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  • Un hombre condenado por abuso sexual tiene que pagar un embargo millonario

    » El litoral Corrientes

    Fecha: 11/03/2025 15:50

    El Juzgado Civil y Comercial de Santa Lucía, resolvió este martes un embargo preventivo sobre los bienes de un hombre condenado por violencia de género y abuso sexual. La víctima había solicitado una demanda por daños y perjuicios antes de que el acusado obtuviera la condena. Ante el daño sufrido por parte de la mujer, la demandante promovió una acción civil para obtener una reparación económica reclamando una suma de $33.287.169,66. Por su parte, su abogado solicitó una medida cautelar de embargo preventivo sobre varios inmuebles de su propiedad, ubicados en los departamentos de Lavalle y la ciudad de Corrientes. El planteo incluyó argumentos sobre el peligro en la demora, señalando que el demandado es una persona de la tercera edad con problemas de salud, lo que podría afectar su capacidad de responder económicamente en el futuro. Perspectiva de género en la decisión judicial: "El demandado tiene una condena en sede penal por violación hacia la demandante, cuestión suficientemente verosímil para la existencia de un daño de la extensión y alcance que reclama", destacó el juez Daniel Alejandro Azcona al analizó los requisitos para dictar una medida cautelar. Además, subrayó la importancia de aplicar la perspectiva de género en el análisis del caso, señalando que la víctima ya había solicitado medidas de protección y logrado una sentencia penal condenatoria. Resolución final El juez Azcona resolvió hacer lugar a la medida cautelar de embargo preventivo sobre los bienes del hombre, hasta cubrir la suma reclamada, más un 20% para intereses y costas. Como contracautela, dispuso que la actora preste caución juratoria. Finalmente, ordenó la inscripción de la medida en el Registro de la Propiedad Inmueble, garantizando así la protección del patrimonio del demandado hasta la resolución definitiva del caso. El Juez de Santa Lucía, doctor Daniel Alejandro Azcona, resolvió hacer lugar a una medida cautelar de embargo preventivo sobre los bienes de un hombre condenado por violencia de género y abuso sexual. El caso sienta precedente en la importancia de aplicar la perspectiva de género señalando que la víctima ya había solicitado medidas de protección y logrado una sentencia penal condenatoria.

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