09/03/2025 23:21
09/03/2025 23:21
09/03/2025 23:20
09/03/2025 23:20
09/03/2025 23:20
09/03/2025 23:20
09/03/2025 23:20
09/03/2025 23:20
09/03/2025 23:20
09/03/2025 23:20
» Diario Cordoba
Fecha: 09/03/2025 15:21
Podemos empleó la denuncia por presunto acoso sexual contra Juan Carlos Monedero como un arma política para intentar neutralizar sus críticas a la postura oficial, que abogaba romper con Sumar. La formación, que no actuó a nivel interno contra el dirigente, sí utilizó la información para acallarle. Un modus operandi que no es puntual y que también fue empleado con otros cuadros que ocuparon cargos en Podemos y fueron después expulsados con pretextos disciplinarios por no compartir la línea de la dirección estatal. Una cascada de salidas que comenzó en 2017, tras la fractura de Vistalegre 2 que llevó a Pablo Iglesias a tomar el control total de la organización tras su pulso con Iñigo Errejón. Uno de los episodios más recientes tuvo lugar en Asturias, donde en febrero del año pasado Podemos terminó expulsando del partido a Covadonga Tomé, su candidata y única diputada autonómica, por mostrar tesis favorables a tender puentes con Yolanda Díaz. "Prefirieron quedarse sin representación en Asturias a mantenerla en el partido", recuerda Daniel Ripa, quien fuera secretario general de la federación asturiana entre 2015 y 2021, cuando perdió las primarias frente a la candidatura oficialista, encabezada por la entonces diputada y miembro de la ejecutiva estatal, Sofía Castañón. Dos años después de su expulsión, Ripa ha rehecho su vida a nivel profesional y es profesor de Psicología Social en la Universidad de Extremadura, mientras permanece ligado a los movimientos sociales de Asturias. Relata a este medio la crudeza de su salida después de haber alumbrado el partido en el territorio y denuncia que su expulsión fue motivada por no plegarse a la dirección estatal. A él, señala, también intentaron neutralizar sus posiciones políticas favorables a Sumar apelando a supuestas denuncias que utilizaron como "arma política" para apartarlo. "Un cargo de la dirección estatal me encerró en una sala y me dijo 'hay una denuncia contra ti y si no te apartas, esa denuncia va a salir en los medios de comunicación y te va a destruir", rememora. "Nunca me dijeron el motivo de aquella supuesta denuncia, porque luego sacaron otra cosa para expulsarme", continúa Ripa, que rechazó la petición de la cúpula y confrontó en primarias con la lista oficialista, perdiendo por un centenar de votos. En aquel momento, Podemos se centraba en rearmar el partido en los territorios con cargos de demostrada lealtad a la cúpula para evitar las deserciones en favor de Sumar. "El modus operandi es evidente que es el mismo", relata. "En el caso de Monedero, utilizó las denuncias para que se callara. Este era el procedimiento que utilizaba Podemos: o haces esto o hay una denuncia que vamos a tramitar o filtrar y la vamos a usar para atacarte", continúa Ripa, que apunta a que más allá de que "la denuncia sea real o inventada, la usan cuando hay una divergencia política como fue nuestro caso con Sumar". "Era sistemático cómo utilizaban políticamente la comisión de garantías", señala, sobre el tribunal interno de Podemos. "Buscan destruir el capital humano" Después esta advertencia la dirección del partido intervino las cuentas bancarias de la federación asturiana. "Se inventaron que habíamos hecho mal uso de fondos económicos que provenían de nuestras donaciones del salario público y que usábamos para financiar proyectos sociales", rememora. "Entre ellos estaba el de un músico asturiano que era desconocido, Rodrigo Cuevas, y que dos años después recibió el premio nacional de música". Aquel proyecto fue paralizado por la cúpula, y el partido traspasó el dinero a la cuenta bancaria estatal. "Nos decían que era corrupción, como si hubiéramos ecchado a gente que era como Bárcenas en Podemos", rememora, asegurando que con estos procedimientos "buscan destruir el capital humano": "Cuando hacen eso no están buscando cortar la carrera política, sino también la personal y profesional. Aquel motivo le valió después la expulsión, junto al "daño a la imagen del partido" por criticar los pasos de la dirección, un comodín empleado en muchas de las expulsiones. "Nosotros defendíamos la apertura del partido y la convergencia con Sumar, pero desde Madrid iban a la guerra abierta con Yolanda Díaz", relata. A partir de estas posiciones, Ripa recuerda que desde el ala oficialista "empezaron a presentar denuncias de forma sistemática por opiniones o publicaciones". "En total, expulsaron a 15 personas", recuerda. Unos