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Parana » APF
Fecha: 28/02/2025 12:30
Se estableció un período de tiempo entre el 27 de agosto de 2021 y el día de los allanamientos y secuestro de los dispositivos electrónicos, realizados el 15 de octubre. También se precisó, aunque sin la actualización correspondiente, que las presuntas estafas alcanzaron las sumas de 318.536.793 pesos y 1.395.639,30 dólares que habrían afectado a 81 presuntos damnificados. Se indicó que el jueves 27 se sumó una nueva denuncia. Las defensas brillaron por su ausencia. viernes 28 de febrero de 2025 | 11:29hs. Foto: APFDigital La causa que investiga la presunta responsabilidad de Matías Leonel Santa María, los hermanos Andrés y Julio Gamarci, contador y abogado respectivamente, y del empresario de la carne y socio accionista con aquellos en la empresa La Peruana, Cristian Vital, cobró vigor a partir de la decisión de la jueza de Garantía de Paraná, Paola Firpo, de disponer que se realicen pericias sobre 37 dispositivos de almacenamiento electrónico, entre celulares, computadoras, tablets y pendrive. La magistrada hizo lugar al pedido del fiscal, Santiago Alfieri Porqueres, y de los querellantes, Eduardo Gerard y Marcelo Franco, que representan a 15 presuntos damnificados, y Claudio Berón, que asiste a 36, para tratar de determinar la existencia de evidencia objetiva respecto al conocimiento del grupo empresario, establecer flujos de capitales y montos a pagar de interés y restitución de los capitales invertidos por los presuntos damnificados y establecer la existencia de documentación para determinar si existió una planificación, un ardid para postergar los pagos acordados y forzar a los inversionistas a firmar contratos de prórroga en condiciones desventajosas distintas a las que se habían pactado antes de que comenzaran los incumplimientos. El fiscal –de acuerdo a su hipótesis del caso- instó que la medida se dispusiera por el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 hasta el 15 de octubre del 2024, cuando se realizaron los allanamientos. Por su parte, Gerard y Franco, solicitaron que le medida se disponga desde el 27 de agosto de 2021 y el día de los allanamientos. Lo fundaron en la necesidad de que se investiga un delito considerado complejo con multiplicidad de víctimas que en su mayoría invirtieron dinero en efectivo que entregaron a Santa María en su oficina del centro de Paraná en virtud de relaciones de confianza construidas previamente. La hipótesis del caso de los querellantes consiste en determinar si el grupo empresario utilizó reconocidas firmas y empresas de Paraná y Oro Verde como respaldo de la solvencia que la financiera ya no tenía en abril de 2024, cuando comenzó a demorar el pago de intereses, que se profundizó en junio del mismo año cuando dejó de devolver capitales y dejó de atender personalmente a los inversionistas, derivándolos a empleados. En aquella línea, los querellantes mencionaron la firma VGS SAS, que fue constituida el 27 de agosto de 2021, y la integran SAN MAR SAS, de Santa María; Gamar SAS, de Andrés Gamarci y Vital, como persona física. Datos La audiencia dejó varios datos que dan cuenta de que la calificación de causa compleja fue acertada. La primera consistió en que ninguna de las defensas se presentó a la audiencia que se notificó debidamente el 17 de febrero, 10 días atrás, y se fijó su inicio para las 8.30. Tras 26 minutos de espera y sin que las defensas dieran señales de vida, la jueza dispuso el inicio. También se destacó el monto -se aclaró que es sin actualizar-, de las presuntas estafas que hasta este viernes comprenden a 81 personas –incluso se precisó que el jueves se presentó un nuevo denunciante-, establecido en 318.536.793 pesos y 1.395.639,30 dólares. En este sentido se fundamentó la necesidad de la intervención de los dispositivos estribaría en que “los fondos no están en los lugares normales”, en referencia a que no se tienen, aún, registro de que estén en el mercado legal. Paciencia Firpo, en una audiencia anterior en noviembre de 2024 instó a las querellas ponerse de acuerdo y unificarlas en dos o tres abogados. Este viernes, Gerard y Franco se opusieron y solicitaron que se considere el derecho de los denunciantes a accionar con un abogado de su confianza, destacando que se trata de una investigación en que los denunciantes fueron defraudados en su confianza y negarles litigar con un letrado de su confianza podría significar una revictimización. Así, plantearon que en caso de que no se haga lugar al pedido de oposición se los tenga en cuenta en una futura unificación, por su profusa actividad y asistencias a la mayoría de las audiencias que se han realizado. Berón adhirió al pedido y solicitó ser tenido en cuenta. Firpo les señaló que fue muy paciente y su paciencia tiene un límite. Así, tras escuchar con atención los argumentos de los querellantes les expresó que si bien las normas que citaron en auxilio para fundar su oposición a la unificación, el Código Procesal Penal, la habilita a unificar las querellas de oficio. No obstante resaltó que no se trata de un pedido caprichoso o antojadizo y que en el ejercicio de la magistratura ha sido, es y será respetuosa del derecho a trabajar de los abogados particulares. Finalmente sostuvo que no tomaría ninguna decisión al respecto en la audiencia y esperará que las querellas y sus asistidos se reúnan y “civilizadamente” se pongan de acuerdo y unifiquen las acusaciones. El hecho Santa María, el contador Gamarci y Vital estás sospechados de “si a nombre de Gamarci y de Santa María, así como empleando las firmas SAN MAR y JIFA SAS, mantuvieron cuanto menos desde hace cinco años una estructura financiera, en la que recibían fondos de distintas personas otorgando intereses por sobre la cuota de mercado -2.5 por ciento mensual en dólares-, con el reintegro del capital una vez vencido el contrato de mutuo suscribiendo en algunos casos pagaré; logrando con promesas de intereses más altos, conservar la masa de capital sin que los inversores lo retiren; continuando con estas maniobras de convicción y engañando a los aportantes, con apariencia de solvencia, se apropiaron de los fondos y cortaron las liquidaciones de intereses desde el mes de julio de 2024, a partir de ese momento comenzaron a eludir pagos y a evitar atender a los clientes, anteponiendo a empleados y a un abogado que daba explicaciones de reestructuración de la empresa, impidiendo la percepción de intereses y negando el retiro del capital, generando un perjuicio por mas de cientos de miles de dólares a los damnificados”. (APFDigital)
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