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» Diario Opinion
Fecha: 11/03/2025 12:00
Hernández, quien fue condenado por la justicia provincial de Formosa debido a los dichos de un oyente en su programa de radio, señaló que, según la jurisprudencia vigente en la provincia, "el medio de comunicación es responsable de lo que dice el entrevistado". Explicó que si un entrevistado profiere una opinión que incomode al gobierno y el medio no aclara que está equivocado, podría ser sancionado. "Si yo digo algo y vos no me corregís y no me decís: "No, Hernández, usted está equivocado, así no es la cosa", entonces vos también sos responsable", ejemplificó. Esta interpretación legal fabricada por el Gildismo para condenarlo y silenciar a la prensa independiente, cobra relevancia en el caso de la diputada Neme, quien viene padeciendo una campaña sistemática de difamación impulsada desde el canal estatal de Formosa. Entre los involucrados en esta ofensiva mediática se encuentran el ultragildista Juan Carlos Mereles, presidente de la Casa de Formosa en Alberdi y referente de los mesiteros alberdeños, empleado del diputado Cacho García; el periodista galardonado en los Premios "Norte Grande" Milton Bordón, jefe de prensa del diputado Ramiro Fernández Patri; y el director del canal, ex chofer del jefe de Gabinete Antonio "Pomelo" Ferreira. Hernández enfatizó que, si la justicia formoseña aplicara el mismo criterio que usó en su propia condena, el canal estatal y el Estado provincial serían responsables por brindar un espacio a figuras del oficialismo que utilizan los medios públicos para atacar de manera reiterada y brutal a una legisladora de la oposición. "Si el canal estatal te da un programa para que vos, militante de un espacio político, injuries a la oposición y denigres permanentemente a una legisladora, entonces, sin dudas, el canal y el Estado son responsables de lo que vos decís, porque están montando una operación política desde los medios financiados con fondos públicos", señaló. La diputada Neme ha adelantado que utilizará esta jurisprudencia para llevar ante la justicia a quienes participaron en la campaña de difamación en su contra, una acción que podría sentar un precedente clave en la lucha contra la utilización de los medios estatales como herramientas de persecución política y violencia de género institucionalizada.
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