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» Comercio y Justicia
Fecha: 28/02/2025 03:39
A casi una semana de la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, el niño de 3 años visto por última vez en Ballesteros Sud, la Provincia y la Nación anunciaron una recompensa de $20 millones para quienes aporten información certera sobre su paradero. El gobierno provincial destinará $10 millones, mientras que el Ministerio de Seguridad de la Nación sumará otros $10 millones. Lian desapareció en la siesta del sábado 22 de febrero en la zona rural de Ballesteros Sud, departamento Unión, donde vivía con su familia, de nacionalidad boliviana y dedicada a la fabricación de ladrillos. La investigación está a cargo de los fiscales provinciales Isabel Reyna y Nicolás Gambini, quienes coordinan un amplio operativo policial y judicial. Se han realizado intensos rastrillajes en campos de la región, mientras que la búsqueda también se ha extendido a otras localidades y fuera de Córdoba. Hasta el momento, no hay detenidos ni imputados, y los indicios sobre el niño siguen siendo difusos. El Ministerio Público Fiscal informó que en el marco de la investigación se han secuestrado celulares y vehículos, además de realizarse allanamientos. Uno de los datos clave en la causa es la presencia de una camioneta blanca en la zona la mañana en que Lian desapareció. El ofrecimiento de una recompensa se gestó tras contactos entre el Ministerio de Seguridad de Córdoba y la Fiscalía General de la Provincia. Luego de obtener el aval de la Justicia, se dispuso la suma inicial de $10 millones por parte del gobierno provincial, a la que posteriormente se sumó la misma cifra desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, totalizando $20 millones. Las personas que tengan información pueden comunicarse al 134, en el marco del programa Alerta Sofía. Las llamadas serán atendidas por personal especializado. En el Boletín Oficial de Córdoba, la medida se justificó señalando que la desaparición de Lian no sólo genera angustia en su familia, sino que también ha provocado un estado de alarma en la comunidad. Se destacó, además, que el Estado tiene el deber constitucional de garantizar la paz y el orden público.
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