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Parana » Plazaweb
Fecha: 28/02/2025 16:59
Santiago Alfieri brindó detalles sobre la investigación de la "Mesa de Dinero", en la que se investiga una presunta estafa que involucra a 77 personas, con una suma millonaria en juego. La causa tiene como imputados a Santa María, Andrés Gamarcy y Cristian Vital. Este viernes, la investigación dio un paso importante con una nueva audiencia en la que se solicitó autorización para acceder a los dispositivos secuestrados durante los allanamientos realizados en octubre del año pasado. El fiscal Santiago Alfieri explicó, en charla con el programa Lo tuyo ya sale por Radio Plaza, que "la solicitud surge de la necesidad de profundizar en los testimonios obtenidos en 65 audiencias testimoniales, lo que ha permitido comprender mejor la dinámica entre los inversores y la financiera". Explicó que el objetivo de la medida es realizar una búsqueda más estratégica dentro de la gran cantidad de información almacenada en los dispositivos, como CPUs y otros elementos tecnológicos incautados. "Imaginemos toda la información que puede llegar a haber; solo en las oficinas de calle Urquiza había cinco CPUs. Toda la información que almacena un CPU, si no se hace una búsqueda orientada, no tiene sentido", dijo. Además, destacó la importancia de entender la estructura interna de la financiera y cómo operaban quienes gestionaban la misma, para rastrear el destino de los fondos, ya que las cuentas habitualmente utilizadas fueron cerradas por los propios responsables de la financiera. Nuevas denuncias y el monto de la estafa El fiscal también brindó detalles sobre el número de denuncias que han ido aumentando desde el inicio de la investigación. A partir de los primeros allanamientos en un departamento de la capital provincial, las denuncias crecieron y, con ellas, el monto de dinero adeudado. "Hoy en día hay 81 denuncias por este caso", indicó. En cuanto al monto, explicó que "no ha habido una actualización precisa del mismo, pero sí un aumento. Según los últimos datos disponibles, el monto asciende a 318 millones de pesos y casi 1.400.000 dólares". Respecto a los imputados, precisó que el carácter de los mismos es el de "imputados" por estar sospechados de su intervención en los hechos investigados. "A uno de ellos, Matías Santa María, se le tomó declaración como imputado por una cuestión procesal", dijo el fiscal. Sin embargo, agregó que la investigación sigue avanzando, y los testimonios obtenidos continúan brindando información valiosa sobre las maniobras para evitar la restitución de los fondos a los inversores. Investigación paralela y la embarcación secuestrada Uno de los elementos clave en la investigación ha sido una embarcación que, según los fiscales, estaba vinculada al caso. A pesar de que en su momento se había movido de su ubicación original antes de que comenzara la investigación, el fiscal confirmó que la embarcación fue secuestrada en Rosario, en el marco de la causa. Destacó que, a pesar de que la embarcación no tiene un vínculo directo con los hechos investigados, tiene dos hipotecas registradas por deudas particulares, lo que podría estar relacionado con el ocultamiento de bienes. "La localización del segundo movimiento de la embarcación nos permitió entrevistar a una persona en Rosario, quien estaba vinculada con Matías Santa María", explicó. Según Alfieri, el hallazgo sugiere que hubo un intento de ocultar activos relacionados con la financiera. En cuanto a los tres imputados, el fiscal indicó que no han presentado ninguna acción concreta para resarcir a las víctimas de la estafa. Aunque se sabe que los imputados tienen capacidad económica, "no han realizado ningún acto de reparación", agregó. La investigación continúa y nuevos elementos de prueba El fiscal también destacó la importancia de las pruebas obtenidas a partir de las comunicaciones de los damnificados. "De los 60 damnificados que se han presentado, muchos han entregado conversaciones escritas y audios de WhatsApp que hemos preservado y analizado", comentó. "Lo que estamos buscando es confirmar si hubo una maniobra para insolventar la financiera y evitar la restitución de los fondos", afirmó. También recordó que la investigación no solo se centra en los incumplimientos de contrato, sino en una posible defraudación por parte de los responsables. La hipótesis de la defraudación En cuanto a la naturaleza del delito, el fiscal explicó que no se trata simplemente de un incumplimiento de contrato. "Estamos hablando de delitos y no de incumplimientos de contratos", aclaró. Según la hipótesis del caso, los responsables sabían que no iban a poder pagar los fondos a los inversores, pero decidieron seguir operando y no devolver el dinero. Alfieri añadió que "en muchos casos, los inversores fueron obligados a firmar contratos de prórroga con tasas más bajas, sin recibir alternativas viables". "Nosotros creemos que lo que ocurrió fue una combinación de desajustes financieros y una estrategia consciente de no devolver los fondos", concluyó.
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