días antes de registrarse la lista electoral con la que Podemos concurriría a las autonómicas de mayo de 2023, Podemos expulsó a varios miembros de la candidatura, encabezada por Covadonga Tomé, que se había impuesto a la opción oficialista en las primarias previas a las elecciones. Después de aquello, tanto Tomé como el sector crítico -entre ellos el propio Ripa- se encerraron en la sede de Podemos en Gijón en señal de protesta por las expulsiones. Ese encierro sirvió después de pretexto para expulsar a la propia candidata. Entre las denunciantes estaba la dirigente que perdió las primarias contra ella. En Fuenlabrada por las mismas fechas también hubo un encierro de similares características, aunque entonces se hacía para ir solos a las autonómicas, contra la directriz de la dirección madrileña de concurrir con IU. En este segundo caso respondían a las tesis de la cúpula estatal de Podemos y no fueron expulsados ni expedientados, sino que forman parte de la actual dirección autonómica liderada por la eurodiputada Isa Serra. Ripa admite seguir sintiéndose representado en las tesis políticas de Podemos, pero carga contra la gestión que han hecho del partido sus principales dirigentes, para quienes "cualquier persona es disidente porque hay un proyecto supeditado a ideales personales". Expulsiones previas El caso asturiano, pese a ser el más sonado, no fue el único. A lo largo de los últimos años se han producido expulsiones de dirigentes que estaban en primera línea política por no compartir las principales tesis. Si ahora el tribunal interno se encuentra "intervenido políticamente" y guarda interlocución directa con la gerencia del partido, en ocasiones anteriores basaron distintas expulsiones en un órgano que ni siquiera estaba contemplado en los estatutos, como es el Comité de Seguridad y Salud Laboral, dependiente directamente de la cúpula a través de su gerencia. En el año 2017, tras la fractura del partido en Vistalegre 2, la cúpula liderada entonces por Pablo Iglesias no dudó en expulsar a la presidenta de la Comisión de Garantías elegida unos meses antes, Olga Jiménez, después de que cuestionara los nuevos estatutos del partido. Desde entonces, el órgano ha permanecido bajo el control de la dirección. En las anteriores elecciones autonómicas de 2019, Podemos impidió que dos candidatos se presentaran en Cantabria y La Rioja basándose en sendos informes de este órgano, con candidatos que no formaban parte de la línea oficialista. Estas dos expulsiones fueron después anuladas por la justicia, que consideró que los procesos no guardaban las mínimas garantías y que el partido vulneraba el derecho fundamental de sufragio pasivo. En el caso de La Rioja, Podemos impidió al entonces portavoz parlamentario, Germán Cantabrana, presentarse en el proceso de primarias internas y le despidió disciplinariamente en base a un informe negativo de este Comité. La Justicia condenó después a la formación a indemnizarle con 160.231 euros, asegurando que la salida "carecía de justificación al no haberse acreditado por parte de la empresa las causas y conductas que se imputan al trabajador en la carta de despido". La sentencia señalaba como motivo principal de la expulsión el "conflicto ideológico" con el afectado. El juzgado consideraba probado que la formación morada vulneró el derecho fundamental de sufragio pasivo al excluir su candidatura. Lo mismo sucedió en Cantabria en 2019, cuando la dirección del partido impidió a la diputada nacional Rosana Alonso presentarse a primarias para aspirar a la Presidencia de Cantabria, en base también a un informe del mismo Comité de Seguridad y Salud Laboral; un órgano que no aparecía -ni aparece a día de hoy- en ningún organigrama interno de Podemos ni del que existe rastro alguno sobre su composición. En este caso, la Audiencia de Cantabria ratificó que la decisión fue "consecuencia del clima de enfrentamiento". Este caso, además, guarda ciertos paralelismos con el caso de Asturias, y la sentencia pone el acento en el informe y en la falta de "las más mínimas garantías de los afectados, que ni siquiera fueron oídos". El hecho de que sólo se escuchase a una de las partes llevó a que, según la sentencia, el informe "no puede ser tenido en cuenta" como un elemento decisivo para la expulsión. Este elemento también llevó a condenar a Podemos por vulneración derechos fundamentales -derecho a sufragio pasivo- y ahora podría dar alas a los críticos de Podemos Asturias para, llegado el caso, continuar la batalla en los tribunales.
Ver noticia original
.png)
 (300 x 300 px).gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por