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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 08/03/2025 05:23
Javier Milei y Luis Caputo, en la última cumbre presidencial del G20 El Gobierno estima y transmite que las tratativas con el FMI se encaminan decididamente al acuerdo. Anota gestiones en Washington, oxigenadas en el inicio de esta nueva etapa de Donald Trump; agota conversaciones técnicas y en estas horas, acelera para lograr aval del Congreso. El remate es al menos llamativo por tres razones: no se conocen montos ni contenidos del entendimiento que viene, la tensión política parece atada al instrumento y no a la muy cuestionable ley que demanda ese paso legislativo y, para completar, vuelve a quedar de lado el debate central, que es la carencia de Presupuesto. La necesidad de pasar por el Congreso fue atendida por Olivos de una manera original, aunque sin discutir la imposición legal. Eligió después de algunas vueltas el camino de un DNU. Hace apenas una semana, ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei le había dado de baja a la idea que, como sondeo, había sido difundida desde filas del oficialismo para sostener que no era necesario el respaldo legislativo, forzando argumentos técnicos para sostener que el país no estaría tomando deuda. El discurso presidencial dejó de lado ese ensayo. Y comprometió formalmente el paso por el Congreso, sin más detalles. Las precisiones se conocieron cinco días después, con el anuncio sobre la vía del decreto. Para sostenerlo, se difundieron diversas explicaciones, más bien necesidades en formato de objetivos. Antes que nada, dicen, se trataría de transitar un camino que permita actuar en velocidad y garantice aval político, a pesar de un posible traspié en el Senado. Ese pronóstico -una derrota en la Cámara alta- dominó el criterio del oficialismo, a contramano de otras experiencias recientes, como la registradas en las votaciones del final de sesiones extraordinarias (PASO, juicio en ausencia, ley antimafia). No fue lo único. A esas condiciones se agregó, ya como repetición, la idea de retomar el manejo de la agenda o recuperar la ofensiva. Es algo que habla de un punto de partida complejo y que, de manera ineludible, remite al impacto del criptogate. En cuanto al trámite legislativo, la cuenta parece sencilla, a primera vista. Un proyecto de ley, como se sabe, necesita sanción de las dos Cámaras para su coronación. En el cálculo del reducido círculo presidencial, asomó como segura una derrota en el Senado, donde el peronismo/kirchnerismo está a tres votos de la mayoría absoluta. No vale mucho entrar en especulaciones sobre la posición de otros espacios -socios o dialoguistas, a pesar de que un trabajo inteligente sobre gobernadores y negociaciones más amplias con otros bloques permitió mostrar enormes fisuras en UxP, junto a la celebración por la suspensión de las PASO y la sanción de otras leyes. Visto así, entonces, el DNU ofrece una ventaja ampliada por obra de Cristina Fernández de Kirchner. El decreto funciona como ley salvo que se rechazado expresamente. Y ese rechazo debe ser expuesto por las dos Cámaras. El oficialismo, se ha dicho, considera que tiene perdida cualquier batalla sobre el tema en el Senado y confía o apuesta a un tejido que le permita resistir en Diputados y mantener así al decreto en pie. El Senado, prueba otra vez difícil para el oficialismo Aún si se toma como razonable la jugada, nada asegura la velocidad reclamada sin vueltas por Luis Caputo. Y en versión más acelerada, la idea de la urgencia atada al trámite formal antes que a la negociación política. El envío del texto al Congreso, el tratamiento en la Bicameral que corresponde y el posterior paso por cada Cámara demanda sus tiempos. Pueden ser ajustados, aunque eso depende de la amplitud y de la efectividad de las negociaciones que, en cualquier caso, debe encarar el Gobierno. Es decir, el decreto mantiene su vigencia desde el primer minuto, pero también puede ser acompañada por incertidumbre si las cuentas en Diputados no están aseguradas para el Gobierno. Otra vez, y naturalmente, el tejido de la negociación incluye en primer lugar a los aún considerados socios. Y debe superar esa línea. Es compleja la relación con el PRO, que escala en sus tensiones internas precisamente en torno a la relación o alianza con Milei. Tampoco es sencillo el tema del DNU para la franja del radicalismo más predispuesta a las conversaciones. Se añaden las vías con otros espacios, como Encuentro Federal y varios provinciales. Y se suman, de manera cada vez más visible, los tratos directos con gobernadores. Todo, en el caso del acuerdo con el FMI, para resistir en Diputados y no para avanzar con una ley. Dicho de otra forma: el mecanismo elegido también depende de la negociación política. Olivos buscó transmitir alivio frente a las últimas señales del FMI sobre este punto en particular. Eran conocidas las señales externas a contramano de los amagues para eludir compromisos políticos domésticos. Desde el Fondo, dejaron en claro que la cuestión del paso por el Congreso no es tema de su competencia. Pero a la vez, destacaron el sentido positivo de los mayores niveles posibles de consenso político. El oficialismo tiene frente a sus planes la realidad compleja del Congreso, en año electoral: eso supone además de competencia en la superficie, mayores demandas de algunos de sus interlocutores, comenzando por los jefes provinciales. El caso de los pliegos para la Corte Suprema se anota en el mismo tablero. Y expone como agregado que no todo lo que se dibuja en el escritorio político es traducido sin sobresaltos en la práctica. Acaba de ocurrir con el episodio del máximo tribunal sobre las condiciones para la jura de Ariel Lijo, junto con las partidas aún irresueltas en la Cámara alta, que también incluyen a Manuel García-Mansilla. Final abierto. En el capítulo que se abre ahora, resulta llamativa la ausencia de debate sobre cuestiones asociadas de manera directa a las tratativas con el FMI. Una de ellas viene de arrastre: la ley bautizada Martín Guzmán. Y otra es reciente: la falta de aprobación del Presupuesto 2025. La ley aprobada en la etapa de Alberto Fernández es atribuida más que al escaso poder del ex presidente, a su ministro de Economía, que CFK primero apoyó y después esmeriló. En rigor, la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública tuvo como foco la interna desgastante del peronismo. Buscó respaldo para su propio gobierno, cuando el “camporismo” jugaba a la crítica y a la diferenciación. La cuestión de fondo, destacada por legisladores críticos pero no alineados en la oposición cerrada, es la falta de Presupuesto, consecuencia del fracaso de un acuerdo que resultó a la medida del oficialismo para manejarse con más que elásticas prórrogas presupuestarias. Lo que ocurre ahora puede ser resumido así: se acepta formalmente el criterio según el cual un acuerdo con el FMI debe pasar por el Congreso y se elude la aprobación del Presupuesto, que define entre otros puntos el endeudamiento. Es lo que se apresta a consagrar esta etapa política.
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