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» Radiosudamericana
Fecha: 05/03/2025 07:34
Miércoles 05 de Marzo de 2025 - Actualizada a las: 06:21hs. del 05-03-2025 BOLETÍN OFICIAL Las empresas ya no estarán obligadas a financiar con aportes compulsivos a las cámaras patronales. Se trata de un decreto que publicó este miércoles el Gobierno: se libera a las compañías de todo el país de esa obligación y convierte los aportes en voluntarios. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comenzó a hablar de la medida sobre los aportes compulsivos de las empresas en septiembre del año pasado. Las empresas no estarán obligadas a financiar a las cámaras patronales con aportes o contribuciones compulsivas. La medida surge luego de que el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, firmaran un decreto -que se publicó este miércoles 5 de marzo en el Boletín Oficial- para cambiar la interpretación de la regulación vigente. Hasta el momento las cámaras empresariales se basaban en una "interpretación exagerada" de la Ley 14.250, sancionada en 1953 y reformada en 2004, sobre el alcance de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) para instrumentar el cobro de aportes o contribuciones obligatorias a las compañías de la actividad, estén o no asociadas a esas entidades. "Existen acuerdos colectivos de trabajo que estipulan contribuciones obligatorias a favor de cámaras empresariales signatarias de dichos acuerdos, a cargo de empleadores no asociados o afiliados a éstas", detallaron fuentes oficiales a Clarín al justificar el decreto que lleva la firma de Milei y Sturzenegger. Dicho decreto del Ejecutivo explica que la aplicación de estas cláusulas no tienen fundamento normativo y, por ende, no puede imponerse el cobro de contribuciones obligatorias en favor de las cámaras o grupo de empleadores a las compañías no asociadas ni agrupadas en ellas. Cabe recordar que el cobro compulsivo de contribuciones a empresas por parte de las cámaras de la actividad (un esquema que al igual que los aportes a los sindicatos son incluidos en los respectivos convenios colectivos) ya generó polémica en diversos sectores productivos y de servicios. El caso de Comercio es el más paradigmático: según estimaciones de la gestión libertaria, mediante ese mecanismo se impone a los establecimientos del sector mercantil el pago de unos $6.000 millones por mes para "presuntas actividades de capacitación". En ese marco, la Cámara de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) son las dos entidades que recaudan esos aportes que equivalen al 0,5% del salario de cada trabajador de la actividad, es decir unos $5.000 mensuales. En el sector mercantil se desempeñan alrededor de 1,2 millón de trabajadores. En cambio, según resolvió el flamante decreto del Gobierno, de ahora en más aquellos negocios o empresas que en forma voluntaria quieran seguir aportando a sus respectivas cámaras, podrán hacerlo, pero quedará sin efecto la obligatoriedad. Asimismo, el Gobierno anticipó que no homologará negociaciones colectivas en las que se obligue a las compañías a mantener estos aportes o contribuciones, ya que hasta ahora se hacía una interpretación incorrecta de la ley que regula estos convenios. Al respecto, la eliminación del pago de aportes y contribuciones obligatorias fue solicitado por numerosas entidades gremiales empresarias de todo el país, según argumentaron fuentes oficiales, como la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), entre otras. Además de Comercio, el mismo mecanismo de cobro compulsivo de aportes por parte de cámaras o entidades empresarias a firmas afiliadas y no afiliadas se había extendido a otras actividades. Otro de los casos que dio lugar a este tipo de conflictos, que incluso culminaron con demandas judiciales, es el que involucra a la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), que también exige un aporte obligatorio a las empresas del sector, sean socias o no de la cámara, contribución que equivale a 1% de la masa salarial. El sector aglutina a alrededor de 250.000 trabajadores, lo que implicaría para la entidad una recaudación mensual de $2.500 millones, de acuerdo a estimaciones del sector.
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