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» tn24
Fecha: 28/02/2025 08:43
El concejal del Frente Chaqueño, Fabricio Bolatti, se pronunció junto a su par Lucila Masin sobre la medida que tomó el intendente capitalono y que genera controversia desde hace varias semanas. Mediante un comunicado que fue enviado a los medios de prensa, y que detallamos a continuación, el edil hizo una expresa solicitud al jefe comunal Roy Nikisch sobre el estacionamiento medido. NIKISCH NO CONSIGUE ESTACIONAR SU CONTRATACIÓN DENTRO DE LA LEGALIDAD Desde el Frente Chaqueño, los concejales Fabricio Bolatti y Lucila Masin solicitan al intendente Roy Nikisch, ‘rehacer’ el diseño y la legalización de un nuevo Estacionamiento Medido en Resistencia, para luego contratar el equipamiento y sistema de cobro para el mismo. “El sistema debe ser ‘repensado’ y diseñado desde un criterio participativo, dentro de lo establecido en la legislación vigente, y legitimado a través de su tratamiento y aprobación por parte del Concejo, lo que permitirá, no solo arribar a un esquema compatible con la vida cotidiana de la ciudad, sino también abordar seriamente este desafío, superando la realidad que provocó el avasallamiento de la normativa por parte del intendente al realizar procedimientos a su medida para garantizar la adjudicación y las condiciones pactadas, impidiendo además, el acceso a la información pública”, manifestaron los ediles tras la convocatoria a sesión extraordinaria por parte del Ejecutivo Municipal. En esa línea indicaron que “el estacionamiento medido debe tener como objetivo aportar al ordenamiento de la movilidad en la ciudad, la que vemos agravarse con las consecuencias que trae la aplicación del esquema irregular que se impone hoy desde la gestión municipal”. “Jefe: una ordenanza podría salvarnos” Bolatti y Masin aseguran que el pedido de sesión extraordinaria es una estrategia del intendente para intentar apaciguar el malestar general de la ciudadanía frente al nuevo sistema de estacionamiento, pero que encubre la ratificación del esquema implementado. “El descontento y las observaciones formales sobre la medida del intendente trascendieron las bancas de los Concejales de la oposición y se trasladaron a gran parte de la comunidad, que tampoco encuentra un aspecto positivo en el nuevo esquema que, de manera secreta e ilegal, aumenta su despliegue por los cordones de la urbanización”, señalaron. “Recién luego de que vecinos, frentistas, comerciantes, trabajadoras y trabajadores privados y públicos, concretaron propuestas vía presentación a Concejales; y de hacer público y notorio el reclamo que reluce el avasallamiento institucional, el Ejecutivo reaccionó anunciando ‘medidas’ o modificaciones al plan original, para así contener y aplacar el malestar generado. Pero vemos, que solo vuelve por las disposiciones que entiende requerir para dejar firme su negocio por unos cuantos años más, y porque además, ya con nuevo diagnóstico, se dieron cuenta que la justicia va a requerir una Ordenanza que ratifique la aplicación de este sistema, puesto que maduran denuncias de distinto origen”, advirtieron los concejales. Bolatti y Masin indicaron que para concesionar o autorizar el uso del espacio público, el Ejecutivo tiene la obligación de pedir autorización al Concejo, debe sancionarse con el 2/3 de los votos del cuerpo (8 votos), debe enviar al Concejo el pliego de licitación para su aprobación; y si la iniciativa plantea modificación de aspectos tributarios, su sanción requiere proceso de doble lectura y 7 votos. “Las irregularidades en el actuar del gobierno municipal ya no resisten argumentos ni forma de sostenerse, por lo que el Intendente intenta sacarse de encima el tema enviando una iniciativa al Concejo, la que en su anuncio hizo eje a la necesidad de atender casos planteados por vecinos frentistas, determinando que para ello requiere una Ordenanza que así lo establezca, sin embargo esta exención al pago que ya fue anunciada y está siendo aplicada sin una norma que la autorice”, apuntaron los ediles. Por lo planteado, es que los ediles del FCh consideran que “la reacción del Ejecutivo al convocar a una Sesión Extraordinaria – en línea con lo que viene aplicando – seguramente va para el lado de la ratificación del esquema vía Concejo, con una Ordenanza creada bajo cualquier condición (hasta con menos votos)”. En este marco, indicaron que dicha exención al pago reviste igual o menor gravedad que haber decidido sin Ordenanza que autorice: definir y aprobar un pliego, licitarlo, contratar bajo riesgo afectando el 10% de la recaudación, establecer precios diferenciales iniciales de la tarifa, modificar esos precios, modificar la forma y proporcionalidad de tiempo para calcular la tarifa, entre otros. “Si todo hasta acá fue resuelto sin participación del Concejo, ¿por qué requieren una ordenanza solamente para frentistas y otros aspectos de la letra chica?, seguramente para poder decir que la oposición no quiso acompañar a los frentistas, sin aclarar ningún otros aspectos”, remarcaron. Las normas rigen hacia adelante, lo que deja ver la ilegalidad en lo realizado Bolatti y Masin, señalaron que “si se requiere ahora sancionar una nueva ordenanza y modificar el Código Tributario para poder cumplir con lo anunciado, es porque se actuó fuera de lo estipulado en la legislación vigente, lo que significa haber contratado y obligado a Municipio contra terceros, obligaciones que no cumplen la normativa”. “Si no se cumple con enviar el Pliego para su aprobación; se avanza en dar o afectar el uso de espacios públicos sin la normativa que lo autorice; se licita con cláusulas ilegales; se contrata bajo el sistema de “Riesgo” sin justificar su necesidad; no se expone cálculo o estimación de costos de la prestación, ni de ingresos que podría obtener el sistema; entre otros, es porque lo realizado se distancia mucho de lo que debería ser, y ya no habría ordenanza que deba ni pueda cubrir tal desproporción ilegal, hacia atrás”, subrayaron. Abriendo el paraguas: se percibe otra imposición formal de falsedades legislativas Los ediles lamentan que se esté normalizando el abuso del manejo de las formalidades y las facultades para tapar la falta de consensos. “Ni siquiera se intentan lograr los acuerdos parlamentarios esenciales y necesarios en los que se expresan las democracias. Dar por sancionada una norma, promulgarla y publicarla son las responsabilidades formales que recaen sobre las principales autoridades de las Instituciones, poderes o departamentos Ejecutivo y Legislativo, pero resulta que quienes deben ungir con la firma el nacimiento de una nueva norma, son quienes deben ejecutarlas y en casos las requieren para ser autorizados en aspectos de sus gestiones. Por eso finalmente, deciden abrir el paraguas”. Asimismo, marcaron que “la opción más utilizada para superar situaciones normales de tipo parlamentaria, como ser buscar los consensos para lograr la mayoría necesaria y aprobar una norma, viene siendo reemplazada por prácticas ilegales que se imponen con abuso de las facultades conferidas. Así el incumplimiento de procedimientos legislativos y especialmente de las mayorías requeridas para dar por sancionada una ordenanza, son resueltos por imposición de firma y abuso de facultades por las principales autoridades Institucionales del Municipio, quienes dan por sancionada, promulgan y publican el texto elegido por una mayoría insuficiente de votos, dejando un instrumento viciado que entra en vigencia, aplicando nuevas obligaciones o derechos que nacieron irregulares e ilegales”. “Da la impresión de que es más fácil sostener en la justicia la gravísima ilegalidad, que buscar llegar a un acuerdo con la oposición; son contados los casos que pudimos observar, en donde la Justicia cumplió su rol y ordenó institucionalmente el cumplimiento legal. El próximo caso podría ser el de dar carácter de ordenanza con el acompañamiento de 6 votos, a un proyecto que requiere un apoyo mayor y procedimientos especiales para su aprobación en el marco de lo estipulado en la normativa superior”, sentenciaron. Para concluir, los concejales del Bloque Frente Chaqueño expresaron su deseo de “estar equivocados” y de que “las Instituciones funcionen legalmente y cumplan su rol, fortaleciéndose y generando credibilidad en la sociedad, además de mejores decisiones producto del consenso alcanzado”.
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