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» Diario Cordoba
Fecha: 27/02/2025 07:37
El abogado Francisco Estepa, administrador judicial y concursal del Córdoba CF, ha sido este miércoles el primer testigo en declarar durante la primera sesión del juicio a Carlos González, Jesús León e Isabel Madueño, expresidentes del club blanquiverde y expresidenta de su fundación, por la supuesta reforma del chalé del primero por parte de una empresa de Jesús León (Grucal) con fondos del club. "Mi conclusión fue que se había pagado una ciudad deportiva que no se había construido y no se había pagado una casa que sí se había construido", ha afirmado, recordando su trabajo. Estepa, quien llevó las presuntas irregularidades ante la Justicia, ha manifestado que "denuncio porque tengo la responsabilidad de gestionar un patrimonio ajeno". La vista oral está siendo celebrada por la sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba en la Ciudad de la Justicia y ha despertado expectación entre los medios de comunicación. Las sesiones se prolongarán, como mínimo, hasta el próximo 5 de marzo y los tres acusados serán los últimos en declarar ante el tribunal. Informes de la Guardia Civil A preguntas de las partes, Francisco Estepa ha explicado que el dinero, los 1,2 millones de euros que supuestamente se desviaron del club con fines particulares, "no se reclamó dentro del concurso, porque había sospechas de que no se correspondía con la realidad". En el procedimiento penal, se apuntaba que "se había pagado el trabajo, pero no por la ciudad deportiva, sino por una vivienda que no era del Córdoba CF". De hecho, este abogado ha recordado que conoció las supuestas infracciones gracias a unos informes de la Guardia Civil y también mediante el mandato del juzgado de Instrucción número 5, por el que debían informar de la situación de la compañía. Carlos González y Jesús, en el banquillo / Manuel Murillo Le llamó la atención la coincidencia temporal "y casi de los importes" entre los pagos del Córdoba CF y las certificaciones de obra de la vivienda de Carlos González en La Moraleja. También ha apuntado que "se pagaron servicios al estudio de arquitectura que no se prestaron", ya que la ciudad deportiva, según se desprende de la documentación analizada, solo tuvo un anteproyecto técnico. Además, el presupuesto planteado por la constructora superaba en alrededor de un millón de euros la cantidad anunciada por la fundación. Este testigo ha indicado que no existió "ninguna licencia de obra, ni mayor ni menor". "El contrato hablaba de la concesión de los terrenos por el Ayuntamiento, pero quien la solicitó fue la fundación, se le concedió meses después y meses después se revocó", ha recordado. El fiscal concluye, de manera provisional, que los pagos de la reforma de la casa de Carlos González se hicieron con fondos del Córdoba CF entre 2015 y 2016, a través de ocho transferencias del club a Grucal por un valor de 1,2 millones de euros. Estepa ha confirmado que, en su opinión, las transferencias se intentaron enmascarar con facturas por obras de la ciudad deportiva. Sin embargo, "la ciudad deportiva no llegó a construirse y nunca tuvo documentación técnica para que se pudiera construir. Solo había un anteproyecto con partidas de obra en cifras agregadas. Jamás se nos entregó documentación técnica por parte del estudio de arquitectura. En el club no había documentación de si se habían hecho mediciones", ha detallado. Solo el vallado y los carteles En la primera sesión de la vista oral, que celebra la sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba, han declarado como testigos Francisco Estepa, un ingeniero de caminos que trabajaba para Grucal y un auditor que intervino en el concurso del Córdoba CF. Este último ha confirmado que "identificamos operaciones que nos llaman la atención por los importes, la naturaleza y las fechas en las que se producían". En esta línea, durante el interrogatorio a los testigos, el fiscal ha expuesto la existencia de tres contratos, firmados todos el mismo día de octubre de 2014: uno de ellos, para la reforma de la casa de Carlos González; el segundo, para las obras de la vivienda y la ciudad deportiva, esta última por 3,5 millones de euros, y el último, solo para las instalaciones deportivas por 4,1 millones. El ingeniero ha admitido que "lo lógico es que haya un contrato por obra". Según ha detallado, "cuando se tuvo licencia de obra menor, se hizo un vallado y se empezó a limpiar una parte de la parcela. También se pusieron carteles y no recuerdo nada más". Estos trabajos podrían corresponder a una factura de alrededor de 22.000 euros. 900.000 euros para materiales no identificados Por otra parte, durante el juicio se ha aludido a un anticipo de 900.000 euros (sin IVA) para el acopio de materiales destinados a la ciudad deportiva. Al ser preguntado por esta cantidad, el auditor ha destacado que "en el contrato no había mediciones" y ha aclarado que se desconoce a qué se correspondían esas facturas. "Usted no tiene que explicarme nada" La primera sesión del juicio a los expresidentes del Córdoba CF se ha desarrollado en un ambiente de cierta tensión y también de expectación, como se ha indicado. De este modo, el planteamiento de las cuestiones preliminares se ha extendido durante dos horas, con largas exposiciones por parte de las defensas. Los tres abogados de Carlos González, Jesús León e Isabel Madueño han insistido en la supuesta prescripción de los delitos de administración desleal y societario por los que son acusados, así como en una presunta vulneración de derechos fundamentales. La disensión entre las partes ha sido tal que Francisco de Paula Sánchez Zamorano, presidente de la sección tercera y de la Audiencia provincial de Córdoba, ha tenido que rogar silencio, ha solicitado la acotación de las preguntas a los testigos e incluso ha expresado un gesto de desaprobación cuando uno de los abogados ha aludido ("no se imagina usted quién está viviendo allí") al actual morador del que fue chalé de Carlos González, una vivienda que vendió a Vinicius Jr., jugador del Real Madrid. En una de sus respuestas a las cuestiones que se planteaban, Manuel Carlos Jiménez, teniente fiscal en la Fiscalía provincial de Córdoba, ha respondido a la abogada defensora de Jesús León que "usted no tiene que explicarme nada". Así, ha afirmado que "cuado las cartas no son buenas, se intenta, torticeramente, agarrarse a las garantías procesales", y ha añadido que esta abogada "pide quitar pruebas demoledoras y fundamentales", como son una conversación a través de Telegram mantenida por Jesús León y su esposa, y unos correos electrónicos donde "se reconocen los hechos de manera descarada, no interesa a la defensa". 11 años y ocho meses de prisión en total En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público atribuye a Carlos González un presunto delito de administración desleal, por el que solicita que se le impongan tres años de prisión, y otro societario, por el que pide dos años de privación de libertad. En su caso, las multas ascienden a 8.100 euros. Las peticiones de penas más elevadas son para Jesús León, a quien responsabiliza de administración desleal, delito por el que reclama tres años de cárcel, y dos delitos societarios por los que pide un total de tres años y ocho meses de prisión. Si finalmente fuese condenado, tendría que abonar multas por 12.150 euros. Por último, atribuye a Isabel Madueño un presunto delito societario, por el que reclama que se le impongan un año y ocho meses de prisión, y una multa de 4.050 euros. Suscríbete para seguir leyendo
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