06/03/2025 08:47
06/03/2025 08:46
06/03/2025 08:46
06/03/2025 08:45
06/03/2025 08:44
06/03/2025 08:44
06/03/2025 08:43
06/03/2025 08:42
06/03/2025 08:41
06/03/2025 08:41
» Diario Cordoba
Fecha: 06/03/2025 02:00
Las metodologías y estrategias negociadoras de PNV y Junts poco tienen que ver. Los nacionalistas vascos, además, son considerados por el Gobierno como “socios prioritarios”, lo que ratifica el acuerdo de gobernabilidad entre el PNV y el PSE-EE en las instituciones vascas. Quizá por ello, la formación que ahora presidirá su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha ido avanzando a otro ritmo y con menos ruido en lo referente a la delegación de competencias en inmigración que Junts cerró con el Gobierno este martes tras 14 meses de conversaciones. Al inicio de la legislatura, el Gobierno transfirió a la comunidad autónoma vasca las políticas de integración de migrantes. Después acordó delegar a la Ertzaintza la seguridad de puertos, aeropuertos y otras infraestructuras críticas, junto a la Guardia Civil y Policía Nacional. Un despliegue que se materializó hace ahora un mes. Sin embargo, los jeltzales nunca dieron por cerrada esta carpeta, para asumir más competencias, y el pacto con Junts se presenta como el “marco” para acelerarlas. Desde el Ejecutivo dicen estar dispuestos a “estudiar” la delegación de las competencias pactadas con Junts a otras comunidades autónomas que lo pidan. Concretamente Euskadi, según apuntan, puesto que desde el PP consideran que el texto de la ley registrada en el Congreso vulnera el marco constitucional. Aunque la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que no le constaba que otros territorios hayan “manifestado la voluntad de asumir esta delegación de competencias”, el lehendakari, Imanol Pradales, así lo ha traslado. Algo que reconocen otras fuentes del Ejecutivo. Si bien remarcan que las realidades del fenómeno migratorio en ambas comunidades son diferentes, están dispuestos a sentarse y extender sus competencias. En la propia exposición de motivos de la ley registrada conjuntamente por PSOE y Junts se destaca que “el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y si nos fijamos en el lugar de nacimiento este porcentaje se eleva hasta el 25,1%”. En Euskadi, las personas con nacionalidad extranjera no llegan al 10%, según datos de Eustat. El Gobierno y el ejecutivo vasco ya han avanzado recientemente en el traspaso de las competencias para delegar la gestión de los permisos de trabajo y la atención a los solicitantes de asilo. El propio acuerdo de gobierno entre el PNV y el PSE-EE se compromete al traspaso de todas las competencias previstas en el Estatuto de Gernika. En materia de seguridad, a pesar de que la Ertzaintza ya está presente en organismos de coordinación policial, desde el PNV reclaman ampliar sus capacidades y “garantizar su intervención y participación en el espacio europeo Schengen”. El pacto alcanzado con Junts va en esta dirección. Además de que, como la Ertzaintza, los Mossos gestionarán la seguridad de puertos y aeropuertos, de "zonas críticas", y de fronteras, en "cooperación" con el resto de Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, Cataluña también podrá expulsar a los inmigrantes que tengan prohibición de entrada. Lo que se conoce como devoluciones en caliente. En los casos en los que se requiera un expediente, la Generalitat podrá hacer una propuesta de expulsión, teniendo en cuenta "los criterios orientativos que ofrezca la Junta de Seguridad de Cataluña", pero la decisión final será del Estado. Refugiados y CIE Según recoge el texto de la proposición de ley presentada por socialistas y posconvergentes en el Congreso, los Mossos "ejercerán la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y de explotación de seres humanos". En manos de la Generalitat quedará también los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). El gobierno vasco gestiona la acogida de refugiados, pero no los CIE. En lo referente a las contrataciones en origen, será la Generalitat quien determine "los perfiles y el contingente de trabajadores extranjeros". Esto es, “establecer la previsión anual de las ocupaciones y, en su caso, de las cifras previstas de empleos que se puedan cubrir a través de la gestión colectiva de contrataciones en origen en un período determinado, en relación a las necesidades de Catalunya”. “Nuevas competencias” La portavoz del gobierno vasco, María Ubarretxena, ya anticipó tras el registro de la ley firmada por PSOE y Junts, que Euskadi mira con "gran interés este asunto y lo tendrá muy en cuenta en las negociaciones pendientes con el Estado. "Si lo vemos conveniente por supuesto que Euskadi también analizará la posibilidad de pedir nuevas competencias" en inmigración, aseguró sin querer concretar. El último 'Informe sobre actualización de las transferencias pendientes a la Comunidad Autónoma del País Vasco', recoge entre las competencias pendientes la “tramitación y resolución de los expedientes de inspección y sanción en materia de inmigración” o la “participación en las decisiones del Estado en materia de inmigración que tengan trascendencia especial para la CAE (entrada de inmigrantes en España)”.
Ver noticia original
.png)
 (300 x 300 px).gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por