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» Misionesparatodos
Fecha: 27/02/2025 09:28
La expresidenta se metió en la táctica judicial y legislativa con el karma de una saga de tropiezos. El temor a un decreto para nombrar al procurador general. Los tiempos de Rosatti. Las contradicciones de Macri. El espejo del DNU 70. “Cuando sos presidenta de la Nación, nadie te contradice. Pero cuando sos presidenta del PJ, todos te cuestionan…”. El fin de semana, en su nuevo domicilio porteño, Cristina Kirchner juntó a los vices del partido que poco antes de cumplir 72 años decidió presidir. Sabía –o intuía– que era inevitable que Javier Milei no tendría otra alternativa que recurrir a un decreto para nombrar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema. No hubo, sin embargo, referencias al tema. La decisión fue apuntar el Libragate como bandera para la pelea pública con la Casa Rosada. El expediente Corte se convirtió en una emboscada para Milei y en un karma para Cristina. El presidente asumió que, por la vía tradicional, las chances de aprobación de los pliegos tendían a cero, como la cotización del meme-coin que promocionó/lanzó. Sin decreto, Lijo y García-Mansilla estaban condenados al purgatorio. En ese escenario, este miércoles se publicó un sondeo de la consultora Sentimientos Públicos que arrojó que sólo el 24% de los encuestados piensa que Javier Milei fue víctima de una estafa y no tuvo nada que ver con lo que pasó. Para CFK, el dilema es diferente: desde hace tiempo, incluso –o especialmente– durante la gestión del Frente de Todos (FdT), todas sus estrategias en materia judicial, ya sea en sus propias causas o en acuerdos y reformas, terminaron mal. En la rosca por los supremos libertarios, Cristina apostó a una negociación macro que no tuvo destino. Hay algo más interesante: los reproches e imputaciones cruzadas entre los distintos interlocutores del PJ con el Poder Judicial. “El que le vendió a Cristina que puede haber un acuerdo grande con Milei le vendió fruta”, se escuchó en una oficina del búnker de Sergio Massa sobre Avenida Del Libertador. Sobre fin de año, ni Massa, ni Juan Manuel Olmos ni “Wado” De Pedro, usuales enlaces en ese territorio donde se cruzan la política y la Justicia, asumían la tarea de buscar un entendimiento para darle cauce al tema. Entonces apareció Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, y por un rato pareció fluir el asunto. Tampoco. Detrás de esta nota hay mucho trabajo. Hay un periodista que habló con distintas fuentes y chequeó. Hay llamadas telefónicas, traslados y cafés. Hay editores, fotógrafos, diseñadores y comunicadores. En Cenital nuestra fuente de ingresos más importante es el apoyo de nuestros lectores. Por eso, si te gusta lo que hacemos, te pedimos que nos des una mano para poder contar mejor lo que pasa. Sumate a nuestro círculo de Mejores Amigos.Sumate Otros temores El lunes, Cristina entró en alerta. El martes por la noche, con el anuncio de los decretos de Lijo y García-Mansilla, se puso a analizar los textos y a evaluar los próximos pasos. La lectura jurídica de la expresidenta está detrás de la exposición del senador Martín Doñate, quien cuestiona las designaciones por la incorrecta aplicación del artículo 99 de la Constitución Nacional, al invocar el inciso 19 — relacionado con “empleados” — en lugar del inciso 4, que corresponde a magistrados e integrantes del Poder Judicial. Ministro Cúneo Libarona; ya lo creo que la Constitución Nacional es clara en su art. 99. Lo que queda en evidencia es que usted, o no sabe leer o no tiene comprensión de texto. El art. 99 en su inc. 4, REFORMADO POR LA CONSTITUYENTE DEL ’94, establece la forma en que deben ser… — Martin Doñate (@martindonate) February 26, 2025 El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona invocó la lógica que, en su momento, aplicó Mauricio Macri para nombrar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Pero en aquel caso, los decretos contemplaban –la leyenda dice que por sugerencia explícita de Rosatti- la aplicación post designación del decreto 222/2003 firmado por Néstor Kirchner, referido al trámite de designación de los integrantes de la Corte. La paradoja temporal es que Milei nombró dos jueces por decreto el mismo día que el expresidente, promotor de aquel trámite de designación, hubiese cumplido 75 años. La expresidenta, en contacto con otros referentes del PJ, compartió su temor de que, si prosperan las designaciones de Lijo y García-Mansilla, Milei pueda tentarse con hacer otro movimiento tan o más osado: designar por decreto al procurador general. Ese lugar lo ocupa, hace años, por sucesivas vacancias, Eduardo