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Federal » El Federaense
Fecha: 04/03/2025 12:13
La situación crítica en la Argentina se ha intensificado tras la reciente denuncia contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su colaboradora, Alejandra Monteoliva. Ambas son acusadas de permitir la brutal represión ejercida por la Policía Federal durante el debate sobre la movilidad previsional en el Congreso de la Nación. El escándalo ha cobrado especial notoriedad debido a la intervención de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes han sido informadas sobre el accionar violento por parte de las fuerzas de seguridad, que incluyó agresiones hacia una niña de tan solo diez años. La Denuncia y sus Implicaciones El abogado Gregorio Dalbon, ahora representante de Fabrizia, la menor afectada, presentó una denuncia formal contra Bullrich por abuso de autoridad. En sus declaraciones a Radio 10, Dalbon manifestó su indignación respecto a la actuación de la Policía, señalando que el uso del gas lacrimógeno no estaba justificado por ningún protocolo de actuación, describiendo la situación como un acto de violencia institucional que contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño. Descripción de los Hechos Según el abogado, la utilización de gas fue completamente desproporcionada, especificando que el gas debía ser dispersado en el aire, no dirigido a una menor de edad. “No podemos en Argentina, en una democracia, ignorar un acontecimiento de tal magnitud y no denunciar estos actos inaceptables”, subrayó. La polémica se agudizó cuando se difundieron imágenes impactantes donde se puede ver cómo la policía disparó gas directamente a la niña, mientras que Bullrich, en un intento de desviar la atención, culpó a la madre. Los medios alineados también intentaron minimizar los acontecimientos sugiriendo que se trató de un “autoataque” entre militantes, una narrativa que rápidamente fue desmentida por la aparición de nuevas pruebas visuales. Respaldos y Reacciones Ante la gravedad de los hechos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ha presentado múltiples denuncias penales contra el Ministerio de Seguridad. Esta vez, además de Bullrich, han decidido acusar a Monteoliva, exigiendo su renuncia por su papel en lo que consideran un encubrimiento de la reaccción policial y una campaña de desprestigio hacia los derechos humanos. Las organizaciones sociales y de derechos humanos demandan: Investigaciones independientes sobre la actuación policial. Responsabilidad para aquellos que llevaron a cabo la represión. La renuncia de Monteoliva por sus falsedades respecto a la interferencia de los organismos de derechos humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) declaró que este evento aberrante debe servir como un llamado a la justicia para investigar la violencia policial en manifestaciones. Apuntan que esta violencia es tolerada y promovida por el Ministerio de Seguridad, utilizando protocolos que rozan la inconstitucionalidad. En resumen, la creciente presión sobre la ministra Bullrich y su equipo refleja una sociedad que no está dispuesta a permitir que se silencien las voces de protesta y por la defensa de los derechos humanos.
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