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» La Capital
Fecha: 10/03/2025 14:46
La conexión será el primer tramo a readjudicar en el esquema de privatización de rutas. La firma actual pide extender su situación como operadora para no dejar gente en la calle El gobierno nacional avanza con el proyecto de privatización de rutas de todo el país y el puente Rosario-Victoria es uno de los primeros corredores a renovar. En este caso no será una privatización, sino una readjudicación a través de la nueva licitación que dejará afuera a la actual concesionaria Caminos del Río Uruguay SA (CRUSA) que pidió prorrogar la concesión actual. La empresa informó que luego de reuniones con la Dirección Nacional de Vialidad, " la autoridad gubernamental rechazó dar una respuesta respecto de la situación de los más de 500 empleados que hoy desempeñan distintas tareas a lo largo de los trazados bajo concesión de Caminos del Río Uruguay S.A". Para eso sostiene que el "camino natural es prorrogar la concesión actual hasta que se defina un rumbo claro respecto de la licitación" . Esto significa, o bien CRUSA continúe con su administración, o que comience una transición ordenada a una nueva concesionaria. "Lamentablemente, desde el Gobierno Nacional, se rechazó esta propuesta ofrecida de buena fe por parte de la empresa, dejando sin respuestas las necesidades de usuarios y trabajadores", agregó. "Por este motivo y pese al insistente pedido que realizó CRUSA, ellos y sus familias, en su mayoría oriundas de localidades de la zona, no encuentran hoy certezas sobre su futuro a partir de la caída de la concesión, que se producirá el 8 de abril", explica en un comunicado. CRUSA acercó esta problemática por todos los medios posibles a los funcionarios gubernamentales, quienes se negaron a hacerse cargo de la situación. Pese a la dificultad que conlleva comprender una actitud tan negligente de las autoridades responsables, el actual concesionario seguirá buscando alternativas para los trabajadores y sus familias. Se trata de la empresa que desde 1990 logró la concesión de obra pública para mejoras y administración del corredor 18 y que luego agregó la conexión física Rosario-Victoria, que se inauguró en 2004. Puente Rosario-Victoria.jpg Puente Rosario - Victoria tuvo su inauguración en 2004 La decisión del presidente Javier Milei es el primer paso formal hacia el primer cambio de administración de la conexión con Entre Ríos desde su inauguración. Según fuentes oficiales, Argentina se encuentra en "condiciones económicas óptimas" para generar nuevas inversiones en la operación de las cabinas de peajes y el mantenimiento de caminos. "El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público", remarcaron desde la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). A continuación argumentaron que el esquema actual es deficitario y no ofrece beneficios reales para los usuarios. ¿Cómo será la licitación del puente Rosario-Victoria? El decreto firmado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece un plazo de 12 meses para la licitación del puente Rosario-Victoria. El plan apunta a elegir a los nuevos administradores antes del inicio de 2026. El mantenimiento y el cobro de peajes en la Ruta Nacional 174 se encuentra en manos de Caminos del Río Uruguay SA. La misma empresa opera en el resto del corredor vial 18, pero ahora se abre el juego para que otras empresas tomen el control de las principales conexiones viales de Entre Ríos y Corrientes. >> Leer más: El puente Rosario-Victoria frente a cambios en la concesión: lo que se va y lo que viene El gobierno dispuso un llamado a licitación pública nacional e internacional que incluye el puente Zárate-Brazo Largo, así como los accesos a los pasos fronterizos de Paysandú y Uruguayana. En todos los casos se habilitan "nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales" en la prestación de los servicios. Voceros de Vialidad Nacional señalaron que la apertura al capital privado apunta a reducir los gastos del Tesoro nacional. Según el cálculo de las autoridades, los subsidios a las concesionarias de rutas requieren un desembolso de 6.100 millones de dólares con una proyección entre 15 y 20 años.
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