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» Diario Cordoba
Fecha: 04/03/2025 13:25
El Gobierno comienza a encajar las piezas del “puzle” de sus negociaciones con Junts. El acuerdo para la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración allana el desbloqueo de la distribución territorial de menores migrantes llegados a las costas canarias, según reconocen en Moncloa. No a través de un reparto puntual para aliviar la situación de Canarias, el plan B que se puso sobre la mesa ante la falta de apoyos parlamentarios y el rechazo del PP, sino a través de una modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. Esto es, para hacer estructural y obligatoria la acogida de menores migrantes en situaciones de presión asistencial como la actual. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha dado por hecho que la reforma para activar la acogida de las comunidades autónomas verá la luz “pronto”. A través de un mecanismo de “solidaridad obligatoria”, según concretó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, para el que son necesarios los siete votos de Junts, debido al rechazo del PP. “Estamos trabajando de manera intensa para que pronto vea la luz la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería”, que tumbó el Congreso el pasado mes de junio con los votos en contra de PP, Vox y Junts. El Ejecutivo ha volteado su discurso tras cerrar con Junts la delegación de competencias en inmigración, que ahora deberá tramitarse en el Congreso a través de una ley orgánica. Hace tan solo unos días, los negociadores del PSOE se mostraban cautos y explicaban que, sin garantizar antes los votos de Junts y la constatación previa de “contar con una mayoría”, no iban a registrar ninguna iniciativa. Ahora todo ha cambiado, puesto que los posconvergentes exigían antes la transferencia de las competencias en inmigración a la Generalitat. El reparto a las comunidades autónomas de los menores migrantes que acoge Canarias se ha puesto así otra vez en marcha. La voluntad es hacerlo sin tener que recurrir a un decreto. La reforma de la ley de extranjería, como prefiere el Gobierno, ofrece más garantías jurídicas y busca una solución estructural. La competencia sobre los menores es de las comunidades autónomas, por lo que podría surgir un conflicto competencial si el reparto se realiza de forma obligatoria. De hecho, aunque a nivel parlamentario obtenga luz verde, su correcto desarrollo dependerá de los populares, pues gobiernan en una mayoría de comunidades autónomas. Más allá de la imprescindible colaboración administrativa, el riesgo de un decreto se extiende a que las comunidades presenten recursos de inconstitucionalidad que puedan paralizar el reparto. Las conclusiones de la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado sobre los mecanismos parlamentarios más pertinentes todavía no se han hecho públicas, a pesar de que se anunciaron para mediados de febrero. Ante esta amenaza, los socialistas no renuncian a sus llamamientos al PP para que se sienten a negociar. Unas peticiones que combinan con sus críticas a que asuman el discurso de Vox en materia de inmigración. Los populares, además, cogobiernan en Canarias y lo hacen en solitario en Ceuta, desde donde se prevén repartir otros 400 menores. Mientras tanto, Clavijo se reunirá el próximo 10 de marzo con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar la agenda canaria y cerrar la financiación para las comunidades de acogida. Plazas de acogida Los criterios elaborados por el ministerio de Juventud e Infancia benefician a Euskadi y Cataluña, al tenerse en cuenta en el número de plazas de acogida el esfuerzo realizado previamente de forma voluntaria. Ambas comunidades están a la cabeza, junto a Navarra, por lo que serían las que menos plazas crearían de cara a la acogida de los 4.500 menores que han desbordado la capacidad de Canarias. Cataluña tiene en acogida a 1.065 menores migrantes, lo que supone el 24% del total, Euskadi 498 y Navarra 85. Sin embargo, en el Gobierno aseguran que no se quedarán fuera del reparto, como critican los populares.
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