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Fecha: 27/02/2025 12:32
María Eugenia Chapero, jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, provincia de Santa Fe, y presidenta de la Red de Mujeres por la Justicia, reafirma que proponer dos varones para la Corte Suprema es inconstitucional. En diálogo con La Barra de Casal por LT3, Chapero explicó que la Red de Mujeres por la Justicia, que nuclea a cerca de 400 funcionarias del Poder Judicial, activó un per saltum con el objetivo de que sea la propia Corte Suprema la que rechace las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. La jueza y sus colegas sostienen que, para contrarrestar una inercia histórica y desarmar una “discriminación estructural”, los dos cargos vacantes en el máximo tribunal deben ser ocupados por mujeres. Chapero argumenta que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), incorporada a la Constitución con la reforma de 1994, establece un mandato de paridad que impone al Estado la obligación de garantizar la igualdad de acceso de las mujeres a cargos públicos. “Estamos celebrando 30 años de la reforma constitucional que incorporó la CEDAW, y esta es una oportunidad histórica para hacer efectivo su mandato de paridad”, sostiene la magistrada. La jueza también enfatiza que el reclamo no es contra los candidatos en sí, sino contra el acto gubernamental de postular a dos varones, el cual considera inconstitucional por no cumplir con los artículos 75 inciso 22 y 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, que establecen la igualdad real y la necesidad de medidas para garantizarla. “No se trata solo de una cuestión de justicia para las mujeres juristas que cumplen con los requisitos para acceder a la Corte, sino también de enviar un mensaje a las nuevas generaciones: hay un lugar para ellas en la máxima instancia judicial”, agrega. El amparo colectivo presentado por la Red de Mujeres por la Justicia fue rechazado en primera instancia, aunque el fallo reconoció a la organización como la única con “legitimación activa” en el proceso. Chapero considera que la decisión es “arbitraria y dogmática”, pero destaca que la causa continúa en la Corte Suprema con un amplio respaldo institucional. “Más de 15 organizaciones se presentaron como amicus curiae para apoyar el reclamo, incluyendo la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la Federación Argentina de la Magistratura y entidades académicas de la UBA y la UNLP”, detalla. Sobre la relevancia del per saltum, Chapero explica que la medida responde a la gravedad institucional del caso y al peligro en la demora, ya que si los candidatos fueran designados, la discriminación estructural quedaría consolidada. “Pedimos que se suspenda el trámite hasta que se propongan candidatas mujeres que garanticen el mandato de paridad”, sostiene. Además, cuestiona la utilización del decreto para nombrar jueces en comisión, calificándolo de “desviación del poder” y una medida que afecta la independencia judicial. Finalmente, Chapero subrayó en la entrevista la importancia de que la decisión esté ahora en manos de la Corte Suprema, que no solo debe resolver sobre la toma de juramento de los candidatos, sino también sobre la acción colectiva presentada. Además, hizo referencia a las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sobre la posibilidad de designaciones exprés, y a la barra de Casal, subrayando que esta situación genera preocupación en el ámbito judicial. “No es solo una cuestión de evitar que se nombren jueces en condiciones irregulares, sino de garantizar una representación equitativa y el respeto por los compromisos constitucionales asumidos en materia de género”, concluye.
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