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» Corrientesaldia
Fecha: 27/02/2025 11:40
El presidente Javier Milei, firmó el decreto 137/2025 para nombrar en comisión al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla como nuevos integrantes de la Corte Suprema. La decisión llega tras un año de negociaciones estancadas en el Congreso y en un contexto de fuerte oposición política y desafíos legales que podrían demorar su asunción. El Ejecutivo recurrió a un mecanismo excepcional previsto en la Constitución Nacional, que faculta al Presidente a designar funcionarios en comisión durante el receso legislativo. En el comunicado oficial que acompaña el decreto, el Gobierno enfatizó que la Carta Magna establece esta atribución exclusiva del mandatario y que el Senado solo puede aceptar o rechazar los candidatos propuestos, sin intervenir en la selección de nombres. Sin embargo, la controversia no tardó en estallar. La decisión de Milei se produce mientras el Congreso está inactivo, dado que no hay sesiones extraordinarias en curso y las ordinarias se inaugurarán el próximo sábado. Esta jugada política busca acelerar la integración de la Corte, evitando un proceso legislativo que, hasta ahora, ha frenado las designaciones. Obstáculos judiciales y políticos Más allá de la voluntad del Gobierno, la asunción de los jueces no depende exclusivamente del decreto presidencial. En el caso de Lijo, su traslado a la Corte exige que primero solicite una licencia extraordinaria en los juzgados de Comodoro Py donde actualmente se desempeña. Esta licencia debe ser aprobada por la Cámara Federal y la propia Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El dilema legal radica en la coexistencia de jurisprudencia que avala y que rechaza la posibilidad de que un juez federal retenga su cargo en un tribunal inferior mientras asume funciones provisionales en una instancia superior. La decisión final de la Corte sobre este punto podría marcar un precedente clave y generar un nuevo conflicto institucional. Rechazo opositor y tensiones en el Senado Desde el ámbito político, la reacción fue inmediata. Tanto el PRO como la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Federal manifestaron su rechazo al decreto. El kirchnerismo, que con 34 senadores sobre 72 tiene capacidad para bloquear la nominación en el Congreso, emitió un comunicado en el que calificó la maniobra de Milei como una “violación tajante” de la Constitución y de las normas vigentes. Sin embargo, el jefe del bloque peronista en el Senado, José Mayans, mostró una postura más matizada y dejó abierta la puerta a una negociación. En un seminario organizado por la revista Parlamentario, sostuvo que su espacio propuso al Gobierno un diálogo para definir no solo las vacantes en la Corte, sino también otras designaciones clave como la del Procurador General y el Defensor del Pueblo. “Si el Gobierno quiere imponer candidatos sin diálogo, no podrán conseguir el acuerdo”, advirtió. La pulseada del Ejecutivo El Gobierno cerró su comunicado con un mensaje que refleja el tono confrontativo con el que defenderá la medida: “El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”. Las próximas horas serán decisivas para definir el destino de estos nombramientos, en medio de una puja política, judicial y constitucional que podría marcar un punto de inflexión en la relación de Milei con el Congreso y la Justicia. Con información de diario Infobae
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