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Parana » Inventario22
Fecha: 27/02/2025 16:40
Este pedido se suma a numerosas presentaciones judiciales contra el decreto 137, impulsadas por diversos sectores de la política y la justicia. Además de la medida cautelar presentada por la ONG Asociación Civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), estas organizaciones están preparando otra solicitud para suspender y anular las designaciones. A través del apoderado de esa asociación de mujeres juezas, Francisco Verbic, en el expediente “Recurso Salto Instancia Nº 2 - “RED MUJERES PARA LA JUSTICIA Y OTROS c/ HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Y OTRO s/ AMPARO LEY 16.986” (CAF 010637/2024/2), de trámite ante esta Corte Suprema de Justicia de la Nación. La red la preside la jueza María Eugenia Chapero. Esta asociación solicitó la avocación directa de la Corte en una causa ya abierta. La asociación señaló que “venimos por el presente a denunciar como hecho nuevo, de absoluta gravedad institucional, el dictado del Decreto 137/2025 (firmado el 25/02/2025 y publicado en el B.O. del 26/02/2025), mediante el cual se designaron “en comisión” como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN o “la Corte”) a los Dres. Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo”. En función de este hecho nuevo, solicitó “se disponga el urgente despacho del recurso extraordinario por salto de instancia interpuesto el 26/08/2024, pendiente de resolución desde hace exactamente seis meses, así como de las presentaciones de amigas del tribunal (amicus curiae) realizadas por numerosas instituciones y colectivos de personas en el marco de lo dispuesto por el art. 9 de la Acordada 7/2013”. También pidió se declare “la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable del Decreto 137/2025 por ser contrario a diversos principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y por resultar violatorio de convenciones internacionales, el derecho de igualdad, el derecho a la no discriminación y el principio de progresividad”. Y que “se dicte una medida cautelar urgente que suspenda los efectos de dicho acto administrativo, impidiendo la toma de juramento y posesión efectiva de los cargos por parte de los designados hasta que se resuelva la cuestión de fondo, atento al gravísimo e irreparable perjuicio institucional que ello produciría”. "La tentativa de eludir tanto el control político del Senado como el control judicial en curso en estas actuaciones mediante un acto administrativo manifiestamente inconstitucional, genera un punto de inflexión que inhabilita cualquier posible posición de deferencia institucional", advirtió la ONG de juezas mujeres.
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