Casal. El año pasado, en pasillos judiciales, se especuló que el presidente quería esa butaca para Sebastián Amerio, viceministro de Justicia, quien en la práctica controla el área. Amerio, que cumplió tareas en la Corte y tenía vínculos con el ex supremo Juan Carlos Maqueda, es amigo íntimo de Santiago Caputo. El plan de CFK consiste, por eso, en voltear en el Senado los pliegos de Lijo y García-Mansilla. No es un operativo sencillo. En estos días, en el PJ ya circulan advertencias sobre el comportamiento de algunos dirigentes. “Si hoy fuésemos al recinto, se caen los pliegos de los dos, pero se ponen a jugar. No sea cosa que aparezca otro Kuider”, dijo a Cenital una fuente del peronismo en referencia al senador de Entre Ríos, ahora detenido en Paraguay, que fue clave para la aprobación de la Ley Bases. El planteo político, con matriz jurídica, de UxP es sencillo y a simple vista eficaz: si a un juez de la Corte se lo designa sólo por decreto, se lo puede sacar también por decreto. Es, según esa lógica, un supremo a tiro de decreto como cualquier funcionario. “Si Milei puso a la hija de Cavallo porque era fan del padre y la sacó cuando Cavallo criticó su plan económico, ¿no puede pasar que saque por decreto a alguno de los jueces que puso en la Corte si hacen lo que no le gusta al gobierno?”, se preguntan en el PJ. Si vale ese fantasma, muy viable frente a un Milei que funciona con lógica de poder brutal, ni Lijo ni García-Mansilla serían jueces con independencia, porque estarían sometidos a un decreto y, por tanto, al no ser independientes, no serían imparciales. Sobre ese argumento, el peronismo se enfocará en activar el trámite para el tratamiento de los pliegos en el recinto, sobre la base de que, si eso ocurre, le bastan 25 votos para impedir que las designaciones sean aprobadas por el Senado. Votos y vetos Frente al rechazo que anticiparon Luis Juez y otros dirigentes del PRO, más la posición del exlibertario Francisco Paoltroni, a quien podría sumarse Bartolomé Abdala –que acaba de renunciar al partido Libertario en San Luis– los números no le darían de ningún modo al gobierno para lograr la aprobación. Ahí aparece otra táctica: el negocio de la Casa Rosada es que los pliegos nunca lleguen al recinto. Algo similar a lo que ocurrió con el DNU 70 en Diputados. Sin tratamiento, las disposiciones del decreto están vigentes. De ahí que el oficialismo busque impedir que los pliegos se traten. El de Lijo tiene las firmas; el de García-Mansilla, no. Quizá, la próxima jugada opositora sea juntar las firmas para el de García-Mansilla, aquel que en su paso por el Senado, ante una pregunta de Anabel Fernández Sagasti, dijo que no aceptaría ser nombrado por decreto. El día que García-Mansilla dijo que no aceptaría ser designado por decreto El juez nombrado en la Corte Suprema por Javier Milei lo había declarado en agosto de 2024 en el Congreso. Por LN+. pic.twitter.com/KjWYDjFg3R — La Nación Más (@lanacionmas) February 25, 2025 La paradoja en torno a los cortesanos de Milei es la confluencia en el rechazo de Cristina y Mauricio Macri. Las razones son diferentes, pero el destino final es el mismo. CFK y el peronismo en general entienden que no hay convivencia o acuerdo posible con La Libertad Avanza (LLA), mientras que el líder del PRO, un socio minoritario y cada vez menos potente, se abraza al rechazo a Lijo casi como último recurso. Bien mirado es insólito: no solo porque el calabrés fue el “inventor” de las designaciones de jueces por decreto, sino por su involucramiento en cuestiones como la “mesa judicial”, que le quitan entidad a las observaciones puristas del expresidente. En medio, Horacio Rosatti, presidente de la Corte, mira y espera. No se lo notó demasiado preocupado por el tema de los pliegos el martes por la noche, aunque sí por la deriva de Boca, el club del que es hincha y que fue a ver en la fase de la Libertadores. De la Corte dependerá, ahora, entre otros temas, si se les toma o no juramento a los supremos decretados. Rosatti, Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se reunirían este jueves para analizar el pedido de la Casa Rosada de tomarle juramento a los decretados el 1 de marzo. A priori, la decisión sería tomarse un tiempo “prudencial” de “análisis de documentos públicos” y tratar el caso (en particular la licencia de Lijo) la semana próxima. Sobre la tesis de que Milei les tome juramento, en Tribunales dicen que esa decisión es del presidente. Invocan un riesgo: que la hipótesis de que haya cortesanos “flojos de papeles” podría poner en riesgo toda la estructura jurídica argentina. Por Pablo Ibáñez-Cenital
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