las cámaras y creo que no lo van a rechazar las cámaras”. El ministro coordinador aprovechó luego para cargar las tintas contra la oposición: “Algunos diputados dicen cosas totalmente ridículas, la famosa ley Guzmán para aprobar el acuerdo con el FMI donde todos los acuerdos debían pasar por el Congreso. Yo dije que esa ley pareciera que estuviera por encima de la Constitución porque limita facultades del Ejecutivo que surgen de la propia Constitución”. El poroteo temprano que surge en la oposición es que el Gobierno estaría cerca de que avance su DNU. Descontado el apoyo del PRO (habrá que ver en qué deriva la advertencia de Mauricio Macri), del radicalismo que conduce Rodrigo de Loredo y de los bloques que dependen de los gobernadores, La Libertad Avanza tiene un grueso difícil de horadar. En el espacio de Pichetto buscan una diagonal al dilema: que Milei haga una ley “espejo” al DNU, pero eso sería volver al punto cero. El kirchnerismo, la izquierda y otras voces críticas como los radicales disidentes y el socialismo ya se acomodan en el rechazo: “El DNU no dice nada –comentó esta mañana un diputado a este medio–. Es un cheque en blanco que le firma el Ejecutivo al Fondo”.
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