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» Diario Cordoba
Fecha: 03/03/2025 20:07
La dificultad de acceso a la vivienda y que la oferta disponible no ha crecido a un ritmo suficiente para satisfacer la demanda ha hecho que el Gobierno andaluz adopte un paquete de medidas, publicadas hoy en el BOJA y con carácter urgente para intentar revertir esta situación. Entre las medidas, la conversión de suelos urbanizables en suelo para vivienda protegida, la agilización de los procedimientos administrativos para su adjudicación y la concesión de mayor autonomía a los ayuntamientos para regular el crecimiento de las viviendas turísticas. El objetivo que se persigue con estas medidas urgentes es el de duplicar las viviendas protegidas, hasta alcanzar en los próximos cinco años la construcción de al menos 20.000 viviendas en Andalucía, pero también controlar los pisos turísticos. El documento se divide en dos: medidas en materia de suelo, ordenación urbanística y vivienda, y un segundo apartado dedicado a las viviendas turísticas. Medidas en materia de suelo El decreto ley se marca como primer paso la ampliación de la oferta de suelo para vivienda protegida, mediante cambios de uso, densidad y edificabilidad en parcelas aptas para la edificación y que no requieren de obras urbanización, así como agilizar la selección de las personas adjudicatarias de las promociones de viviendas protegidas. Por un lado, se permitirá que las parcelas que se dedican a servicio de oficinas o de establecimiento de alojamiento turístico puedan ser para viviendas protegidas. En segundo lugar, se promueve la construcción de viviendas públicas en alquiler en parcelas de equipamientos, como ya establece la Lista. La novedad que incorpora este decreto ley es que esta compatibilidad se podrá aplicar, sin necesidad de modificar los instrumentos de planeamiento, cuando las parcelas de equipamiento no tengan uso específico o estén calificadas con el uso genérico de interés público y social. Las licencias para los proyectos de vivienda deberán solicitarse en un plazo máximo de dos años y las viviendas deberán construirse en un plazo de tres años. Para ello, será necesario un acuerdo municipal en un plazo máximo de un año para aplicar las medidas en función del desequilibrio entre demanda de suelo para vivienda protegida y la oferta disponible. Se establece un procedimiento de adjudicación abreviado para la selección de las personas adjudicatarias de las promociones de viviendas protegidas que se vayan a ejecutar, al que podrán acogerse los promotores públicos y privados a los efectos de ofrecer mayor agilidad al funcionamiento de los registros de demandantes. Además, se crea una bolsa de suelo para vivienda asequible (los ayuntamientos tendrán tres meses para informar de los suelos que tienen de reserva de vivienda protegida, así como las parcelas que son susceptibles de acoger este tipo de viviendas) y, en paralelo, el promotor dispondrá un sistema ágil de convocatoria para selección de adjudicatarios de vivienda protegida, que se suma al registro de demandantes. Se establecen además medidas para incentivar la inversión privada y mejorar el acceso a la financiación para la construcción de viviendas sociales y eficientes desde el punto de vista energético. Además, los promotores podrán acceder a incentivos para la construcción, los préstamos de los fondos europeos Next Generation para promover vivienda en alquiler asequible, mientras la Junta de Andalucía abrirá nuevas convocatorias, la próxima este mismo año. También propone la creación de una unidad aceleradora de proyectos de interés estratégico para que cuenten con el compromiso de las administraciones para impulsar de manera preferente los procedimientos. Por otro lado, propone ampliar las familias que pueden acceder a una vivienda protegida en Andalucía, permitiendo que familias que no tenían ingresos suficientes para adquirir una vivienda libre puedan beneficiarse de estas políticas. Así, se amplía los límites de ingresos hasta 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) para las viviendas de régimen general, y hasta 7 veces el indicador en régimen de precio limitado. Por último, el Plan Vive en Andalucía se alinea a los objetivos del plan de choque. De esta manera, se actualizan los coeficientes territoriales que determinan los precios máximos de la vivienda protegida en cada municipio para facilitar su construcción. Así, hay un primer grupo con las capitales de provincia, municipios de más de 25.000 habitantes, para que la diferencia con el precio de la vivienda libre sea, al menos, de un 25%. Viviendas turísticas Por otro lado, el decreto impulsado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta, determina integrar las viviendas turísticas en la ordenación urbanística. Se establece que corresponde a los municipios donde concurran razones imperiosas de interés general, y justificando la proporcionalidad de la medida, a través de instrumentos de ordenación urbanística (el PGOU en el caso de Córdoba) regular la compatibilidad de los pisos turísticos con el resto de usos y, de forma particular, con el uso residencial. Los ayuntamientos donde concurran esas causas pueden suspender autorizaciones de nuevas viviendas turísticas desde el momento en que se acuerde la elaboración del instrumento de ordenación urbanística. El plazo máximo para la suspensión de licencias es de tres años y el resto de municipios de Andalucía, donde no concurran causas de interés general, no se verán afectados.
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