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» Diariopinion
Fecha: 06/03/2025 01:28
"Mi familia poseía unas siete hectáreas de tierras que mis padres, Pablo Cáceres y Marta Arias de Cáceres, ya fallecidos, fueron unos de los primeros pobladores de dicho barrio", relató un integrante de la familia a Radio Parque. Según detalló, las tierras fueron adquiridas en 1954 a la Condesa, y más tarde, en la época de la dictadura militar, el coronel López expropió gran parte, cediéndoles a su familia una pequeña porción, donde continuaron con su trabajo de cría de ganado y producción de ladrillos. La situación se agravó en octubre de 2024, cuando falleció la madre de la familia. Poco después, con las elecciones municipales en puerta, el intendente interino Caniza, según la denuncia, habría iniciado una campaña política utilizando tierras ajenas como moneda de cambio para sumar apoyo. De acuerdo con el relato de la familia, la presidenta del Concejo Deliberante Marta Mendoza, reconocida como una referente piquetera, habría encabezado las usurpaciones con el aval de la policía y la justicia provincial, quienes hicieron la vista gorda ante los atropellos. "La justicia acá está manejada por el gobierno provincial, la policía permitió que nos tomen las tierras, el lugar donde nuestra familia cría animales y produce ladrillos para subsistir. Nos sacaron lo poco que teníamos bajo amenazas y engaños. Hicimos la denuncia en el Juzgado, pero la gente que tomó nuestras tierras ya comenzó a construir y hasta ahora la justicia no hizo absolutamente nada", denuncian con impotencia. Los Cáceres aseguran contar con toda la documentación que respalda la propiedad de las tierras, incluyendo los papeles originales del Instituto de Tierras Fiscales de Formosa y comprobantes de pago realizados por sus padres. Sin embargo, denuncian que en Formosa, bajo el gobierno de Gildo Insfrán, la obtención de títulos de propiedad es una traba burocrática que termina beneficiando a quienes buscan apropiarse de lo ajeno con el respaldo del poder político. El caso de la familia Cáceres pone en evidencia el peligroso entramado de clientelismo político y falta de garantías judiciales que persiste en Formosa. Mientras tanto, los afectados siguen exigiendo justicia, esperando que sus tierras sean restituidas y que los responsables de estas maniobras ilegales enfrenten las consecuencias.
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