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» Diario Cordoba
Fecha: 06/03/2025 13:36
Un notario de Córdoba se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por un presunto delito de falsedad en documento mercantil, en concurso con un intento de estafa agravada, durante la venta de acciones de una empresa constructora en el año 2013. Pese a acordarse el sobreseimiento hasta tres veces durante la fase de instrucción, finalmente este acusado ha sido juzgado este jueves por la sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba. Junto a él, han sido procesados el administrador de la empresa y un hermano de la querellante. Para cada uno de estos últimos, la fiscal reclama un año y nueve meses de prisión. De este modo, las acusaciones sostienen que se certificó que la viuda de un empresario era titular de las acciones, presuntamente, a sabiendas de que el fallecido era propietario. El administrador de la sociedad firmó esta certificación y su padre (que ya era socio) compró las acciones. En cuanto a la presunta implicación del hermano de la querellante, se encontraba apoderado por su madre, que en ese momento contaba con 79 años de edad. Se da la circunstancia de que, días antes de realizar la transacción, el administrador único de la constructora aportó un certificado a la notaría donde negaba que la viuda o su hijo fuesen titulares de las acciones. Sin embargo, una hora más tarde acudió de nuevo para rectificar esa información afirmando que esta persona, ya fallecida, sí era titular. En caso de que las acciones perteneciesen al empresario, debían transmitirse a los hijos en herencia. Un concierto para dejar a la hermana fuera En sus conclusiones definitivas, el Ministerio Fiscal ha sostenido que el hermano de la denunciante se concertó presuntamente con el administrador de la empresa para apartar a la acusadora de tales acciones y ha aludido a los posibles problemas hereditarios en la familia. Además, ha planteado que "difícilmente" desconocía el notario que las acciones pertenecían al fallecido, dada su relación como cliente. También ha hecho referencia a la rectificación del certificado por parte del administrador único de la empresa, apuntando que "una mínima diligencia" para esclarecer la titularidad podría haber paralizado la operación. La fiscal ha apuntado que "la finalidad de la venta de las acciones era apartar" a la denunciante del acervo hereditario, pero "no ha llegado a ser consumado porque estamos aquí". Así, reclama que se anule la póliza de compraventa. Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. González La acusación particular, por su parte, ha reivindicado que "las acciones no eran propiedad privativa" de la viuda y "no las podía transmitir". En esta línea, ha aludido a la edad de esta persona, ya fallecida, y ha manifestado que "hace estas operaciones con el auxilio de su hijo". Entre otras ideas, ha apuntado que fueron adquiridas con dinero prestado por la propia empresa y con el certificado suscrito por el hijo del comprador, y ha afirmado que el notario acusado, durante la fase de instrucción, admitió haber redactado la póliza mercantil. Así, ha indicado que el hermano de la denunciante, presuntamente, se habría apropiado de lo pagado por las acciones y la familia del administrador único se habría hecho con el control de la sociedad. "El certificado era el único título válido" Durante el interrogatorio, el notario ha explicado que el certificado de titularidad de las acciones "era el único título válido para mí". En esta línea, ha cuestionado la posibilidad de verificar que la viuda era propietaria, ya que, aunque hubiese accedido a la escritura de constitución de la sociedad (de los años 70), "no me vale", dado que pudieron efectuarse otros negocios con posterioridad que no constaran en ella. También ha declarado el hermano de la denunciante, quien ha afirmado que "mi madre no contaba ni conmigo ni con mis hermanas", aunque ha admitido que "me hizo un poder para actuar en su nombre". Este acusado ha sostenido que la compraventa fue realizada por su madre y por el padre del administrador único, a pesar de que durante el juicio se ha apuntado que ella no accedió a la sala donde estaban reunidos en la notaría por problemas de movilidad. El primero en declarar ha sido la del administrador único de la constructora, quien ha apuntado, entre otras ideas, que el certificado de titularidad le fue aportado por el notario. En cambio, un trabajador de la notaría ha asegurado que "no lo hicimos nosotros". El administrador se ha preguntado ante el tribunal "¿qué ganaba?" posibilitando tal operación y el abogado de la acusación particular le ha respondido que cobraba un sueldo de la constructora y que supuestamente acabaron por convertirse en accionistas mayoritarios. Cuatro años de cárcel, inhabilitación y multa En cuanto a las penas a las que se enfrentan los acusados, el Ministerio Fiscal ha solicitado cuatro años de prisión, cuatro años de inhabilitación y una multa de 28.800 euros para el notario por el supuesto delito de falsedad en documento mercantil en concurso con el intento de estafa agravada. En caso de que sea considerado responsable del delito en la modalidad de imprudente y no doloso, reclama una multa y nueve meses de inhabilitación. Asimismo, como se ha referido, solicita que se impongan un año y nueve meses de prisión para cada uno de los otros dos encartados.
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