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» SL24
Fecha: 05/03/2025 12:00
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Las empresas no estarán más obligadas a financiar a las cámaras patronales con aportes o contribuciones compulsivas, luego de que el presidente Javier Milei firmara un decreto -que se publicó este miércoles 6 de marzo en el Boletín Oficial y fue elaborado, entre otros, por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger- para cambiar la interpretación de la regulación vigente. Hasta ahora las cámaras empresariales se basaban en una “interpretación exagerada” de la Ley 14.250, sancionada en 1953 y reformada en 2004, sobre el alcance de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) para instrumentar el cobro de aportes o contribuciones obligatorias a las compañías de la actividad, estén o no asociadas a esas entidades. “Existen acuerdos colectivos de trabajo que estipulan contribuciones obligatorias a favor de cámaras empresariales signatarias de dichos acuerdos, a cargo de empleadores no asociados o afiliados a éstas”, contaron fuentes oficiales al justificar el decreto que lleva la firma de Milei. El decreto del Ejecutivo explica que la aplicación de estas cláusulas no tienen fundamento normativo y, por ende, no puede imponerse el cobro de contribuciones obligatorias en favor de las cámaras o grupo de empleadores a las compañías no asociadas ni agrupadas en ellas. El cobro compulsivo de contribuciones a empresas por parte de las cámaras de la actividad (un esquema que al igual que los aportes a los sindicatos son incluidos en los respectivos convenios colectivos) ya generó polémica en diversos sectores productivos y de servicios. Mirá también Detienen a dos menores de 11 y 17 años mientras intentaban robar ruedas en barrio Mitre El caso de Comercio es el más paradigmático: según estimaciones de la administración libertaria, mediante ese mecanismo se impone a los establecimientos del sector mercantil el pago de unos $ 6.000 millones por mes para “presuntas actividades de capacitación“. La Cámara de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) son las dos entidades que recaudan esos aportes, que equivalen al 0,5% del salario de cada trabajador de la actividad, es decir unos $ 5.000 millones mensuales. En el sector mercantil se desempeñan alrededor de 1.200.000 trabajadores. En cambio, según resolvió el flamante decreto del Gobierno, de ahora en más aquellos negocios o empresas que en forma voluntaria quieran seguir aportando a sus respectivas cámaras, podrán hacerlo, pero quedará sin efecto la obligatoriedad. A la vez, el Gobierno anticipó que no homologará negociaciones colectivas en las que se obligue a las compañías a mantener estos aportes o contribuciones, ya que hasta ahora se hacía una interpretación incorrecta de la ley que regula estos convenios. La eliminación del pago de aportes y contribuciones obligatorias fue solicitado por numerosas entidades gremiales empresarias de todo el país, según cuentan fuentes oficiales, como la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), entre otras. Además de Comercio, el mismo mecanismo de cobro compulsivo de aportes por parte de cámaras o entidades empresarias a firmas afiliadas y no afiliadas se había extendido a otras actividades. Otro de los casos que dio lugar a conflictos que incluso culminaron con demandas judiciales es el que involucra a la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), que también exige un aporte obligatorio a las empresas del sector, sean socias o no de la cámara, contribución que equivale a 1% de la masa salarial. El sector aglutina a alrededor de 250.000 trabajadores, lo que implicaría para la entidad una recaudación mensual de $ 2.500 millones, de acuerdo a estimaciones del sector.
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