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Parana » AIM Digital
Fecha: 05/03/2025 05:29
La Asamblea por el Agua de Uspallata denuncia una creciente represión contra los opositores a la minería, tras la detención de Mauricio Cornejo, referente local. Este hecho se suma a una serie de allanamientos masivos y amenazas a vecinos autoconvocados, que rechazan la instalación de proyectos mineros en la provincia. La noticia cayó como un golpe sobre los habitantes de Uspallata, el pequeño pueblo cordillerano de Mendoza. Mauricio Cornejo, un reconocido activista y dueño de un comercio de productos regionales, fue detenido por la policía, desatando una ola de indignación entre los vecinos y las asambleas autoconvocadas en defensa del agua del país. La detención se produjo un mes después de los incidentes ocurridos durante una manifestación en contra de la minera San Jorge, un proyecto rechazado por la comunidad hace más de una década. Según los testimonios de los vecinos, Cornejo fue arrestado sin previo aviso mientras caminaba por las calles del pueblo, a pesar de haberse presentado voluntariamente ante la fiscalía en días anteriores, preocupado por las versiones de que existía una orden de captura en su contra. Esta situación se produce tras los incidentes violentos del 24 de enero, cuando un grupo de vecinos, en su mayoría autoconvocados, irrumpió en un evento relacionado con la minería, lo que desató un enfrentamiento con la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina). Un acto de valentía y el inicio de la represión Silvia Iñiguez, maestra jubilada y miembro de la Asamblea por el Valle de Uspallata, relató que Cornejo no solo es un referente de la protesta, sino que el mismo 24 de enero, cuando la Uocra agredió a un compañero, él intervino para evitar que la situación terminara en una tragedia. “Cornejo salió con un matafuegos y comenzó a rociar a los agresores para que dejaran de golpear a un vecino. Si no se metía, lo mataban”, explicó Iñiguez, visiblemente angustiada por la represión que se está desatando en la región. A pesar de que la violencia provenía de los sectores pro-mineros, la única persona detenida fue Cornejo. Mientras tanto, los miembros de la Uocra, quienes agredieron a los manifestantes, no fueron citados por la justicia, lo que despertó la ira de los activistas. “Esta detención es parte de una oleada de terror orquestada por el gobernador Alfredo Cornejo contra aquellos que defienden el agua y rechazan la megaminería”, denunció Silvia Iñiguez. El temor a la criminalización de la protesta El abogado ambientalista Marcelo Romano, en un video difundido por las asambleas, advirtió que la detención de Cornejo es un claro mensaje para los militantes y asambleas que luchan por el agua en Mendoza: "Hoy han detenido a un vecino autoconvocado que lo único que hizo fue defender a otro compañero de una patota que lo estaba golpeando. Comenzó la criminalización de la protesta”, dijo Romano. Por su parte, Eugenia Segura, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, denunció que la detención de Cornejo no es un hecho aislado, sino parte de una serie de allanamientos masivos en la región. Según Segura, estos operativos buscan generar miedo entre la población y frenar la resistencia a la minería en la provincia, en un territorio donde la sociedad ya ha manifestado en diversas ocasiones que no hay “licencia social” para los proyectos mineros contaminantes. La persecución a los defensores del medio ambiente se suma a una creciente lista de provincias que buscan judicializar a quienes se oponen a proyectos que carecen de licencia social, como ocurre en este caso. Otra clara manifestación de este intento por silenciar a las voces disidentes fue el episodio protagonizado por la policía, cuando la semana pasada se presentó en Radio La Mosquitera, con el objetivo de impedir la proyección de HAM, el documental que narra la lucha por el agua en Mendoza en 2019. Investigación y cargos: un marco de persecución La detención de Cornejo fue parte de una serie de allanamientos ordenados por el fiscal Juan Manuel Sánchez, especializado en delitos ambientales, que se llevaron a cabo en la localidad de Las Heras. Durante estos operativos, además de las detenciones, la policía confiscó teléfonos celulares que serán sometidos a análisis judicial. Los imputados enfrentan cargos por “agrupación para la coerción ideológica”, un delito que contempla penas de hasta ocho años de prisión para aquellos que intenten imponer ideas a través de la violencia o el temor. La fiscalía de Homicidios, que investiga los incidentes ocurridos el 24 de enero, ya ha calificado los hechos de violencia como graves. El fiscal Carlos Torres mencionó que el ataque contra Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros, pudo haber sido premeditado. Además, se encontró un bidón con combustible en el lugar, aunque se descartó la presencia de bombas molotov. Un conflicto que no cesa El conflicto en Uspallata, que comenzó como una lucha contra la instalación de la minería, ahora ha escalado a un enfrentamiento entre los vecinos y el gobierno provincial, con el respaldo de las fuerzas de seguridad. La Cámara de Proveedores Mineros, que fue el epicentro de los incidentes de enero, exige que se haga justicia por los disturbios, mientras que las asambleas ambientales aseguran que la represión y la criminalización de la protesta es la respuesta del gobierno para callar a aquellos que defienden el agua y el medioambiente. La lucha por el agua en Mendoza continúa, y los vecinos de Uspallata, junto con las asambleas autoconvocadas, han dejado claro que no se dejarán intimidar. "Si tocan a uno, tocan a todos", fue el mensaje que resonó entre los activistas, quienes se preparan para continuar la resistencia en defensa del medioambiente y de sus derechos. Fuente: Diario Huarpe
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