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» El Ciudadano
Fecha: 09/03/2025 12:37
Mariángeles Guerrero El 8 de marzo de 2023, en el norte de la ciudad de Santa Fe, Julián Castillo tuvo una crisis subjetiva en la vía pública. Tenía 32 años, estudiaba Sociología, trabajaba en un centro cultural provincial y atravesaba una situación de consumo problemático. “Mientras estaba en la calle empezó a correr porque tuvo una situación de delirio persecutorio, llegó la Policía y profundizó esa situación de crisis”, relata Cecilia Santamaría, su madre, quien denuncia que no se cumplieron los protocolos previstos para estas situaciones. Precisa que a su hijo lo persiguieron, lo tiraron al piso y lo detuvieron. En ese momento se acercó un compañero de trabajo que estaba con él, pero los policías le impidieron acompañarlo. Camino a la comisaría, los efectivos policiales notaron que Julián se había descompensado y lo llevaron al Hospital Cullen. Llegó al nosocomio sin signos vitales. Dos años después hay cuatro imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El 26 de febrero y el 6 de marzo hubo audiencias imputativas respecto del médico policial Salvador Biscari y de tres agentes de la Policía de Acción Táctica de la provincia: Exequiel López, Cristian Pighin y Jesús Nicolás Bonet. El abogado Guillermo Munné, que representa a la familia, detalló que la calificación provisoria es incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber omitido las guías de actuación respecto a las situaciones de salud y crisis subjetivas. El fiscal interviniente es Ezequiel Hernández. “Fue una muerte evitable e injusta. Los tiempos de la Justicia generan mucha desazón, necesitamos mayor celeridad en las respuestas y también políticas de Estado para abordar estas problemáticas”, afirma Santamaría. “La muerte de Juli ocurrió por el incumplimiento de los protocolos que están establecidos para el abordaje de estas situaciones de crisis. Esa detención violenta generó una situación de tormento en medio de la crisis que él estaba padeciendo”, señala. Aún no está dilucidada la causa de la muerte, pero la autopsia descartó una sobredosis. Hoy la familia de Julián sostiene tres consignas: “No a la precarización laboral”; “No a la mercantilización de la salud”; “No a la criminalización de las adicciones”. Santamaría explica: “Esto es una trama que debe ser mirada como sociedad, que nos involucra a todos y el Estado debe diseñar políticas que puedan dar respuestas”. ¿Dónde estuvo el Estado en los últimos años de Julián Castillo? En la tarde calurosa del 8 de marzo de 2023, Cecilia, que es militante feminista y sindicalista, estaba en la marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En ese momento recibió el llamado de un compañero de su hijo: le avisaba que lo habían detenido y lo trasladarían a la comisaría 8ª o al hospital Mira y López. En ninguno de los dos lugares estaba Julián, y su detención no estaba informada en el sistema. Nadie sabía nada. Sin datos certeros, se acercó al hospital Cullen. Allí aparecieron los primeros indicios de que un joven sin identificar había sido trasladado desde la comisaría 1ª. Según supo después, en el camino los policías advirtieron que el joven se había descompensado y decidieron llevarlo al Hospital Cullen. El médico que lo recibió declaró que llegó sin signos vitales. Julián estaba realizando tratamiento por consumo problemático, pero en ese camino también encontró escollos, violencias. Su madre recuerda que, para ingresar a tratarse a una clínica privada, le exigían un proceso previo de desintoxicación. La clínica decía que había solicitado cama al Hospital Protomédico y que no había disponibilidad, por lo que el joven hizo el proceso en su casa. Tiempo después, la madre comprobó que la clínica nunca la solicitó. Una vez ingresado en la clínica (Cambio de hábitos) “hubo muchas negligencias, con dispositivos que supuestamente estaban, pero que después no funcionaban”, cuenta Cecilia. Él había sido derivado allí desde la agencia estatal Aprecod (Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento integral de las Adicciones). Pero ese efector privado no tenía ningún monitoreo del Estado. Julián estaba precarizado en su trabajo en el Estado. Trabajaba en el centro cultural El Molino, dependiente de la provincia. “Esto tiene un vínculo directo con el consumo problemático, ya que provoca frustraciones, imposibilitando realizar cualquier proyecto” afirma Santamaría. Además del desamparo, el joven también sufrió violencia institucional. El 18 de octubre de 2022, había sido detenido por una crisis subjetiva en la vía pública. El abordaje policial de la situación fue mantenerlo esposado a una columna de la comisaría 1ª durante horas. Santamaría recuerda a su hijo como una persona muy comprometida y militante desde lo artístico. “Era muy sensible y le dolían mucho las injusticias. Tenía una vida social muy activa”, comparte. Y suma una reflexión, apuntando a lo colectivo: “Pienso en lo que nos está pasando como sociedad, en el despojo que vive la juventud, en la precarización