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» El siglo web
Fecha: 05/03/2025 00:19
Además de Banda del Río Salí, la denuncia involucra a Monteros, a Famaillá y a San Isidro de Lules. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) presentó una denuncia contra cuatro municipios de Tucumán por presuntas irregularidades en la administración de fondos nacionales. Se trata de Banda del Río Salí, Monteros, Famaillá y San Isidro de Lules, cuyos intendentes están ahora bajo la lupa de la justicia federal. Los acusados son Darío Monteros (Banda del Río Salí), Francisco “Pancho” Serra (Monteros), José Orellana (Famaillá) y Sergio Castro (San Isidro de Lules), todos señalados por presunta malversación de fondos destinados a obras públicas, asistencia social y desarrollo local. La investigación apunta a desvíos millonarios de recursos nacionales enviados a través del Ministerio del Interior, que tiene la responsabilidad de supervisar su correcta utilización. Un circuito de fondos bajo sospecha Según la denuncia, los municipios habrían recibido partidas presupuestarias nacionales para proyectos de infraestructura y programas sociales que nunca se concretaron o se ejecutaron de manera irregular. Se investiga si los fondos fueron utilizados con fines políticos o personales, en una maniobra que podría configurar delitos de fraude al Estado, peculado y lavado de dinero. El Ministerio del Interior, a cargo de Guillermo Francos, es el organismo encargado de distribuir y controlar estos fondos. Sin embargo, la denuncia expone que los mecanismos de fiscalización habrían sido insuficientes o, en el peor de los casos, permisivos con estas maniobras. La investigación busca determinar si hubo complicidad dentro del propio ministerio o si las irregularidades fueron encubiertas por funcionarios locales. El rol de la justicia federal Dado que los fondos en cuestión provienen del Estado nacional, la causa quedó en manos del fuero federal, que deberá determinar la responsabilidad de los intendentes y otros funcionarios involucrados. La Procelac ya solicitó información a la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) para rastrear posibles movimientos sospechosos en cuentas bancarias vinculadas a los municipios denunciados. Además, se espera que en los próximos días se realicen allanamientos en las municipalidades y que se cite a declarar a los funcionarios responsables de la administración de los fondos. En caso de confirmarse las irregularidades, los intendentes podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Un escándalo con impacto político El caso tiene fuerte impacto en la política tucumana, ya que los cuatro intendentes denunciados pertenecen a sectores tradicionales del peronismo provincial. La oposición ya salió a pedir explicaciones y exigir que el gobierno nacional tome medidas para evitar que estos desvíos se repitan en otros municipios del país. Mientras tanto, los ciudadanos de Banda del Río Salí, Monteros, Famaillá y San Isidro de Lules observan con indignación cómo la corrupción sigue socavando los recursos destinados a mejorar sus comunidades. La expectativa ahora está puesta en la justicia federal, que deberá avanzar con rapidez para esclarecer el destino de los fondos y determinar si se trata de un caso aislado o de un esquema de corrupción más amplio dentro de la provincia. fuente:quediario
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