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Concordia » Hora Digital
Fecha: 11/03/2025 09:05
El Gobierno firma un acuerdo con el FMI sin detallar monto de deuda ni medidas económicas. La polémica entre interpretaciones y el rol del Congreso en la aprobación. El Gobierno argentino ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para autorizar un programa de Facilidades Extendidas (EFF) por diez años con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el texto del DNU no especifica el monto de endeudamiento, lo cual genera incertidumbre, ya que la ley requiere detallar la operación de crédito para que sea aprobada por el Congreso. En su argumentación, el Gobierno señala que la Ley 27.612, conocida como Ley Guzmán, establece que todo programa de financiamiento u operación de crédito público con el FMI debe ser aprobado por el Congreso. Según el Ejecutivo, esto no implica que el Congreso defina los acuerdos en sí, sino que simplemente apruebe la operación de crédito a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. La controversia radica en la interpretación de si el Congreso debe aprobar no solo la operación de crédito en sí, sino también los detalles del programa económico y las medidas para sostener el ajuste fiscal, monetario y cambiario propuestos por el FMI. Mientras que el Gobierno sostiene que el Congreso no tiene que avalar los planes económicos, sino solo la operación de crédito, la oposición argumenta lo contrario. La discusión se intensifica al analizar si el FMI exige que el acuerdo deba ser aprobado por el Congreso argentino. Aunque la portavoz del organismo, Julie Kozack, ha señalado que es decisión del Gobierno enviar el acuerdo al Legislativo, la ley nacional establece que se debe obtener la aprobación del Congreso para garantizar la viabilidad del programa. En este contexto, se plantea la incertidumbre sobre la cantidad de deuda a contraer y los fondos frescos que llegarán con el nuevo programa. A pesar de que se mencionan las letras del Tesoro en manos del BCRA y su canje por la operación con el Fondo, no se detallan los montos exactos. Se estima que los fondos podrían ascender a más de 20.000 millones de dólares, contribuyendo a la flexibilización de las restricciones cambiarias. El DNU ha generado reacciones diversas, incluyendo la advertencia de posibles controversias legales en el futuro. Esto plantea interrogantes sobre la legitimidad de la nueva deuda contraída con el FMI, según Roberto Carlés, ex embajador argentino en Italia. La falta de claridad en los detalles de la operación y las posibles implicaciones legales podrían generar tensiones en el desarrollo del acuerdo.
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