laboral y en la falta de cobijo para los proyectos de los jóvenes”. “La seguridad es un tema muy candente en nuestra provincia y el foco se pone en la cuestión del narcotráfico, en lugar de ver el tema desde una mirada integral. El narcotráfico está vinculado con el consumo problemático, con el narcomenudeo, con la pobreza, con la falta de la presencia del Estado en los ámbitos más vulnerables. Si no se ve el mapa de esta trama, no se van a poner más que parches”, sostiene. No es un hecho aislado Valería Mustoni integra la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), e informó a El Ciudadano que a esa organización llegaron otras situaciones similares. “Las fuerzas de seguridad actúan como si se tratara de cualquier tipo de detención, sin ningún tipo de herramientas porque no tienen esa preparación y porque además proceden, como siempre, con el uso de la fuerza”, asegura. Y explica que, como regla para cualquier detención, la Policía debe actuar de manera de no provocar un daño a la persona que está deteniendo. “Hay una relación de fuerza, de una ventaja mayor para el funcionario público. Y cuando se combina esta situación con problemas de salud, lo que deberían hacer es tratar de contener la situación y llamar a personal especializado para contener la situación y brindar la ayuda que se necesita. Pero no hay mecanismos a nivel nacional que articulen esto”, puntualiza. Consultada sobre si hay una combinación entre la población que suele ser víctima de la violencia institucional y jóvenes que atraviesan situaciones de consumo problemático, responde: “Totalmente. La mayoría de las detenciones arbitrarias en los barrios, que muchas veces terminan en muertes en cárceles y comisarías, se tocan con problemas de consumo. Ni hablar en casos de personas en situación de calle”. El 15 de febrero de 2024, Ariel Goyeneche vivió una situación de delirio persecutorio en las calles de Paraná. Atormentado, subió al techo de una vivienda. El dueño de la casa lo vio; Ariel le dijo que lo estaban persiguiendo para matarlo. El vecino llamó a la Policía. Cuando llegó un patrullero, Ariel bajó del techo por sus propios medios, sin oponer resistencia. Y le volvió a decir a la Policía que estaba asustado, que lo estaban persiguiendo para matarlo. El joven –relata su hermana, Analía Goyeneche– presentaba signos evidentes de excitación. La Policía le preguntó si había consumido algo y él respondió que había consumido cocaína. Aceptó que lo lleven esposado y subió al patrullero en dirección a la comisaría 2ª de la capital entrerriana. Cien metros antes de llegar a la comisaría, Ariel se bajó del auto y empezó a correr. La Policía dijo que intentó escapar. “Él corrió hacia la Jefatura de Policía de Paraná y entró pidiendo auxilio, diciendo «Me quieren matar»”, cuenta Analía. Para ella, esa “fue otra manifestación clara y evidente de que él estaba en un delirio de persecución”. De la Jefatura, los policías lo sacaron a empujones y lo volvieron a meter en el patrullero, donde lo tuvieron rodeado durante 40 minutos. Gracias a un testigo que filmó la situación, alertado por los gritos de Ariel, quedó registrado un video en el que se ve cómo lo tiraron a la calle frente a la Jefatura de Policía. El testigo vio que dos efectivos se le pararon encima, uno a la altura del cuello y otro sobre las piernas. “Estuvieron así 25 minutos, en los que Ariel pedía por favor que lo suelten. Los policías no sabían que estaban siendo filmados. La cámara de la Policía que apunta hacia ese lugar no funcionaba, por lo que los policías pensaron que nadie los estaba viendo. En esa situación, Ariel perdió la vida. Después, todavía con las esposas puestas, le hicieron RCP”, relata Analía. “Más tarde, los policías testificaron que Ariel se tropezó con una piedra y comenzó a convulsionar. También dijeron que la ambulancia demoró, pero sólo tardó cuatro minutos en llegar. Por el informe preliminar, la causa de la muerte fue asfixia. Lo que resta determinar es el tipo de asfixia que ocasionó la muerte de Ariel. Una vez que se tenga ese dato, se procederá con las imputaciones”, agrega. Actualmente, la familia Goyeneche está esperando una nueva exhumación del cuerpo para terminar de precisar la causa de la muerte. “Nos duele profundamente en el alma porque Ariel era una persona muy buena, muy pacífica y hoy quedó una familia a la que le falta un hermano y una nena a la que le falta su padre. Él tenía su trabajo, su familia. Tenía periodos largos donde no consumía, esto fue una recaída y una crisis subjetiva de persecución paranoide. Si no hubiese existido una intervención indebida de la Policía, si hubiesen aplicado los protocolos que indican que la primera intervención es la sanitaria, mi hermano estaría con vida”, asegura Analía. Y pide que no haya impunidad. Considera que es necesario tomar aprendizaje y mayor conciencia para no criminalizar las situaciones de consumo problemático. “No todo aquel que tiene una crisis por consumo es un criminal o es una persona que está cometiendo un delito”, concluye.
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