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» Comercio y Justicia
Fecha: 11/03/2025 09:02
Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth ** Cuando aún no se había disipado la conmoción social por lo ocurrido con Loan en la Provincia de Corrientes, Córdoba y el país se vieron sacudidas por la desaparición de Lian Gael Flores, en la localidad cordobesa de Ballesteros Sud. Tristemente, son dos casos de los tantos que ocurren en nuestro país de desapariciones de niños. De acuerdo a datos publicados por la ONG Missing Children, hay 113 menores que se encuentran en esa condición. Oficialmente, conforme los números aportados en mayo del 2024 por el entonces jefe de gabinete Nicolás Posse, “continúan en trámite en el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (RNIPME) un total de 1.777 búsquedas, ya sea porque las personas menores de edad aún no han sido halladas o bien fueron halladas, pero todavía no fue informada tal circunstancia al Registro”. Muchos de estos casos son desconocidos para la opinión pública, otros han tenido una difusión masiva inicial que luego fue debilitándose con el tiempo. La falta de una pronta resolución, va produciendo una sensación de desasosiego social que se suma al incomparable dolor y desesperación que sienten sus padres, familiares y allegados. Lo cierto es que no se puede hablar de falta de voluntad de las autoridades públicas (judiciales, policiales y administrativas) en la prevención y búsqueda de la desaparición de menores de edad. No obstante, y sin descartar algunos casos puntuales de complicidad o ineptitud, existen dudas sobre la efectividad de muchas de las herramientas empleadas, así como de las políticas a partir de las cuales se implementan. Es que, junto con el registro mencionado por el ex jefe de gabinete, en los últimos años se diseñaron diferentes instrumentos destinados a combatir este flagelo. Uno de ellos es el programa conocido como “Alerta Sofia”, que lleva el nombre de tal vez uno de los casos más emblemáticos de esta triste realidad, el de Sofia Herrera, la nena que a sus 3 años desapareció, el 28 de septiembre de 2008, mientras estaba en un camping en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Este instrumento consiste en un programa de emergencia ante una situación de desaparición de niños y adolescentes que busca difundir de forma inmediata la imagen del menor, con su respectiva información, a través de las redes sociales, medios de comunicación, correos electrónicos, entre otros canales. Vale destacar que esta difusión no se agota en el ámbito nacional, sino que se extiende de manera global, a través de la colaboración de Facebook y del Centro Internacional sobre niños desaparecidos y explotados (ICMEC). Otro instrumento que podemos destacar es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), que tiene como objetivo coordinar “la cooperación entre el Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial y los Ministerios Públicos, las demás carteras del Poder Ejecutivo Nacional y cualquier otro organismo o ente centralizado o descentralizado, del orden nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que intervenga en la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de personas con identidad desconocida o cuya información pueda ser de utilidad para dar con el paradero y/o identidad de las mismas”. Sin embargo, y como dijimos antes, estas herramientas son en la actualidad objeto de críticas. Una de ellas, hecha por especialistas en el tema, es la falta de coordinación y centralización de la información que se recoge sobre la suerte de estos niños. Tal vez por allí se encuentre el origen de la criticada falta de resultados. Es que independientemente de las dificultades que conlleva cualquier tarea de prevención e investigación de asuntos de esta naturaleza, entendemos que, una de las causas que impiden mejorar su efectividad, es la histórica dificultad que tenemos en trabajar en conjunto y de manera coordinada. Cuando ocurre un hecho que involucra a un menor, surgen un sinnúmero de funcionarios, declaración, multiplicación de fiscales (de las justicias provinciales y federal), abogados y prensa, entre otros. Se trata de actuaciones concurrentes, difusión de informaciones múltiples que, según no pocos especialistas, esterilizan los avances antes de propiciarlos. Podría aplicarse aquí lo que dice el refrán, “muchas manos en un plato hacen mucho garabato”. Se impone en asuntos de tanta gravedad, trabajar de modo organizado. Por otra parte, en nuestro país no resulta raro que, ante un problema, se magnifiquen y sobreactúen las reacciones. Inmediatamente se dicta una ley, se crea un organismo para aplicarla, se organizan comisiones, entre otras cuestiones. En casi todos los casos, careciendo de una visión de conjunto. Algunos, de buena voluntad, creen que se así se solucionan los problemas, en tanto otros, con más o menos declarado cinismo, solo buscan calmar a la opinión pública para resguardar sus cargos, electivos o no. Lo cierto es que para evitar los problemas -o resolverlos en su caso-, y así como para resguardar a nuestra población de corta edad, hace falta que se trabaje bien, lo que no solo implica tener buena voluntad, sino también, conocimiento y capacidad para trabajar en equipo. Y, por sobre todo, voluntad de coordinar de modo centralizado la acción del Estado en estos asuntos. (*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. (**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
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