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» Diario Cordoba
Fecha: 09/03/2025 15:22
El PSOE contiene las brechas internas tras el polémico acuerdo con Junts para delegar a la Generalitat las competencias en inmigración. Muestra de ello es que no forma parte del orden del día de la próxima ejecutiva del partido. Ni está previsto abordar este asunto ni tampoco someterlo a votación. Al contrario de lo que sí se hizo con el concierto económico que se pactó con ERC para la investidura de Salvador Illa. Entonces, la oposición interna fue transversal y sobrepasó a los sectores críticos habituales. Tampoco nadie ha pedido convocar al Consejo de Política Federal, que reúne a los secretarios generales autonómicos, según fuentes de la dirección. Una situación por la en Ferraz normalizan la digestión de este acuerdo. Las voces de rechazo se han limitado al barón díscolo Emiliano García-Page, siempre contrario a cualquier pacto con los independentistas, y de forma más matizada, al líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo. Desde su posición de distanciamiento con el PSOE, Felipe González también ha levantado el tono para rechazar esta cesión. En cargos orgánicos o institucionales no ha habido más fisuras. El proceso de renovación territorial con nuevos liderazgos autonómicos ha realineado todavía más a las federaciones con Ferraz y la hoja de ruta de Moncloa. La promoción de ministros candidatos y los esfuerzos por engrasar los vasos comunicantes entre partido y Gobierno han dado sus frutos. Así lo demostraría el tibio rechazo a este acuerdo, aun con silencios. Los socialistas además están inmersos en mirar ya al horizonte electoral de 2027, lo que reduce los choques, al menos en público. Al cierre de filas contribuye también el proceso de recentralización del partido. Los cargos en la cúpula de Ferraz ratificados en el último congreso federal que compatibilizan asiento en las federaciones territoriales se suceden (María Jesús Montero, Pilar Alegría y Francisco Lucas). En Ferraz trasladan que no hay intención de retocar la ejecutiva para evitar incompatibilidades y que liderar o formar parte de la dirección de una federación regional "no quita estar en la ejecutiva". Ni siquiera en el caso de la vicesecretaria general, número dos de la formación que ha tomado las riendas de los socialistas andaluces. La nueva vicesecretaria general del PSPV, Tania Baños, también pertenece a la ejecutiva federal. En la dirección ratificada por Diana Morant se incluye a Víctor Camino, igualmente con asiento en la federal, aunque su puesto en esta última es no nato como secretario de las Juventudes Socialistas. Los estatutos del partido salidos del 41 congreso federal señalan que “será incompatible simultanear un cargo en las Comisiones Ejecutivas Provinciales, Insulares, Regionales, de Nacionalidad o Autonómicas con ser miembro de la Comisión Ejecutiva Federal”. En el mismo artículo se añade que “el respectivo Congreso a propuesta de la Secretaría General podrá excepcionar el cumplimiento del presente artículo hasta en un 10% de sus miembros”, lo que da margen de maniobra a Pedro Sánchez para encajar una situación sin precedentes. “Se está cavando una zanja” Las críticas de García-Page se han centrado tanto en el fondo como en las formas del acuerdo, que ha tildado de “ultraderecha”. Un acuerdo, a partir de un “planteamiento absolutamente racista”. El barón díscolo ha recriminado que este pacto se aleja de los valores socialistas y que se debe a la máxima de “gobernar a cualquier precio”. “Me abochorno como socialista, como ciudadano y como demócrata”, concluyó el pasado jueves durante su intervención en el IV Foro Económico Español de Castilla-La Mancha. El líder de los socialistas castellano-manchegos también cargó contra la “tremenda hipocresía” de su partido al centrar su argumentario en levantar un “muro contra la extremaderecha” y pactar en esta materia con una formación que sitúa en las posiciones de Vox, pero en el marco independentista. “Plantear muros cuando se está cavando una zanja me parece grave”, subrayó, para añadir que "el Estado no puede hacer dejación del Estado. Respuesta de Ferraz El expresidente del Gobierno, Felipe González, respaldó posteriormente la posición de García-Page al sostener que las competencias en inmigración "no son ni transferibles ni delegables. Unas palabras ante las que desde la dirección socialista responden que se adecua al marco constitucional porque no se trata de una transferencia, sino de una delegación de competencias a partir del artículo 150.2 de la Carta Magna. “Una delegación de competencias significa que la titularidad de esa política sigue residiendo en el Gobierno de España", matizaba la vicepresidenta primera y número dos del partido, María Jesús Montero para asegurar que "nosotros no hemos modificado nuestra política migratoria". En la línea de hacer pedagogía e invitar a cerrar filas, Pedro Sánchez enmarcaba el acuerdo como una muestra de “normalización política” en Cataluña, dejando atrás el ‘procés’ independentista. En rueda de prensa desde Bruselas tras participar el pasado jueves en el Consejo Europeo, defendía que en “España ha habido hasta siete delegaciones de competencias, algunas con el PP en el Gobierno, con José María Aznar, y no parece que se haya roto España. España está más unida, tiene más empleo, crece más y tiene más influencia que cuando gobernaba el PP. Ayer vimos cómo una gran empresa que se fue durante el ‘procés’ regresa porque se ha estabilizado la situación. Esto es lo importante. Debemos felicitarnos todos de que la crisis constitucional esté hoy encontrando un cauce de normalización”. Con un tono más constructivo y evitando la confrontación directa, el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, defendió la política de inmigración "como una política de Estado consagrada en nuestra Constitución". Desde su entorno, tanto antes como después de revalidarse en primarias, siempre aseguraron que no iba a dejar de expresar sus propios puntos de vista, para compatibilizar estas posiciones con una buena relación orgánica. De este modo, también emplazaba a los suyos a esperar a la tramitación de la norma, que en estos momentos no contaría con mayoría en el Congreso y analizar su letra pequeña.
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