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» SL24
Fecha: 27/02/2025 13:12
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp El debate sobre la institucionalidad en Argentina ha encontrado en las redes sociales un terreno fértil para la agresión y la descalificación, alejándose de los argumentos sólidos y el respeto republicano. Un ejemplo reciente lo protagonizó el abogado constitucionalista y diputado de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz, quien tildó de “Kukas” a las autoridades del Colegio de Abogados de Santa Fe por cuestionar el decreto presidencial que designa a dos nuevos jueces de la Corte Suprema. El término, habitual en redes sociales pero impropio de un ámbito institucional, deja en evidencia el corrimiento de las barreras del respeto y la creciente pérdida de prestigio del debate público. Mayoraz, que también es candidato a constituyente en Santa Fe, usó un lenguaje que lejos de fomentar la discusión jurídica, aviva la polarización y refuerza la crispación política. Las autoridades kukas del Colegio de Abogados de Santa Fe son burros e hipócritas. Burros, porque no saben distinguir entre un DNU y un decreto dictado conforme el art. 99 inc. 19 de la CN. Hipócritas porque se hacen los republicanos, pero cuando Pullaro nombró hace dos semanas… pic.twitter.com/3rZBqd1Wcn — Nicolás Mayoraz (@NicolasMayoraz) February 26, 2025 La reacción se da en medio del debate sobre la constitucionalidad del decreto con el que el presidente Javier Milei designó a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos integrantes del máximo tribunal. Mientras el Colegio de Abogados santafesino expresó su rechazo a la maniobra del Ejecutivo, Mayoraz, en lugar de responder con argumentos jurídicos, optó por la chicana política. El peligro de la degradación institucional En este contexto, el ex ministro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, en una entrevista con LN+, alertó sobre el riesgo que implican estos discursos para la democracia y la institucionalidad del país. Mirá también Giro inesperado: una mujer denunció la muerte de su pareja pero el fiscal ordenó su detención “A mí me pareció horrible el decreto, más allá de las dos personas que van a integrar la Corte Suprema, a las cuales trato con sumo respeto porque yo soy un defensor de las instituciones democráticas y de la división de poderes”, sostuvo Maqueda. Y agregó: “No podría defender a la Corte y hablar mal de los futuros integrantes del máximo tribunal”. El ex juez recordó que el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional habilita la designación en comisión de jueces, pero que esto no exime al Senado de su rol fundamental en la validación o el rechazo de esos nombramientos. “El Senado todavía está en condiciones de rechazar ambas designaciones. Si lo hace, los jueces deben dejar de prestar funciones en ese mismo momento”, subrayó. Maqueda también marcó diferencias entre los nombramientos actuales y los de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que fueron designados por decreto por Mauricio Macri en 2015, pero cuyos pliegos fueron enviados al Senado en simultáneo y tratados a los pocos meses. “El decreto de 2015 lo hizo Macri a los diez días de asumir, mientras que Milei lo hizo a tres días del inicio de las sesiones ordinarias, cuando ya el Senado debía debatir el tema”, explicó Maqueda. ¿Hacia una política sin diálogo? Más allá del debate sobre la constitucionalidad de la designación de jueces por decreto, la reacción de Mayoraz expone un problema más profundo: la degradación del debate político y la falta de espacios de consenso. El uso de insultos y términos despectivos no solo empobrece la discusión, sino que mina la posibilidad de construir instituciones más sólidas. Lo que debería ser un debate técnico sobre la interpretación constitucional, la división de poderes y el equilibrio institucional, se reduce a una pelea de trincheras, donde los argumentos quedan relegados a un segundo plano. Como advirtió Maqueda, el acceso democrático al poder no es garantía de institucionalidad. Cada vez más, los gobiernos electos utilizan herramientas que, aunque puedan ser legales, erosionan el equilibrio de poderes y el respeto por las instituciones. Si el debate público sigue transitando la senda de la agresión y la descalificación, la Argentina enfrentará no solo un problema político, sino una crisis de legitimidad institucional de consecuencias impredecibles.
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