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» Comercio y Justicia
Fecha: 27/02/2025 11:59
El diputado Rodrigo de Loredo encabezó la presentación de un amparo judicial contra el aumento del Impuesto Inmobiliario aplicado por el Gobierno de Córdoba. Concurrió a Tribunales acompañado por el presidente del bloque radical de la Legislatura, Matías Gvozdenovich, y la titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Alejandra Ferrero. Pese al patrocinio político de los dirigentes radicales, se trata de una acción de amparo presentada por una vecina del centro de Córdoba contra el Gobierno de Córdoba. La acción solicita la inconstitucionalidad e ilegitimidad del artículo 189 del Código Tributario vigente y de la resolución 60 de la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia sobre el Coeficiente de Equidad Impositiva (CEI), que se aplica para el cálculo del monto que debe pagar cada contribuyente. La presentación se realizó en la Cámara en lo Contencioso Administrativo para la circunscripción 1. Ahora se sorteará cuál de las tres cámaras existentes queda a cargo de la causa. Los abogados que patrocinan a la propietaria del inmueble son Marcelo Gordillo, Emilio Bruscke y Juan Villa. La presentación se basa en el caso de un inmueble que en 2024 había pagado la cuota única de $79.540 y en 2025 debe pagar en el mismo concepto $885.880. Aunque se trata de un amparo basado en un caso individual, pretende tener representación colectiva, dados que son miles los inmuebles con subas por encima del tope de 172,5%. “Cualquier estudiante de primer año de derecho lo sabe: ese aumento es inconstitucional. Es alevoso en términos económicos e ilegal en términos jurídicos, porque aplican un coeficiente que nadie sabe de dónde sale. En materia impositiva no se puede delegar facultades al Ejecutivo y en este caso se delega la determinación de ese coeficiente”, explicó De Loredo a la prensa tras la presentación del escrito. El dirigente calificó de ilegal, confiscatoria y arbitraria la suba del Inmobiliario. “Es el impuestazo más alevoso de la historia de Córdoba. Es inconstitucional e ilegal y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, advirtió el diputado, que negó que se trate de una acción en busca de rédito político. De Loredo, además, cuestionó que la suba sea mayor a la inflación -como en 2024, se aplica el indicador Ripte, que mide el incremento promedio de los sueldos del sector privado- y además sostuvo que el Gobierno no respetó ese tope por el cual no debía implicar aumentos mayores que 172,5%. Todo indica que el caso denunciado corresponde a una de las más de 21.487 cuentas correspondientes a inmuebles de alto valor que perdieron la eximición que rigió hasta el 31 de diciembre de 2024 y que por lo tanto tuvieron subas muy por encima de ese porcentaje. El Gobierno asegura que se trata de uno por ciento de las cuentas de toda la provincia y defiende la eliminación de esa exención como una medida de equidad, ya que se trata de inmuebles de alto valor. En cambio, la extensa presentación judicial sostiene que el resultado de esas decisiones configura una vulneración del principio de legalidad tributaria que preven tanto la Constitución Provincial como la Constitución Nacional. Además, argumenta extensamente las razones por las cuales la oposición considera que existe arbitrariedad en la imposición.
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